La caída de la natalidad sacude a la escuela

El colegio público Bartomeu Llorens i Royo en Valencia se ha estrenado este curso con menos alumnos en infantil: «Llevamos un par de años viendo el impacto de la caída de la natalidad en el municipio. Ya entonces solicitamos la bajada de ratio (los alumnos por clase) a 23 alumnos y no nos la concedieron. Finalmente este curso lo hemos conseguido y en infantil de tres años tenemos 23 niños por aula en vez de 25. Eso irá subiendo conforme los niños pasen de curso», explica su director, Vicent Mañes.

El colegio está en Catarroja, uno de los municipios que pierde población en la Comunidad Valenciana. La Generalitat ha autorizado reducir la ratio – el número de alumnos por aula – hasta en 55 localidades para amortiguar el efecto en las escuelas del descenso de la natalidad. Aún así el curso que viene estima que se cerrarán 90 clases en primaria y 70 en segundo ciclo de infantil (3 a 6 años) por falta de alumnos. Mañes, que también es presidente de la Federación de directivas y directivos de centros públicos, explica que la caída en el número de solicitudes no es homogénea en los municipios: «No hay una distribución equitativa de la matricula. Hay barrios de la población donde hay más solicitudes que en otros y se puede producir alguna descompensación. Hay clases que se pueden quedar con 15 alumnos y tras con los 23 y llenar».

Los colegios españoles tienen este curso 70.000 alumnos menos en infantil y primaria que el pasado, según los datos avanzados por el Ministerio de Educación. El descenso acumulado en infantil es de 250.000 desde 2011-12. Las previsión del Centro de Estudios Demográficos de Cataluña apunta a que en los centros educativos habrá un 23% menos de alumnos en los próximos 20 años y el informe del Gobierno sobre España en 2050 anticipa 800.000 alumnos menos para entonces lo que supone que 33.000 aulas menos de 24 alumnos que en 2019.

Menos alumnos por clase

Reducir alumnos por clase es la primera medida que están tomando las comunidades autónomas para reorganizar su oferta educativa y tratar de evitar el cierres de aulas o de centros por falta de demanda. En las autonomías que más están sufriendo la baja natalidad, el descenso es ya una realidad impuesta que les obliga a lidiar con situaciones como la que cuenta Francisco Javier Amaya, secretario general de Educación de la Junta de Extremadura: «En la ciudad de Cáceres, que es la segunda ciudad más importante en número de habitantes de la región, se han ofrecido casi mil plazas para 600 alumnos en infantil de tres años. Casi que estamos tocando, si tiráramos de estadística, a dos plazas por alumno». Además de Extremadura, Asturias, Cantabria, Aragón o Castilla y León ya presentan cifras por debajo del máximo legal que es de 25 niños por clase en infantil y primaria. Las escuelas rurales se están manteniendo en estas zonas con cinco, cuatro y hasta con tres alumnos. En Castilla y León hay 12 de este tipo este curso y 15 con cuatro alumnos, según datos de la consejería. Amaya reconoce que se enfrentan a posibles cierres: «La pérdida de la natalidad afectará a la hora de tomar decisiones porque el sistema educativo en Extremadura está concebido para un número de plazas y ese número de plazas cada vez es mayor con respecto a los nacimientos que se producen. Es un elemento que hay que tener en cuenta para la gestión de los recursos».

Cataluña extenderá a partir de septiembre las clases de 20 alumnos en infantil de tres años en los centros públicos. Para la concertada la reducción será voluntaria. Educación calcula que la ratio reducida se aplicará en el 86% de centros públicos y el 37% de concertados aunque la caída de la natalidad afectará de forma generalizada a toda la etapa así que el 99% de las clases de la pública y el 73% de la concertada tendrán menos de 25 alumnos. Madrid también reducirá alumnos del máximo de 25 a 20 pero en infantil de 4 años y en Castilla La Mancha el recorte en el mismo curso será a 22 alumnos. La rebaja se irá extendiendo a los cursos superiores conforme los niños vayan creciendo. Las comunidades también tratan de compensar la caída de alumnos de entre 3 y 6 años con la apertura de aulas de dos años: «En la Comunidad Valenciana llevamos haciéndolo un par de cursos. Es un factor que beneficia a los centros que menos solicitudes tiene porque fideliza a la población», subraya el director Vicent Mañes. Madrid ha anunciado la extensión del 0-3 a medio centenar de centros públicos el curso que viene.

Reorganizar la oferta educativa

Expertos como Lucas Gortazar, coordinador de educación de EsadeEcpol, no cree que reducir el número de alumnos por clase deba ser una medida generalizada: «Yo bajaría los ratios allí donde son demasiado altos o donde sabemos que bajarlo es más efectivo, que básicamente son los centros que atienden al alumnado más vulnerable, con más decalaje educativo o con necesidades educativas especiales. Pero allí donde no están apretados, no va a marcar mucho la diferencia y yo creo que hay otras alternativas que pueden suponer un mejor uso de los recursos».

Coincide el profesor de sociología de la educación de la Universidad de Barcelona, Xabier Martínez Celorrio que advierte de que : «Una bajada generalizada para todos de las ratios perjudicaría a la red pública y especialmente a los centros con mayor sobreratio de la pública y en cambio sería una inyección económica hacía la concertada. Si ahora mismo se produce una bajada para todos de forma uniforme supondría reproducir la segregación escolar ya existente». Martínez Celorrio apunta que «tenemos un triangulo muy desafiante con la sobreratio ( que afecta a muchos institutos donde la caída de los nacimientos aún no ha llegado ), la caída de la natalidad y la introducción codocencia – la presencia de más de un profesor por clase – que no se arregla con una bajada generalizada porque habrá claros vencedores y perjudicados».

Gortazar sí que considera fundamental intervenir en la planificación educativa para evitar, precisamente, que aumente la segregación – la concentración de alumnos en determinados centros por su nivel socioeconómico – y se generen desequilibrios en el sistema entre la red pública y la concertada que acabaría afectando a los más vulnerables: » Tú tienes un fenómeno, un tsunami que te viene. Si no te preparas, el tsunami va a afectar más a cierto tipo de edificios y cierto tipo de colectivos. Creo que las políticas que sostienen que hay que seguir la demanda y no hacer nada pueden generar unos desequilibrios grandes, un nivel de conflictividad muy grande y situaciones muy dolorosas. Creo que nadie en la comunidad educativa está interesado en ir a ese mundo en el que no se toman decisiones y es la ley de la jungla. Prefieren un mundo predecible, pactado, bien planificado, donde todo el mundo sepa lo que va a perder, que esté más o menos repartido, pero saber a que atenerse para ir preparándose y trabajándolo».

Mejorar la calidad

También piensa que estamos ante una oportunidad para repensar el sistema y mejorar la calidad: «Yo creo que la conversación inteligente e interesante es aquella en la que la administración garantiza la financiación que ha habido hasta ahora, pero no para hacer lo mismo de siempre con clases más pequeñas, sino para hacer cosas diferentes que puedan redundar en cambios sustantivos de cómo funciona la escuela y qué es lo que van a aprender los alumnos. Creo que la organización de los tiempos, los espacios, el trabajo por ámbitos, el trabajo curricular… debería estar en el centro del debate porque va a haber un excedente de recursos que, si lo usamos bien, puede suponer grandes mejoras». Algunas comunidades empiezan a apostar por la codocencia, la presencia de más de un profesor por clase uniendo grupos, o el trabajo por ámbitos agrupando materias, algo que favorece la nueva ley educativa .

El ministerio de Educación subraya que el impacto de la caída de la natalidad no es homogéneo y que las medidas, por tanto, tampoco deben serlo. Educación cree que la bajada de alumnos por aula no debe ser generalizada y que los esfuerzos deben concentrase en que la caída de la natalidad no suponga una reducción del número de profesores sino que se aumenten los docentes de apoyo o refuerzo. Un portavoz señala que «mientras algunos hablan de rentabilidad económica, el Gobierno piensa en la rentabilidad social».