Sí a la energía solar, pero no en mi pueblo

Administraciones y empresas afrontan el reto de evitar el rechazo a las renovables que a veces se da en el entorno rural por su impacto

El despliegue de las energías renovables en España se mueve entre dos polos opuestos. El positivo tiene que ver con el beneficio económico que deja en los pueblos donde se asientan las infraestructuras. El negativo, con el rechazo que todavía provoca el impacto de estas en el entorno.

Ya sea por la mera transformación del paisaje o por la alteración menos evidente de los ecosistemas, lo cierto es que esas reticencias de propietarios de terrenos y de ayuntamientos es el último eslabón al que hoy se enfrentan muchas empresas interesadas en explotar la ‘ energía verde‘. Los primeros tienen la última palabra para que placas y molinos puedan tener cabida en sus territorios; de sus autorizaciones o vistos bueno dependerá, en puridad, la transición energética de nuestro país.

Sobre esta dicotomía debatieron expertos de administraciones, empresas y asociaciones ambientalistas en las jornadas ‘Las energías renovables: retos y oportunidades’ organizadas por Cepsa en colaboración con Europa Press.

José Donoso, director general de Unión Española Fotovoltaica, resumió la realidad actual: «Las ventajas económicas para los ayuntamientos donde hay proyectos de renovables son claras, pero hay un problema de percepción por un lado y de cultura de empresa por otro. La revolución solar y demás renovables debe traer consigo también una revolución industrial en esas comunidades».

Sobre esto último, José María González Moya, director general de APPA Renovables, apuntó la importancia de esta oportunidad en zonas carentes de tejido industrial. «Tenemos el objetivo de crear 300.000 empleos» relacionados con la transición energética limpia. Así, valoró, «no queda otra que acudir al territorio y convencer».

Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica apuntó en este sentido que el valor para los territorios es «indiscutible», pero este es un término económico difícil de digerir a priori. Desde su punto de vista, la clave está en explicar muy bien cómo un proyecto de renovables puede «mejorar la vida de la gente».

Sin ir más lejos, los datos de renta per cápita apuntan a que ésta es muy superior en territorios con estas infraestructuras desplegadas. Aunque los expertos reunidos insistieron en no destacar solo el ingreso directo de dinero, sino el uso que las administraciones locales dan a este. En vez de cursar como gasto corriente, se transforman en proyectos que realmente tocan la vida de la gente con inversiones de corte social.

A pesar de esta realidad, lo cierto es que las reticencias y negativas existen. Tanto, que a veces el rechazo va por comunidades y los proyectos se concentran más en unas que en otras, aunque las beneficiarias son todas. Tal y como reconoció Juan Virgilio Márquez, «no es tarea fácil».

¿Qué falla? En primer lugar todos incidieron en la comunicación y en la forma de las empresas a la hora de plantear un proyecto. «Hay que elevar del enfoque de ‘os voy a llenar las arcas’ y comenzar a trabajar con los ayuntamientos y los propietarios con claridad. Ellos son los que conocen los territorios y sus necesidades. Aunque parezca que va a dar mucho trabajo, a nosotros este ejercicio de transparencia nos ha ayudado mucho. También, implicar a los habitantes de las poblaciones a través de programas de formación, actuar de una forma más transversal, ayudaría», señaló Pablo Ronse, responsable de proyectos renovables de Cepsa.

Sobre métodos para incentivar, Donoso aportó una idea rompedora: ¿Por qué no ofrecer un precio de la energía menor a cambio de tener la instalación de fotovoltaica o eólica? Quien contribuya a la transformación, que se beneficie económicamente en este sentido, defendió. De esta forma se limarían las diferencias que se generan entre comunidades que abren la puerta a las renovables y las que rechazan de pleno cualquier proyecto.

La forma de proceder de las empresas a la hora de plantearse este despliegue sería otro de los retos a transformar de cara a un futuro. González Moya apeló al orden y a la inteligencia a la hora de planificar la instalación de las infraestructuras y criticó las empresas que no tienen ningún objetivo de permanencia y hacen daño a la imagen del sector. «No podemos ofrecer el oro y el moro y luego, a los meses de plantar el proyecto, desaparecer», denunció.

Pero, al margen de las ventajas, no se debe negar el impacto que a todas luces tiene sembrar de placas solares parte del territorio de un pueblo. Hacerlo, como se puso de manifiesto en una de las mesas redondas del citado encuentro, sería contraproducente.

«Claro que tienen impactos negativos -dijo Íñigo Sobrini, presidente de la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental- como casi todo lo que ejecuta el hombre en la Naturaleza. El más importante es el paisajístico. Tenemos que, entre todos intentar minimizarlos y hacerlos compatibles, mientras se maximizan los positivos».

Recordó que una de las herramientas básicas sería un plan de ordenación del territorio, del mismo modo que las ciudades cuentan con su PGOU, para, previo estudio de impacto medioambiental, determinar qué terrenos son susceptibles de albergar este tipo de actividad industrial, junto al resto de usos.

Lo cierto es que actualmente, apuntó su compañero Cristobal Martínez, director de Biodiversidad en Ideas Medioambientales, la mayoría de los proyectos de renovables se asientan en cultivos de cereal de baja rentabilidad y asociado a la España vacía. Y no necesariamente vinculó la pérdida de especies de aves esteparias propias de la zona con estas infraestructuras. «Se viene dando desde hace 40 años; no se puede achacar directamente a las plantas fotovoltaicas. Esta pérdida va más ligada a una agricultura muy agresiva que es la que causa la pérdida de estas poblaciones», sostuvo Martínez.

En contra de la idea más extendida, este experto en biodiversidad expuso en el encuentro que las placas fotovoltaicas son una oportunidad para aumentar la biodiversidad, especialmente para algunas especies. «Hay buenas experiencias de compensación de superficies con empresas implicadas, que actúan más allá de la RSC, cuyo compromiso es conservar estos espacios», recordó.

La clave está en alcanzar la compatibilidad. Algo que ha quedado demostrado en algunas experiencias planteadas con el foco puesto en el respeto de la biodiversidad de la zona en el origen de los proyectos. Lourdes Lázaro, miembro de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, defendió que existen una serie de metodologías que ya han sido aplicadas y que se pueden consultar en guías publicadas para planificadores territoriales, empresas, etc.

«Tras elegir el territorio idóneo, estudiarlo y tener en cuenta los impactos, hay que estudiar cómo se pueden remodelar. Todos los proyectos de conservación y compensación deben tener muy en cuenta cómo se va a abordar la mejora de la biodiversidad. Se trata de utilizar la ciencia y los conocimientos de otros proyectos para que el beneficio llegue a las comunidades y a la biodiversidad», defendió.