La sanidad pública no da abasto: faltan profesionales para frenar la crisis de salud mental
Las autonomías despliegan planes de choque o programas específicos para responder al impacto provocado por la covid: la atención primaria está saturada, urgen más especialistas y más camas para la población infantojuvenil.
La sanidad pública no da abasto para atender los problemas de salud mental. La demanda crece y faltan manos, insisten las voces consultadas. Si bien los trastornos graves, como un brote psicótico, una depresión mayor o una tentativa de suicidio, sí tienen acceso preferente en el circuito asistencial, hay todo un entramado de malestar emocional, sintomatología psiquiátrica leve y trastornos menores que se quedan en una especie de limbo asistencial, aguardando en una lista de espera de semanas o meses hasta que son atendidos. O hasta que desisten y se van a la red privada en busca de una solución a su malestar. La atención primaria, puerta de entrada al sistema sanitario y encargada de derivar, si acaso, los pacientes más graves a los servicios especializados, está saturada, con agendas interminables y pocos minutos de visita por paciente. En la red especializada, los recursos son limitados y tampoco llegan a responder a toda la demanda. En España, solo hay seis psicólogos por 100.000 habitantes dentro del Sistema Nacional de Salud, tres veces menos que la media europea.
Marina Díaz, vicepresidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, asegura que la pandemia no ha hecho más que agudizar las carencias y la precariedad: “En atención primaria están absolutamente atascados y esto causa un retraso” en las derivaciones. Urgen camas para la población infantojuvenil y que los psiquiatras y los psicólogos puedan hacer tratamientos psicoterapéuticos y eso implica más profesionales para disponer de más tiempo”. Sin recursos suficientes, se retrasa la atención, lo que provoca que los pacientes lleguen con cuadros muy agudizados y pronósticos más complejos.
Todos los expertos insisten en la falta de recursos humanos y Díaz asegura que revertir esta situación es clave para mejorar la atención a la salud mental: “Con igualar la media europea de número de psiquiatras, de camas psiquiátricas y de psicólogos clínicos sería suficiente”, resuelve. En España había en 2018, según Eurostat, menos de 40 camas hospitalarias de psiquiatría por 100.000 habitantes, mientras que en Noruega eran más de 100 y en Bélgica o Alemania estaban por encima de 125. “Es indignante”, protesta Antoni Ramos-Quiroga, jefe de Psiquiatría del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona: “Mueren casi 4.000 personas al año por suicidio y nada cambia. Sin recursos humanos suficientes, no hay nada que hacer. Esa es la base. En España se está reivindicando poder tener 18 psiquiatras por 100.000 porque ni a eso llegamos ahora mismo”.
Las propias administraciones admiten la falta de profesionales. No hay donde encontrarlos. El País Vasco reconoce que está teniendo “problemas” para la contratación de especialistas en psiquiatría infantil y el consejero de Salud catalán, Josep Maria Argimon, advirtió el viernes, durante la presentación de un dispositivo de atención a la alta complejidad en salud mental, que no hay efectivos suficientes “y falta hacer una planificación de recursos humanos”. El Ministerio no concreta cuántas plazas saldrán para esa nueva especialidad recién creada. Pilar Aparicio, directora general de Salud Pública, señala que habrá “un incremento gradual, pero esto requiere un proceso de acreditación de plazas”, una operativa que ya se ha agilizado, asegura.
El Gobierno de España ha prometido una inyección de 100 millones de euros hasta 2024 para un plan de acción en salud mental —30 de ellos están consignados en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022—, aunque el sector califica esta partida de insuficiente. Aparicio matiza que este montante servirá “de palanca” para que echen a andar nuevas medidas que, necesariamente, tendrán que ir acompañadas de presupuesto e infraestructuras de las autonomías, que son las que tienen transferidas las competencias en materia sanitaria.
Los expertos reclaman especialistas en salud mental en todo el sistema sanitario, desde la puerta de entrada hasta el eslabón más especializado de la cadena asistencial. Ramos-Quiroga pone de ejemplo Alemania o Suecia, donde combinan programas hiperespecializados y abordajes comunitarios y con salud digital: “Hay programas de alta experiencia en primeros episodios psicóticos, de bipolares, depresión resistente, autismo o TDAH, que atienden casos complejos y asesoran a los recursos comunitarios”. Nel González, presidente de la Confederación de Salud Mental España, avisa también de la urgencia de dotar “adecuadamente” la atención primaria: “Hacen falta personas que den psicoterapia, que es lo que se necesita para que esos trastornos, aparentemente menores, no se agraven”, señala.
Precisamente, la pandemia ha precipitado que el Govern catalán, que ya ha anunciado una inyección de 48 millones para salud mental en el proyecto de Presupuestos autonómicos de 2022, haya puesto en marcha un programa de bienestar emocional para prevenir los síntomas desde el entorno comunitario. El Ejecutivo catalán contratará a 250 profesionales —psicólogos, educadores sociales, enfermeras especializadas— entre este año y el que viene para que cada equipo de atención primaria tenga su referente de bienestar emocional. Aina Plaza, directora general de Planificación en Salud del Govern, señala que este programa servirá para “prevenir”, despatologizar “y desmedicalizar” el malestar emocional.
Algunas comunidades ha desplegado planes de choque y la Generalitat valenciana, por ejemplo, ha consignado casi 116 millones de euros para paliar los efectos de la pandemia en la salud mental: son cerca de 19 millones de euros más que en 2021, casi un 20% más de presupuesto, y está prevista la contratación de 250 nuevos profesionales sanitarios para reforzar las unidades de salud mental y ofrecer apoyo desde la atención primaria. Andalucía, por su parte, ha puesto en marcha 40 equipos denominados de “tratamiento intensivo comunitario” —sobre todo para los trastornos mentales graves y psicosis complejas— y ha incorporado a 26 psicólogos clínicos para los problemas mentales moderados en la atención primaria que ayudarán a aminorar la lista de espera de los pacientes que pasan al especialista.
Prevención del suicidio
Otro de los focos clave para atajar la mala salud mental es la prevención del suicidio. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), 3.941 personas han fallecido por esta causa en 2020, un 7,4% más que en 2019. Un informe de la OCDE de 2020 avisa de que, si bien las tasas de suicidio han disminuido en casi todos los países de la Unión Europea —cayeron un 50% entre 2000 y 2017—, sin tratamiento y apoyo, los problemas de salud mental “pueden tener un efecto devastador” en la vida de las personas y aumentar las muertes por suicidio. El INE señala que los enfoques efectivos para reducir los decesos por esta causa pasan, entre otras medidas, por un buen acceso a los servicios de salud mental, formación a sanitarios y líderes comunitarios en prevención del suicidio, reducir el acceso a medios letales (armas o medicamentos, por ejemplo) y campañas de sensibilización contra el estigma.
En los Países Bajos, por ejemplo, la Agenda Nacional para la Prevención del Suicidio 2018-2021 incluye la capacitación en prevención del suicidio para médicos generales y enfermeras de hospitales, mejorar la atención posterior a una tentativa de suicidio y formación para personas en contacto con grupos de alto riesgo (por ejemplo, la policía, agencias que asisten a personas con deudas o trabajadores que atienden a gente en paro). Suiza, donde la tasa de suicidios bajó un 64% desde el año 2000, tiene un plan de acción específico que se centra en brindar un acceso rápido a apoyo para la salud mental, reducir el estigma en torno al suicidio y crear conciencia sobre sus riesgos.
En España, el Gobierno ha anunciado la puesta en marcha el próximo año de un teléfono de prevención del suicidio, un dispositivo similar al que ya hay para violencia machista (016). Los expertos celebran esta medida que se centra en crear un vínculo con alguien, aunque sea telefónico, que pueda contener una tentativa. De hecho, tiene antecedentes de éxito: La estrategia contra el suicidio de Finlandia, que ha reducido un 50% los índices en los últimos 30 años (14,2 casos por 100.000 en 2018, según la OCDE) y también contaba con líneas telefónicas de crisis para las personas que tienen pensamientos suicidas. El Ayuntamiento de Barcelona, que puso en marcha este servicio el año pasado, había recibido a 7 de noviembre, 4.206 llamadas, la mayoría de Cataluña y una cuarta parte del resto de España. De todas las llamadas, 119 eran suicidios inminentes o en curso. “Se tiene constancia de 39 rescates”, concreta un portavoz del Consistorio.
La prevención del suicidio ha provocado otras acciones en distintas comunidades: Cataluña, por ejemplo, ha anunciado que reforzará su Código Riesgo Suicidio [el circuito catalán de atención a tentativas autolíticas] y Baleares ha desplegado un servicio de coordinación entre Salud Mental, Atención Primaria y la Consellería de Educación para supervisar los casos complejos de salud mental o asociados a conductas suicidas en entornos escolares. Madrid, por su parte, está elaborando un plan de prevención y ha desplegado, además, un plan específico postcrisis covid, dotado de 3,5 millones anueales, en el que ha incorporado ya a más de 62 profesionales y ha atendido a 10.000 personas.
Otra de las grandes demandas del sector es la necesidad de recursos asistenciales, tanto camas de hospitalización como plazas en hospitales de día. Marina Díaz, que trabaja en el Hospital Clínico San Carlos, urge a combatir las listas de espera: “Por trastorno de la conducta alimentaria tenemos ocho personas en lista de espera. Eso significa que hasta dentro de un año no entrarán en el hospital de día. El tratamiento precoz es fundamental porque evitas romper biografías”, manifiesta. Madrid, por ejemplo, ha abierto una nueva unidad de Hospitalización de Psiquiatría Infanto-Juvenil en el Hospital 12 de Octubre y Castilla-La Mancha también ha aumentado plazas de hospitalización de psiquiatría.
Además, los especialistas en la materia defienden la necesidad de reforzar la educación emocional desde edades tempranas. Esto es, que los niños entiendan desde pequeños lo que es la salud mental y cómo gestionar de forma sana sus emociones. La OCDE apuntaba en un informe de 2015 que “invertir en una buena salud mental para los niños en edad escolar puede reducir el riesgo de que abandonen la escuela o tengan una transición difícil al trabajo”. Un estudio reveló, de hecho, que los beneficios a largo plazo incluyen un mejor rendimiento académico, una mayor resiliencia y mejores habilidades cognitivas.
Ya hay estrategias en marcha en Europa, como el programa Zippy’s Friends, que ayuda a los niños pequeños a desarrollar habilidades sociales y de afrontamiento y que ha sido adoptado por 27 países, según un informe de la OCDE. Una evaluación en Noruega constató que el programa había ayudado a mejorar la atmósfera del aula, reducir el acoso y mejorar las calificaciones académicas. En España también hay iniciativas de este tipo: desde 2014, por ejemplo, Canarias tiene 90 minutos semanales de educación emocional en la escuela para alumnos de seis a nueve años y la Agencia de Salud Pública de Barcelona puso en marcha un programa de educación emocional en las escuelas de la ciudad para niños de tres a cinco años.
Combatir el estigma
La lucha contra el estigma es otra de la claves para mejorar el abordaje de la salud mental y una de las líneas maestras del Gobierno español, que ha anunciado campañas de sensibilización para combatir la discriminación y el tabú que gira en torno a los trastornos mentales. Precisamente, un informe de la OCDE de 2018 ya señalaba la pertinencia de romper el silencio alrededor de estas dolencias: “A medida que mejora la conciencia sobre las enfermedades mentales y disminuye el estigma en torno a ellas, es posible que más personas también busquen ayuda cuando padecen una enfermedad mental”.
Los profesionales consultados celebran las iniciativas en marcha para mejorar el tratamiento a la salud mental. Todo ayuda, agregan. Pero lo primero es lo primero, insiste Marina Díaz: “Los tratamientos de psicoterapia requieren más frecuencia en las visitas”. Luz Vázquez, coordinadora del grupo de salud mental de la Sociedad Española de Medicina de Familia, lamenta también las carencias de recursos en el ámbito comunitario para integrar a las personas con trastornos mentales graves y concreta que, desde atención primaria, “lo que se necesita es tiempo” para ver, hablar y tratar a los enfermos.
La salud mental llega al Congreso
El debate sobre la salud mental ha llegado, incluso, hasta el Congreso. Hace unos meses, el diputado de Más País, Íñigo Errejón, denunció la falta de profesionales para atender la demanda creciente de ayuda en salud mental y su intervención se hizo viral tras la interrupción del diputado del PP, Carmelo Romero, que le espetó un «Vete al médico» cuando Errejón tenía la palabra. Desde entonces, la salud mental ha sido un tema recurrente en el hemiciclo, sobre todo de la mano de Más País y Ciudadanos, y ha aterrizado también en el debate de los Presupuestos.
De hecho, el PP reclama que los 100 millones que el Gobierno anunció para el plan de acción hasta 2024 se inyecten todos en 2022. Más País, por su parte, pide en sus enmiendas a las Cuentas un plan de prevención del suicidio infantojuvenil en la enseñanza secundaria, una partida finalista para convocar 250 plazas de psicólogo clínico residente y recursos para evitar las contenciones mecánicas. En sus enmiendas, Ciudadanos también exige un plan de prevención del suicidio y la introducción efectiva de la atención psicológica en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.
En el Congreso también se ha comenzado a tramitar un proyecto de ley de Salud Mental impulsado por Unidas Podemos, pero esta propuesta no cuenta con el aval de los psiquiatras, que se han posicionado en contra. Marina Díaz, vicepresidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, argumenta: «Esa ley no ha contado con ningún profesional ni ninguna sociedad científica. Es un despropósito porque asocia la salud mental a la pobreza, pero hay enfermedades graves que no dependen del nivel económico de un país. No se nombra el cerebro ni la neurociencia y se confunde trastorno mental con salud mental». Con todo, el borrador de la norma está en proceso en la Cámara y, previsiblemente, sufrirá muchas modificaciones en el trámite parlamentario.
Con información de Cristina Huete, Javier Martín Arroyo, Cristina Vázquez, Juan Navarro, Mikel Ormazábal, Amaia Otazu, Lucía Bohórquez y Xosé Hermida.
Jessica Mouzo es redactora de sanidad en EL PAÍS. Es licenciada en Periodismo por la Universidade de Santiago de Compostela y Máster de Periodismo BCN-NY de la Universitat de Barcelona.
