«SIN MEMOPRIA NO HAY FUTURO» por Juan Santaella
La Ley de Memoria Democrática pretende reconciliar a la sociedad española con su pasado más dramático.
Una de las mayores ignominias políticas y religiosas de nuestra historia ha sido subsanada por la Ley de Memoria Democrática, recientemente aprobada. Queipo de Llano, que arengaba a los suyos para que mataran y torturaran a sus enemigos, y violaran a «las rojas» para que supieran lo que eran hombres, ocupaba un lugar preferente en la iglesia de la Macarena. La ley aprobada no promueve el rencor ni la revancha, sino que nos homologa con otros países europeos donde la exaltación de las dictaduras y de sus líderes está prohibido y penalizado, y está en consonancia con el criterio de la ONU, donde su comisionado, Pablo de Greiff, advierte de que esta ley no es un invento malvado sino que responde al cumplimiento de una obligación internacional, pues el Estado tiene una deuda con las víctimas de la dictadura, tiradas en las cunetas, y que han sido tratadas como criminales por ser maestros, por pertenecer a un sindicato o, simplemente, por ser demócratas. «Hay, por tanto, manifiesta, una obligación de resarcirlos y ya es tiempo de hacerlo».
En efecto, esta ley es un homenaje a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, y pretende reconciliar a la sociedad española con su pasado más dramático. Es un logro importante que la ley repudie la exaltación del fascismo, y que la Administración del Estado se comprometa a asumir el proceso de búsqueda e identificación de los desaparecidos. El Papa Francisco, en una entrevista reciente, afirmaba categóricamente que sin descubrir y dar sepultura a los muertos no puede construirse la paz. Por más que algunos se empeñen, con esta ley nadie pretende abrir heridas sino cerrarlas, porque como afirma Emilio Lledó, «sin memoria no hay futuro».
Para saber qué es una dictadura deberíamos ver la película ‘Argentina 1985’, donde una serie de ‘iluminados’ a las órdenes del general Videla, se convirtieron en seres malvados que asesinaban, torturaban, robaban niños o vejaban a las mujeres.
Un gran intelectual de nuestro tiempo, Jürgen Habermas, hijo de un nazi alemán (juzgado y preso en las cárceles americanas), fue obligado, desde los 10 años, a pertenecer a las juventudes hitlerianas, pero, cuando vio tanto sufrimiento cambió su vocación de médico por la de filósofo para dar respuesta a tanta destrucción: los crímenes de Núremberg, la falta de autocrítica de sus conciudadanos, y el miedo de que Alemania pudiera recaer en otro delirio sangriento. Cuando un periodista le preguntó, en 1995, qué significaba para él ser alemán, respondió: «Encargarme de que la aleccionadora fecha de 1945 no caiga en el olvido».
El viaje al mal se hace en saltos pequeños, como dice el historiador Michael Shermer: empieza por la demonización del otro, la expulsión, la agresión, la tortura, y el genocidio. La apología del nazismo o del fascismo son delitos hoy en Alemania, en Italia y en Francia. En España, no solo no estaba tipificado, sino que, incluso, se permitía una fundación que enaltece la figura del dictador y se financia con fondos públicos. El catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, Joan J. Queralt, lamenta que en España se siguiera permitiendo, hasta el día de hoy, el fascismo a nivel simbólico, cultural y político.
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