Al rescate de la salud mental

Poder pagarse una terapia es un nuevo factor de desigualdad porque la Sanidad Pública no dispone de recursos para atender la altísima demanda social

La carga sobrevenida de angustia y aislamiento de la pandemia ha tenido un fuerte impacto sobre la salud mental de la población y ha hecho aflorar una inesperada vulnerabilidad. Un 6,4% de la población ha tenido que pedir ayuda médica por crisis de angustia y otros trastornos desencadenados por una situación de desbordamiento emocional, incluidos muchos profesionales sanitarios. El impacto de la pandemia ha afectado a todos, pero no lo ha hecho con la misma intensidad. Las personas de rentas más bajas, las mujeres y los jóvenes lo han sufrido con una incidencia más grave. El 22% de las mujeres han sufrido ataques de pánico o ansiedad, según el CIS, y probablemente ese porcentaje se explica por la carga emocional implícita en su rol de cuidadoras. Y que 8 de cada 10 personas con problemas mentales no tengan empleo es un indicador descarnado de que los factores socioeconómicos hacen que las causas y los efectos se confundan en un bucle infinito de estigma y exclusión.

En realidad, la pandemia ha evidenciado e intensificado una tendencia previa, estructural, que ya apuntaba a un fuerte incremento de los trastornos mentales, que en 2030 serán, según la OMS, la principal causa de discapacidad. Una realidad que ha recaído sobre los hombros de las familias que han tenido que asumir cuidados que necesitan de especialistas.

Un modelo social con crecientes desigualdades, que sacraliza el rendimiento y estimula la competitividad extrema lleva a un incremento de la patología mental mientras la tasa de suicidio ha crecido también (uno cada dos horas).

Es evidente que el sistema de salud pública no está preparado para afrontar ese crecimiento. Las razones no son solo económicas, sino también culturales ante la desconfianza o la incredulidad que suscitan patologías sin una lesión orgánica evidente o de etiología compleja y a la vez imprecisa. La red pública de salud mental está desbordada. En España apenas recibe el 4% del presupuesto sanitario cuando la media de la UE es del 5,5%. Las asociaciones profesionales estiman que la red pública necesitaría 1.500 psiquiatras y 6.000 psicólogos clínicos más para poder atender la demanda. Hoy ya la posibilidad o no de acudir a terapia se erige en un nuevo factor de desigualdad porque solo quien puede pagárselo dispone de un profesional en el momento y durante el tiempo que precisa el tratamiento. El actual Ejecutivo ha tomado conciencia del problema y está dispuesto a aportar 100 millones de euros de aquí al 2024. Serán insuficientes porque las necesidades son mayores y, aun así, posiblemente el dinero no sea la única herramienta que necesita una sociedad para hacerse cargo de la pluralidad ingobernable de causas que generan daños a la salud mental.

El País