La pesadilla del alquiler
El fuerte incremento de los precios ha generado un efecto de exclusión residencial cada vez más extendido
La falta de inversión en vivienda pública y una regulación del alquiler con escasa sensibilidad social y frecuentes bandazos han dado lugar a una crisis habitacional con graves consecuencias para una parte importante de la población española. El precio del alquiler ha subido más de un 10% en el último año en 72 ciudades y en algunas, coincidiendo con la vuelta del turismo, el incremento ha llegado al 30%. A 11 euros por metro cuadrado de media, el alquiler toca máximos históricos en las ciudades de más de 50.000 habitantes, pero también las medianas y pequeñas registran fuertes tensiones, especialmente en las zonas turísticas.
Las causas están identificadas, entre ellas el desequilibrio entre una demanda creciente y cada vez más depauperada y una oferta menguante que ve en los usos turísticos una mayor rentabilidad. La caída del poder adquisitivo, especialmente de los jóvenes, y la presión especulativa, entre otros, de los fondos de inversión han propiciado un escenario agravado. Entre los muchos datos que documentan esta divergencia figura un estudio del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona según el cual entre 2000 y 2020 el precio del alquiler subió un 101,6%, es decir, se ha duplicado, mientras que los ingresos de las familias apenas han crecido un 33,6%.
En España, solo el 15,7% de la población vive de alquiler, tres puntos más que hace una década, pero ser inquilino se ha convertido en un nuevo factor de vulnerabilidad. Encontrar una vivienda asequible es para un sector creciente de la población una pesadilla. Cuatro de cada diez españoles, según Eurostat, dedican más del 40% de sus ingresos a la vivienda. El alquiler es el principal factor de empobrecimiento de las rentas bajas, pues cada vez consume más ingresos. Cuanto más pobre es una familia, mayor es la proporción de sus ingresos que debe destinar a la vivienda. La consecuencia dramática está siendo el aumento de los desahucios: en el primer trimestre del año se han producido más de 12.000, la inmensa mayoría por impago del alquiler.
Las administraciones carecen de recursos e instrumentos para mitigar los efectos de esta quiebra en el derecho constitucional a la vivienda. La sociedad paga ahora la falta de una política de construcción de vivienda pública por parte de todos los gobiernos que se han sucedido. Entre 2000 y 2020, España apenas le dedicó un 0,06% del PIB, cuando la media de la UE fue del 0,5%. Y se dejó perder la gran oportunidad de paliar estas carencias cuando, tras el rescate de las cajas de ahorro, se renunció a convertir el enorme paquete de pisos y edificios de la cartera de impagados en un gran parque de vivienda pública. Construir pisos de alquiler social requiere recursos económicos, pero también tiempo. Y esa opción tenía la ventaja de que ya estaban construidos.
La situación se ha deteriorado tanto que ya no basta con atender las emergencias o facilitar ayudas para que los jóvenes puedan emanciparse. Para remontar la crisis hay que intervenir con decisión en diferentes frentes. Regular los precios del alquiler limitando las subidas, como prevé el proyecto de ley de vivienda, puede ser una de las medidas, siempre que se haga de modo que no retraiga la oferta. En el año y medio que se aplicó en Cataluña, antes de que la anulara el Constitucional por un problema competencial, la limitación de las subidas demostró que podía contener e incluso bajar el precio en las zonas más tensionadas. Pero solo la creación de un parque suficiente de viviendas para alquiler social permitirá frenar la brecha de la exclusión residencial.
EDITORIAL DEL PAIS