Baltasar Garzón: “Lo que ha hecho el juez con Juana Rivas es una aberración”

Recientemente saldó la pena de 11 años de inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo y en enero se cumplen los 180 días que el Comité de Derechos Humanos de la ONU dio a España para ofrecer una “reparación integral” a Baltasar Garzón (Torres, Jaén, 66 años) por lo que considera una condena “arbitraria”. El exjuez de la Audiencia Nacional espera que borren sus antecedentes penales y le repongan en su puesto, aunque no ha decidido si volverá a ejercer la judicatura. Tras la condena, abrió un despacho de abogados, creó una fundación, y ha escrito varios libros. En el último, La encrucijada (Ediciones Carena) dice “todo” lo que piensa. “Antes, como juez, no podía”.

Pregunta. Cuenta en el libro que tuvo miedo a morir de coronavirus.

Respuesta. Me infecté en la primera oleada, cuando no se sabía nada del virus y nos trataban con lo que se les ocurría. Y en algún momento tuve la sensación de que todo acababa ahí. Al recuperarme me enseñaron una radiografía de los pulmones y no se veían, eran una nube blanca. Me sigo medicando por las secuelas: tengo una neuralgia en la cara, tos recurrente, no puedo correr ni subir cuestas y aún no he recuperado del todo el olfato. Pero lo estoy contando y mucha gente por desgracia no puede.

P. ¿Ha rechazado a algún cliente por razones éticas? ¿Le plantea algún problema que su despacho asista a personas que obstaculizaron la investigación de Gürtel?

R. Yo no llevo casos aquí. He centrado mi trabajo fuera de España, no hay confrontación de intereses. En mi despacho hay otros abogados que llevan otros casos. Sí hemos rechazado los temas relacionados con terrorismo o narcotráfico.

P. Se opone a la extradición de Julian Assange, uno de sus clientes. ¿No se fía de la justicia estadounidense?

R. Hay un procedimiento abierto en la Audiencia Nacional porque yo, otros abogados y personas de su entorno fuimos grabados por orden de la CIA. Esas barbaridades demuestran que su persecución es absolutamente política por lo que publicó a través de Wikileaks. Reclamo que no se entregue a EE UU porque no cumplirá nada de lo que está prometiendo, como suele suceder en estos casos.

P. En su libro asegura que la justicia en España “ha renunciado a ser independiente” y “se somete de forma grosera al poder”. ¿En qué casos está pensando?

R. En los grandes tribunales, el Supremo, el Constitucional… hay casos instrumentales. En el procés creo que no hubo ni rebelión ni sedición. Hay partidos que acuden de forma sistemática a la justicia, instrumentalizándola de forma grosera con querellas absurdas que solo buscan generar un debate político viciado. Eso es degradar a la justicia y la justicia no debería dar espacio a ese tipo de comportamientos porque en algunos casos lo que hace es someterse a esos intereses.

P. “La justicia es igual para todos”, dijo Juan Carlos I en 2011. Visto lo visto, ¿eso sigue en pie?

R. La Constitución dice que el Rey es inviolable. Pienso que eso no debe entenderse de esta forma tan absoluta. Debe ser inviolable en el ejercicio de las funciones de su cargo, pero para nada, y así es en otros países, cuando se trate de hechos presuntamente delictivos que afecten a su esfera personal: blanquear dinero o no declarar a Hacienda no está en el ejercicio de su cargo.

P. La decisión del juez de impedir que Juana Rivas salga en libertad tras el indulto del Gobierno ha sido muy polémica. ¿Qué le parece?

R. Este juez ha cometido una aberración jurídica. Hace una valoración sobre algo sobreseído que no es como relata y lo utiliza en perjuicio no solo de la madre sino del niño. Me parece una brutalidad que debería corregirse inmediatamente. Debería ser objeto de atención inmediata por parte del CGPJ, que no puede interferir en la decisión jurisdiccional, pero sí pedirle explicaciones por las barbaridades que dice en redes sociales criticando el feminismo y mostrando su animadversión.

P. Como exjuez de la Audiencia Nacional, ¿qué opina en general de la figura del indulto? ¿Debe limitarse?

R. Los jueces tienen la obligación de investigar y juzgar. El indulto se desarrolla en una esfera diferente, la política. Quizá la ley es demasiado antigua y puede actualizarse, pero el trabajo del juez termina con la sentencia. El Gobierno puede decidir un indulto y si fuera una decisión arbitraria, la sala III del Supremo la anularía, pero no es una batalla de la jurisdicción que estableció la condena. Yo no me tengo que molestar si pongo una condena y el Gobierno indulta. Es una decisión política, como cuando te deniegan una extradición.

P. ¿Entendió los indultos a los condenados del procés?

R. Sí. Durante la instrucción, el PP, Vox y Cs ya decían: ‘que no se atreva el Gobierno a indultarlos’. Estaban presionando al tribunal antes del juicio y eso es inaceptable. Creo que el Gobierno actuó racionalmente: no hubo arbitrariedad, hubo un indulto parcial y se cumplieron las normas. Además concurrían unos requisitos de índole social y política que creo que debían de tenerse en cuenta en esa fase.

“El cordón sanitario lo da la ley de partidos. Habría que ver si conductas de Vox son delitos de odio”

P. No le gusta el sistema de elección en los órganos judiciales, pero tampoco es partidario de que elijan las asociaciones. ¿Qué método cree que sería mejor?

R. Es falso que el hecho de que los jueces elijan al CGPJ genere más independencia. Pasaríamos de un supuesto control político al real control corporativo de las asociaciones judiciales y ese control no respondería a la realidad social. En España no hay una mayoría conservadora de electores, tenemos un Gobierno de coalición progresista, sin embargo en la justicia el componente conservador es abrumadoramente mayor, por tanto una elección corporativa simple llevaría a una dirección conservadora de la justicia y eso es peligrosísimo en los tiempos en que vivimos, cuando la protección de los derechos humanos y el medio ambiente exigen una visión progresista del derecho. Me da igual que los jueces sean de derechas o de izquierdas, pero la interpretación del derecho en esas materias no puede ser retrógrada. La elección parlamentaria es mejor, pero hay que introducir correcciones porque ahora es un sistema de cuotas entre dos partidos. Los ciudadanos tienen que poder ver que quienes van son realmente los mejores y a partir de ese momento si no son independientes es porque no quieren serlo.

P. ¿Cree que perfiles como el de Enrique Arnaldo, vinculados a un partido, deberían quedar excluidos de determinados cargos?

R. El PP se ha desgañitado diciendo que no quiere politizar los nombramientos, pero los dos que ha hecho van en ese sentido. Arnaldo ha tenido una vinculación muy estrecha con estructuras del PP y Concepción Espejel fue recusada en el caso Gürtel por su vinculación con el PP.

P. Si a usted le hubiesen propuesto para un cargo de ese tipo ¿debería haber sido excluido por su vínculo con el PSOE?

R. Mi vínculo fue muchos años atrás, dentro de la normativa. Lo que habría que ver es la trayectoria entonces, durante y después. Estuve 11 meses, fui diputado y secretario de Estado del Plan Nacional sobre Drogas, un puesto más técnico. Yo no neutralizo a Arnaldo porque haya ejercido de abogado, sino por la secuencia de hechos a lo largo de muchos años: tiene una vinculación absolutamente estrecha con el PP. El Consejo no tiene funciones jurisdiccionales, es diferente al Tribunal Constitucional, que puede anular leyes y sentencias.

«Salvo excepcionales circunstancias, no creo que los partidos tengan que participar en la acusación popular»

P. Fue juez instructor, pero ahora plantea que esa tarea pase a la Fiscalía. ¿Por qué?

R. Muchos países tienen ya ese sistema. Creo que ya es tiempo de que el juez de instrucción dé paso al fiscal, que tendría que dotarse de más independencia y recursos. Así, el juez sería un juez de garantías. Ahora es difícil que un juez de instrucción reconozca que se ha equivocado, da una patada hacia adelante y piensa: ‘ya resolverá la sala de apelación’, pero la sala tampoco quiere meterse porque piensa que el que controla la instrucción es el juez. Si eso se cambia, se produciría menos daño. Creo que sería mucho más garantista que la instrucción la hiciera el fiscal y el juez fuera un control de garantías.

P. ¿Prohibiría a partidos políticos ejercer la acusación popular?

R. La acusación popular tiene rango constitucional y ha rendido grandes servicios a la justicia española. Por ejemplo, en los GAL o en los casos de justicia universal. Es necesaria, pero tiene que haber limitaciones. No se puede utilizar como un mecanismo de presión, de auténtica guerra jurídica contra partidos o contra el Gobierno. La extrema derecha, a la que se suma en muchos casos el PP, se querella contra todo por decisiones estrictamente políticas. La justicia debería ser mucho más contundente y salvo excepcionales circunstancias no creo que los partidos tengan que participar en la acusación popular.

P. “La peste está aquí, pero no la del coronavirus, sino la del fascismo, que es la que me preocupa”, dice en el libro. ¿Es partidario de cordones sanitarios?

R. Soy partidario de cordones sanitarios contra todos los que actúen en contra de los derechos ganados y de la igualdad. Un partido xenófobo con medidas como las que tiene Vox en su programa sería impensable en determinadas democracias europeas. Yo no soy partidario de prohibir la expresión de las ideologías, pero si se comprobara que es una estructura de comisión de hechos delictivos tendríamos que hablar de la ley de partidos. Yo suspendí actividades de partidos abertzales del entorno de ETA porque había argumentos para establecer que formaban parte del complejo terrorista. El cordón sanitario lo da la ley y no hay que ser débiles a la hora de aplicarla.

P. ¿Cree que Vox incumple hoy la ley de partidos?

R. Habría que analizar qué está haciendo Vox aparte de insultar y aprovechar las instituciones para atacar a particulares. Habría que ver si determinadas conductas entran dentro de los delitos de odio, la discriminación… y si se establece que es así, habría que tomar una decisión. Nadie está por encima de la ley, tampoco Vox.

«Es absurdo decir que Bildu es ETA»

P. ¿Bildu es ETA, como sostiene a diario la derecha?

R. No. Es absurdo. Bildu no ha sido ilegalizada. La Constitución española no es una Constitución militante, como la alemana, por ejemplo. Aquí puedes decir que eres republicano o no estar de acuerdo con la división territorial del Estado y no pasa nada. No hay que estancarse en ese debate como si ETA estuviera todavía pegando tiros. Dicho eso, ETA tiene que responder de los crímenes que siguen impunes y quizá lo que habría que hacer es buscar las fórmulas de justicia restaurativa para que se establezca la verdad. No basta con pedir perdón.

P. “La izquierda se ha mirado demasiado el ombligo”. Es partidario de una “convergencia”. ¿Cómo, entre quiénes?

R. La izquierda ha perdido mucho el tiempo discutiendo quién ostentaba el poder dentro de la propia izquierda y con una especie de repelente mutuo entre formaciones que tenían programas que no diferían tanto entre sí. La derecha y extrema derecha cuando se tengan que asociar lo harán sin dificultad. La repetición de elecciones hizo que Vox pasara de 24 a 52 escaños. Después la izquierda se unió a la fuerza y esa unión está funcionando. Yo abogo por un progresismo humanista, por la transversalidad.

P. ERC es muy crítica con el proyecto de ley de memoria democrática. ¿Le entristecería que no saliera adelante?

R. ERC está haciendo una gran labor en ese ámbito y propone cosas que creo que se están incluyendo en la ley, pero no podemos anquilosarnos con el tema de la amnistía. Esa ley, bajo ningún estándar internacional puede aplicarse a crímenes de lesa humanidad.

P. ¿Volvería a la política si se lo ofrecieran?

R. No. Ya se me pasó el tiempo de esto.