MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA ANDALUZA Y CONTRA LAS POLÍTICAS DE PRIVATIZACIÓN. Adhesiones individuales.
La educación pública en nuestra comunidad viene sufriendo un deterioro y desmantelamiento significativos, al igual que el resto de servicios públicos, como consecuencia de unas políticas de privatización y liberalización que el gobierno de Andalucía está implementando y que, en el último curso ha decidido acelerar.
Sin ir más lejos, en el actual periodo de escolarización se está produciendo, nuevamente, una planificación educativa basada en la supresión constante de plazas públicas. El número de plazas públicas ofertadas ha sufrido un descenso superior a 4000 plazas respecto al curso anterior, lo que se traducirá en un importante recorte de aulas públicas que pasará a engrosar la alarmante lista de más de 2000 unidades suprimidas en los últimos años tan solo en segundo ciclo de educación infantil y primaria, supresiones que, por el contrario, no se producen en los centros privados subvencionados con fondos públicos, dejando recaer el peso del descenso de la natalidad tan solo sobre las espaldas de la red pública que progresivamente va perdiendo peso dentro del sistema educativo andaluz.
A lo anterior hay que añadir las políticas decididas de privatización que el gobierno de Andalucía está desplegando. En sendos acuerdos de gobierno entre PP y Cs y entre PP y VOX se puede leer claramente como es un objetivo político de este gobierno profundizar en las políticas de privatización a través de la subvención con fondos públicos de centros privados, concertando con ellos determinadas enseñanzas. Estos acuerdos se han materializado tanto en el nuevo decreto de admisión, que provocó una huelga convocada por el conjunto de la comunidad educativa de la escuela pública, en la nueva orden de conciertos educativos así como en los acuerdos presupuestarios, firmados entre las tres formaciones políticas que sustentan el gobierno, donde ya se contemplan partidas presupuestarias para la extensión de la privatización en etapas postobligatorias.
A estas políticas descritas se suman todo un sin fin de despropósitos por parte de la administración educativa que deterioran el estado de la educación pública. Desde los recortes de recursos y profesionales de la escuela rural, que provocó una fuerte y digna respuesta, pasando por el mantenimiento año tras año de ratios ilegales en nuestras aulas, y sin olvidar la deficiente gestión en todo lo relacionado con la pandemia, poniendo a directivas, trabajadores y trabajadoras, familias y alumnado contra las cuerdas; la escuela pública andaluza asiste constantemente al desprecio de los poderes públicos que, lejos de protegerla como garantía del derecho a la educación para todos y todas en condiciones de igualdad y equidad, insisten en su deterioro para mayor gloria de sus políticas privatizadoras.
Por si todo esto fuese poco, la extrema derecha marca la agenda educativa, ajena a los verdaderos problemas de la educación pública. Nos produce extrañeza y estupor asistir a un nuevo episodio que pone de manifiesto el poco respeto hacia la labor educativa: El acuerdo firmado entre el Consejero de Educación y el portavoz parlamentario de VOX constituye un repugnante cambio de cromos en el que, a cambio del apoyo de la ultraderecha al nuevo Decreto de escolarización, se le ofrece a la formación de extrema derecha lo que interpreta como un principio de acuerdo para la implantación del veto parental. Ante esta situación, queremos recordar que en los centros escolares públicos no se imparten contenidos ilegales ni que atenten contras los derechos de los menores. Ni la escuela pública andaluza ni su profesorado, pues todo esto constituye un ataque contra ambos, puede volver a ser colocado por los mismos poderes públicos bajo el foco de la sospecha. A todo ello hay que sumar, profundizando en el repliegue conservador de este gobierno, que los cambios curriculares introducidos en primaria, en beneficio de la religión respecto al segundo idioma, a las puertas como estábamos de una reforma de la Ley Orgánica educativa (LOMLOE, con la que el gobierno andaluz ha confrontado a menudo pese a su carácter moderado), denotan no tanto la nula intención política de impulsar el carácter laico del espacio escolar, sino la escasa capacidad siquiera de resistirse mínimamente a los intereses y presiones episcopales.
Por todo ello, reclamamos y exigimos que se abandonen las políticas de privatización y desmantelamiento de la educación pública y reivindicamos que:
– No se suprima ni una sola unidad pública más.
– Que se derogue de inmediato el decreto de admisión al entender que este supone un ataque frontal contra la educación pública en beneficio de la privada–concertada.
– Que se declaren nulos todos los acuerdos de gobierno y presupuestarios encaminados a extender los conciertos educativos a las etapas postobligatorias, abandonando así las políticas de privatización.
– Que se apueste decididamente por una educación inclusiva para el alumnado NEAE, dotando de los recursos necesarios a los centros públicos.
– Cese en la extensión de los conciertos a las enseñanzas postobligatorias y aumento tanto de la cantidad como de la calidad de la oferta pública en la Formación Profesional, en lugar de apostar por la privatización de estas enseñanzas como respuesta a la escasez de oferta.
– Descenso generalizado de la ratio máxima legal, abandonando de una vez por todas la política de ratios ilegales.
Los colectivos y organizaciones abajo firmantes reclamamos, por tanto, el derecho a una educación pública de calidad e inclusiva, en la que toda todas las personas tengan oportunidades para aprender en igualdad de condiciones sin discriminación ni segregación y, en consecuencia, exigimos al gobierno andaluz que articule las políticas necesarias para que ello sea posible, abandonando las actuales políticas que caminan en sentido contrario. Igualmente, animamos al conjunto de la comunidad educativa a que defienda la escuela pública como única capaz de garantizar este derecho.
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