Juzgan a políticos, técnicos y empresarios por la venta de 500 viviendas inhabitables
- La fiscalía pide dos años de cárcel y diez de inhabilitación para dos exalcaldes socialistas de Atarfe por el llamado ‘caso Medina Elvira’
La Audiencia de Granada ha reservado ocho días -entre los próximos meses de enero, febrero y marzo- para juzgar uno de los mayores fiascos urbanísticos que se han producido en la provincia en los últimos años: el llamado ‘caso Medina Elvira’, que toma el nombre de un residencial de la localidad de Atarfe que prometía toda suerte de lujos y al final ha quedado convertido en un monumento al estallido de la burbuja inmobiliaria: familias desesperadas, casas vacías y deterioradas, calles resquebrajadas e invadidas por arbustos, olvido, ruina…
En este sentido, tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados políticos, técnicos y empresarios -la ‘alianza’ que causó estragos en la época dorada del ladrillo- por haber favorecido la construcción y venta de más de 500 viviendas que la Fiscalía Provincial de Granada describe como «inhabitables» y por las que los afectados llegaron a pagar cantidades casi siempre superiores a los 200.000 euros. Sólo un dato al respecto: las casas ni siquiera disponían de agua corriente, según detalla el ministerio público en el escrito en que solicita dos años de cárcel y diez de inhabilitación especial para los exalcaldes socialistas de Atarfe Tomás Ruiz Maeso y Víctor Sánchez, si bien este último está siendo eximido de asistir a los múltiples juicios que le acechan debido a que su salud es muy precaria. A ambos se les imputa la presunta comisión de un delito continuado de prevaricación urbanística.
Además de los dos exregidores municipales, la fiscalía también acusa a los que entonces eran el secretario y el arquitecto del Ayuntamiento, y a tres empresarios. Según el ministerio público se ‘asociaron’ -siempre presuntamente- para llevar a cabo el residencial Medina Elvira obteniendo «el máximo aprovechamiento urbanístico».
Una vez concluidas «las edificaciones» -agrega la fiscalía- los alcaldes acusados, Víctor Sánchez y, posteriormente, desde el 15 de enero de 2010, Tomás Ruiz Maeso, en connivencia con los también acusados secretario y arquitecto municipal de Atarfe, y en ejecución de la operación urbanística ideada, aprovechándose de sus cargos y obviando el cumplimiento de la legalidad, procedieron a (…) conceder irregularmente las licencias de primera ocupación a diversas promotoras del complejo residencial, favoreciendo y permitiendo que dichas sociedades procedieran a la venta de inmuebles a sabiendas de que no contaban con los servicios mínimos imprescindibles (…) para su ocupación y habitabilidad», relata el en su escrito el ministerio fiscal.
Incumplimiento deliberado
A la hora de analizar el papel que desempeñaron los técnicos involucrados en este caso, la acusación públidice que el arquitecto municipal era un perfecto conocedor de las condiciones exigidas para la concesión de licencias, pero las incumplió «consciente y deliberadamente».
Y el secretario del Ayuntamiento también sabía, presuntamente, que la operación era contraria a la ley, pero no puso reparos. Es decir que faltó a «su deber de velar por el cumplimiento de la legalidad» y «permitió la vulneración de la normativa urbanística» sin hacer objeciones.
Además, los empresarios, aunque eran «conscientes» de que las casas carecían de los servicios de saneamiento, siguieron adelante con la venta del residencial. «Ocultaron a los adquirientes (..) los problemas de todo orden que afectaban a la urbanización y que hacían imposible habitar las viviendas, ocultación que se produjo por cuanto, de haber sido conocidas estas circunstancias», los clientes no habrían adquirido las propiedades en cuestión.
Todo ello causó un «grave perjuicio» a los compradores, que vieron como sus viviendas resultaban inhabitables «al no disponer ni tan siquiera de agua», reitera el ministerio público.