El cannabis en Alemania
La regulación del consumo y cultivo de la marihuana propuesta por el Gobierno de Scholz pretende reducir la criminalidad asociada a su comercio
El Gobierno de coalición de socialdemócratas, verdes y liberales alemanes ha acordado en Consejo de Ministros despenalizar la compra y cultivo limitado de una cantidad de entre 20 y 30 gramos de cannabis para el consumo recreativo, ya sea en lugares privados o públicos. El Ejecutivo de Olaf Scholz da así un paso más en la normalización jurídica de un consumo que sigue sometido a las condiciones de clandestinidad que impone la prohibición de su cultivo y comercialización en la mayor parte de Europa. Alemania había autorizado ya el cultivo de marihuana para fines medicinales en 2014 y ahora avanza una nueva medida con el doble objetivo de luchar contra el mercado negro y las mafias que controlan el negocio y a su vez proteger al eventual consumidor. El ministro de Sanidad, el socialdemócrata Karl Lauterbach, él mismo médico, defiende un cultivo privado reducido a dos o tres plantas por persona y la adquisición pública podrá realizarse en establecimientos autorizados. Deberán contar con una licencia específica, no necesariamente habrán de ser farmacias, y están previstas en la normativa alemana estrictas limitaciones para evitar su proximidad a colegios e institutos. El objetivo final busca obtener una distribución controlada del cannabis frente a su actual circulación clandestina.
El fracaso de las actuales políticas represivas contra el consumo de determinadas sustancias ilegales está forzando a los países a adoptar medidas que permitan el control y afloramiento de un negocio multimillonario. La persecución policial del crimen organizado dedicado al tráfico del cannabis obtiene éxitos muy reducidos. Y la gradual permisividad hacia su consumo no es tanto una claudicación como una normalización controlada de una sustancia que alcanza el 39% del consumo de sustancias ilegales en la UE. La despenalización del consumo en muchos países de la Unión lleva casi siempre aparejada la paradójica prohibición de su compra. La consecuencia necesaria ha sido dejar la compraventa en manos de redes de tráfico y comporta grandes cantidades de dinero en la persecución criminal sin reducir el riesgo de adulteración. Cálculos recientes de la Universidad de Düsseldorf aducen que la legalización reportaría en torno a 5.000 millones de euros al año a través de impuestos.
La propuesta debe obtener el visto bueno de la Comisión Europea y vencer la oposición de la industria farmacéutica alemana y de algunos Estados contrarios a la medida. Pese a ello, el Gobierno espera que la legalización sea efectiva en 2024. En todo caso, el mensaje que manda la principal economía de la UE propone una vía alternativa a la represión policial para aclimatar legalmente un consumo generacionalmente transversal y presente en nuestras sociedades con niveles crecientes de aceptación. La regulación es la medida más inteligente frente al comercio clandestino.
EL PAIS EDITORIAL