La cobertura de la seguridad social en el sector público y privado
La seguridad social es un sistema de apoyo público destinado a garantizar que los miembros de una sociedad puedan satisfacer necesidades básicas como la alimentación o la vivienda. Se trata, a la vez, de un derecho que responde a la necesidad universal de protección contra los riesgos y privaciones económicas y sociales que pueden limitar los ingresos de una persona. De esta forma, la seguridad social hace posible que la ciudadanía pueda recibir atención médica sin la necesidad de afrontar costes difíciles de asumir de manera individual, especialmente en caso de enfermedad, desempleo, invalidez o maternidad, así como durante la jubilación y la vejez.
En general, pueden diferenciarse dos tipos de ayudas públicas dentro de la seguridad social: aquellos programas de seguros de salud o de pensiones destinados únicamente a los trabajadores que han financiado el sistema a través de impuestos y, en un sentido más amplio, los servicios sociales gratuitos o subsidiados que sustentan el Estado del bienestar como la sanidad, la educación o la vivienda. En cualquier caso, la seguridad social supone una inversión crucial en las condiciones de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto, en tanto que refuerza la cohesión social y la inclusión de los colectivos más vulnerables. Además, según la Organización Internacional del Trabajo, aumenta la productividad laboral, la empleabilidad y el desarrollo económico, ya que ayuda a mantener una mano de obra estable que puede adaptarse a los cambios.
Sin embargo, tal y como muestran los datos del Banco Mundial de 2017, la seguridad social cuenta con una mayor cobertura en el sector público en comparación con el privado, sobre todo en América Latina. Así, si en España el porcentaje de trabajadores públicos y privados con seguridad social es muy parecido (97% y 95%, respectivamente), en Costa Rica la diferencia es de 16 puntos porcentuales y en Argentina de 33. De hecho, en los países en desarrollo, los beneficios incluidos en el sistema de seguridad social excluyen a la mayoría de trabajadores como consecuencia de la importancia de la economía sumergida y la falta de recursos del Estado. En ese contexto, en lugar de seguridad social se suele emplear el término de protección social, el cual hace referencia a un conjunto de medidas más amplias, como la intervención del mercado laboral o programas orientados a comunidades locales para aliviar la pobreza.
En cuanto al resto de países incluidos en el estudio del Banco Mundial, Francia destaca por tener muchos más trabajadores privados que públicos incluidos en la seguridad social: 93% frente a un 35%. La razón es que el Estado francés cuenta con lo que se conoce como regímenes especiales para ciertos grupos de empleados públicos, como aquellos contratados por una empresa pública, los militares o los policías; ventajas y prestaciones sociales que funcionan al margen de la seguridad social. Estos planes también contemplan la jubilación anticipada con beneficios completos de los trabajadores, lo que acarrea un elevado coste y ha provocado también numerosas polémicas. De hecho, son varios los Gobiernos que han intentado reformar los regímenes especiales, pero no fue hasta 2007, tras varios fracasos y sendas huelgas generales, que el Ejecutivo de François Fillon consiguió hacerlo.
EL ORDEN MUNDIAL
FOTO: COMUN IDAD DE MADRID