Medios de masas y financiación pública
En 2018, el Gobierno gastó 71,56 millones de euros en la realización de campañas de publicidad institucional, en 2019 esa cantidad se redujo hasta los 62 millones de euros, en 2021 aumentó hasta los 123 millones y en 2022 será de 158 millones de euros
En España, las inyecciones de dinero público a medios de comunicación se reparten de forma arbitraria y sin unos mínimos de transparencia. A pesar de que oficialmente el reparto de publicidad institucional en España depende de los índices de audiencia de cada medio de comunicación, la realidad es que la mayoría de las veces depende de la buena o mala relación de cada medio de comunicación con los dirigentes de la administración pública que realizan el reparto.
Según establece en su exposición de motivos la Ley 29/2005, del 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional: «La publicidad y comunicación institucional deben estar al estricto servicio de las necesidades e intereses de los ciudadanos, facilitar el ejercicio de sus derechos y promover el cumplimiento de sus deberes, y no deben perseguir objetivos inadecuados al buen uso de los fondos públicos”, algo que pocas veces es así.
Tal y como recoge LUH, hace un mes, Unidas Podemos presentaba ante el Ministerio de Presidencia y Relaciones con las Cortes una Proposición de Ley para la reforma de la la Ley 29/2005 que rige la publicidad y la comunicación institucional, con el objetivo de iniciar el trámite legislativo que permita llevar el texto al Congreso de los Diputados.
La coalición indicaba en una nota de prensa: «La iniciativa, propuesta en un primer término por la Plataforma de Medios Independientes, plantea la ineficacia del actual sistema de reparto entre los distintos medios de la publicidad institucional ya que es la audiencia el dato determinante para dicho reparto».
Por ello, apuestan por un reparto de fondos públicos destinado a la publicidad institucional que tenga en cuenta otras variables, ya que los criterios de audiencia son unos medidores más que cuestionables. «Muchos medios estarían utilizando métodos de agregación de audiencias que distorsionarían los datos obtenidos y además “perjudica gravemente a los medios independientes y a las pequeñas y medianas empresas”, destacó la formación morada.
La portavoz adjunta de UP en el Congreso, Sofía Castañón, afirmaba que la iniciativa de Unidas Podemos es que el reparto de esa publicidad institucional tenga en cuenta cuestiones como “las medidas adoptadas por los medios para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la protección de determinados colectivos vulnerables, el nivel de transparencia de la información corporativa y de los datos medidores de audiencia o el cumplimiento de las obligaciones deontológicas y profesionales del sector” para “fomentar la pluralidad informativa y proteger el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz, contrastada, respetuosa con la igualdad de género y con el periodismo de calidad”.
Y añadía: «Los criterios de igualdad, empleo decente, pluralidad y diversidad deben ser de referencia, porque los medios tienen una responsabilidad social y es justo reconocer a quienes contribuyen en coherencia a tener una sociedad más igualitaria, más justa y más orgullosa de su diversidad en todos los ámbitos».
92 millones más que en 2020 en publicidad
En 2018, el Gobierno gastó 71,56 millones de euros en la realización de campañas de publicidad institucional, en 2019 esa cantidad se redujo hasta los 62 millones de euros, en 2021 aumentó hasta los 123 millones y en 2022 será de 158 millones de euros.
Esta cantidad se distribuirá entre los medios tradicionales: prensa, radio y televisión y las nuevas plataformas de comunicación como las redes sociales.
Comunidad de Madrid
El tema del reparto de la publicidad institucional se dispara en administraciones públicas como la Comunidad de Madrid, donde la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, está igualando o superando las cotas de Esperanza Aguirre e Ignacio González.
Aguirre y González regaron de publicidad institucional a los medios más afines a sus gobiernos: diarios como ABC, La Razón, Libertad Digital o cadenas de radio como Intereconomía. Una vez dejaron la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Aguirre fichó como columnista de ABC y González como columnista de La Razón.
Las cosas parecen no haber cambiado mucho a pesar de que ambos abandonaran la política. Según informaciones de LUH, el pasado mes de julio, Carol Alonso, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, desvelaba que el Gobierno de Ayuso adjudicó a dedo un contrato de 50.000 euros a Okdiario, de Eduardo Inda, en concepto de “patrocinio de la ‘I Jornada de Turismo ‘Okdiario’ de la Comunidad de Madrid’”.
Unos meses antes, Ayuso adjudicó también un contrato a dedo de 14,5 millones de euros al Grupo Planeta, editor de La Razón y accionista mayoritario del grupo de comunicación Atresmedia, propietario de Antena 3, laSexta u Onda Cero y una licencia para que la Escuela de Administración de Empresas, empresa del Grupo Planteta, ponga en marcha una universidad privada.
