La agricultura intensiva asfixia el mar Menor ante la pasividad oficial

¿Por qué no se ha actuado antes? ¿Dónde estaban el Gobierno regional y el Estado? Son preguntas que los ciudadanos de los municipios que baña el mar Menor se plantean desde que la laguna salada lanzó el primer grito pidiendo auxilio hace ya cinco años, en 2016, cuando su legendaria transparencia se transformó en un líquido verde. A partir de ese momento, no ha habido tregua y las crisis se han sucedido: en 2019, se retiraron tres toneladas de peces asfixiados en las playas y entre esta semana y la pasada se han recogido entre cuatro y cinco toneladas de ejemplares muertos también por la falta de oxígeno. Pero los vecinos continúan sin atisbar la solución, y muchos han dejado de bañarse en los arenales de lo que antes se consideraba un paraíso. Ni siquiera las diversas figuras de protección internacionales, nacionales y autonómicas que deberían haber blindado al mar Menor han servido de nada.

La causa de este proceso destructivo está identificada: la gran cantidad de nutrientes (nitratos y también fosfatos y amonio) que llega a la laguna salada de 170 kilómetros cuadrados, sobre todo procedentes de los abonos utilizados en la actividad agraria de la cuenca que vierte al mar Menor. Es como si se fertilizara también la masa de agua: los nitratos favorecen el crecimiento del fitoplancton (microorganismos), que tanto al proliferar como al pudrirse cuando mueren consumen el oxígeno del agua. Además, esta sopa verde provoca que la luz no llegue al fondo marino, por lo que no hay fotosíntesis que regenere ese gas vital. El resultado es que los peces se asfixian. Al mismo tiempo, existen vertidos de aguas residuales urbanas puntuales cuando llueve con intensidad. Pedro García, presidente de la asociación conservacionista Anse, que denuncia el mal estado de la laguna desde hace décadas, explica que “al no tener separadas las aguas negras de las de lluvia, el alcantarillado y las depuradoras colapsan y las aguas salen sin limpiar hacia el mar Menor”. Es un problema con menor peso que la agricultura en el desastre ambiental, pero que también es imprescindible solucionar.

Con el origen del problema acotado, a los ciudadanos les es todavía más complicado entender por qué no se soluciona. María Victoria Margado, madrileña que veranea en la zona desde hace 30 años con su familia, resume la sensación de abandono de los ciudadanos: “Que limpien el agua, que hagan algo”. En su voz y gesto se percibe la impotencia de haber sido testigo de “la degradación total de la laguna”, una situación que se veía venir y a la que no se ha puesto freno y “cada vez es peor”.

Una anguila muerta en una de las playas del Mar Menor, este martes. En vídeo, la bolsa anóxica que está matando a los peces del Mar Menor. FOTO: PEDRO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ / VÍDEO: GOBIERNO DE MURCIA

Esta semana, cuando el desastre ha emergido de nuevo en forma de toneladas de peces muertos y de indignación ciudadana, los políticos han entrado en escena. Primero con acusaciones mutuas de inacción entre el ministerio y la comunidad para centrarse después en el debate técnico y en acercar posturas. Pero durante mucho tiempo, asegura García, “se ha mirado para otro lado desde las Administraciones públicas”. Ahora, la comunidad se ha comprometido a agilizar los trámites para acabar con las explotaciones ilegales y el ministerio ofrece involucrarse a fondo en lo que considera “una emergencia nacional”, pero queda todo un camino por recorrer para decidir cuestiones vitales como, por ejemplo, la forma de controlar el vertido diario de millones de litros de agua cargados de nitratos o si se retiran los sedimentos que colmatan uno de los canales de conexión con el Mediterráneo.

Para salvar la laguna, asociaciones ciudadanas, ecologistas y científicos piden atajar el desastre en su origen. Se centran en acabar con el regadío ilegal, limitar y controlar el uso de fertilizantes, crear una red de filtros verdes (humedales con plantas), plantar setos que hagan de barrera durante las lluvias y que capten nutrientes del suelo o recuperar ramblas que están ocupadas por cultivos y carreteras. El presidente de Anse aclara que “estas no van a solucionar la situación a corto plazo, porque necesitan un tiempo para que surtan efecto”. Por ello, no descarta actuaciones de emergencia como construir alguna infraestructura de desnitrificación.