La Audiencia devuelve al Juzgado de Instrucción la causa por las licencias de Medina Elvira

• El tribunal ha atendido a la petición de las acusaciones particulares personadas, los propietarios de las viviendas afectados, a la que se han adherido las defensas y la propia Fiscalía

La Audiencia Provincial de Granada ha acordado devolver al Juzgado de Instrucción 4 de Granada la causa sobre las supuestas irregularidades cometidas en la concesión de las licencias de primera ocupación de la macrourbanización Medina Elvira, en Atarfe (Granada), por lo que el juicio que estaba previsto que comenzara este lunes ha sido suspendido.

El tribunal de la Sección Segunda ha atendido a la petición de las acusaciones particulares personadas, los propietarios de las viviendas afectados, a la que se han adherido las defensas y la propia Fiscalía. Concretamente, han pedido la nulidad del auto de apertura de juicio oral dictado en su día por Instrucción 4, por una serie de confusiones sobre la responsabilidad civil subsidiaria en este caso.

De hecho, entienden las acusaciones que deberían ser responsables civiles subsidiarios algunas entidades bancarias y el Ayuntamiento de Atarfe, a lo que el instructor se negó sin dejar abierta la posibilidad de recurso. Por ello, los magistrados han instado al instructor a dictar nuevo auto de juicio oral y que reelabore lo que respecta a la responsabilidad civil subsidiaria, dejando expresa mención a que sea una resolución recurrible.

En ese caso, las partes personadas podrían incluso pedir la retroacción de todas las actuaciones al inicio de la investigación, puesto que, en el caso del Ayuntamiento de Atarfe, que cambió de signo político en las pasadas elecciones municipales (de PSOE a Por Atarfe Sí), podría pedir su personación como parte perjudicada –ya que hasta ahora no lo ha estado–.

El tribunal no ha accedido a la solicitud de Ecologistas en Acción, la acusación popular, de que ya se acordara esa retroacción de las actuaciones, y ha alegado que hay que tener en cuenta el «volumen del proceso» y las «dificultades» del propio juicio. Por otra parte, ha indicado que si el caso se enjuicia y llega al Tribunal Supremo, éste podría instar la celebración de un nuevo juicio si no se solventa ahora la situación en lo que se refiere al auto de apertura, lo que supondría «tiempo desperdiciado y trabajo echado por tierra».

Por todo, ha declarado nulo el auto de apertura de juicio oral y conmina al juez instructor a que se pronuncie en lo que respecta a la responsabilidad civil subsidiaria y dicte una nueva resolución, que sea recurrible. En ese caso, también tendrá que tener en cuenta que las empresas inmobiliarias implicadas en este asunto están sometidas a una administración concursal.

Los acusados

En este caso de las licencias de primera ocupación de Medina Elvira, un macrocomplejo urbanístico que estaba llamado a convertirse en una urbanización de lujo dotada de instalaciones turísticas y comerciales y un campo de golf de 18 hoyos hoy abandonad, están acusados los exalcaldes de Atarfe Víctor Sánchez y Tomás Ruiz Maeso, aunque el primero no acude a las vistas previstas contra él por su delicado estado de salud.

Ruiz Maeso y Sánchez se enfrentaban a dos años de prisión y diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por la posible comisión de un delito continuado de prevaricación urbanística. También están acusados el arquitecto municipal, Luis Gustavo G.C., y el secretario del Ayuntamiento, José Antonio L.G., para los que la Fiscalía pedía la misma pena que a los anteriores.

Asimismo, el Ministerio Público atribuía tres delitos continuados de estafa al representante legal de la mercantil Bareo Investments y Vladiglof –la empresa propietaria de los terrenos–, Orfeo B.R., y para los representantes legales de las promotoras Península Project, y Costaind y Costa Indálica, José G.V.L.G. y Marcelino M.D.F. Para cada uno de ellos solicita seis años de prisión y multa de 14.400 euros.

Según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, tanto Víctor Sánchez –alcalde desde 1991 hasta marzo de 2009– como Tomás Ruiz, en connivencia con los también acusados secretario y arquitecto municipal, «aprovechándose de sus cargos municipales y obviando el cumplimiento de la legalidad», concedieron irregularmente las licencias de primera ocupación a diversas promotoras del complejo residencial Medina Elvira.

Con ello, favorecieron y permitieron que las sociedades implicadas procedieran a la venta de inmuebles «a sabiendas de que no contaban con los servicios mínimos imprescindibles, exigidos legalmente, para su ocupación y habitabilidad, así como incumpliendo los trámites esenciales y previos a la concesión de las licencias». De este modo se concedieron siete licencias de primera ocupación a distintas sociedades titulares de unas promociones de viviendas y de un centro docente ubicadas en este sector residencial.

La Fiscalía mantiene que esto se hizo «eludiendo los requisitos exigidos por la normativa urbanística para este tipo de suelo y los trámites legalmente previstos para ello», en ocasiones, previo informe favorable del arquitecto municipal, «pleno conocedor» dado su cargo de «las condiciones exigidas legalmente».

Con ello considera el fiscal que los procesados incumplieron «consciente y deliberadamente» lo establecido en la normativa vigente, una actuación que se desarrolló con «el conocimiento y el consentimiento» del secretario del Ayuntamiento, quien «faltando a su deber», permitió la «vulneración de la normativa urbanística», «no advirtiendo deliberadamente de la ilegalidad de la actuación».

Los empresarios urbanísticos

Para el fiscal, los responsables de las empresas Bareo Investments y Vladiglof, y de las promotoras Península Project, y Costaind S.A. y Costa Indálica, guiados por el ánimo de «obtener un lucro ilícito» procedieron a la venta de los pisos de que eran titulares en el complejo residencial, aún siendo plenamente conscientes de la situación en que se encontraban las viviendas y que al presentar graves irregularidades en la normativa urbanística no podían obtener las licencias necesarias, además de que no contaban con condiciones de habitabilidad al no estar ejecutadas las obras de saneamiento ni estar dotadas de los servicios necesarios.

La Fiscalía mantiene que «ocultaron» estos problemas a los compradores de las viviendas, toda vez que de haberlo sabido no hubiesen llevado a cabo la adquisición ni el pago de su precio, añadiendo que «la publicidad realizada incluso a través de Internet y la apariencia de solvencia de los representantes legales de las sociedades implicadas en estos hechos determinaron las adquisiciones de las viviendas».

De hecho, el Ministerio Público reclama además declarar la nulidad de las siete licencias de primera ocupación concedidas de manera ilegal y la indemnización conjunta, por parte de los acusados, a los adquirientes de las viviendas en las cantidades en que se acredite el perjuicio ocasionado.

Las reivindicaciones de los propietarios

Los propietarios de las viviendas de Medina Elvira de Atarfe (Granada) han reclamado en multitud de ocasiones la conclusión de las obras en Medina Elvira, lo que les permitirá contar con servicios esenciales como luz o agua potable, o indemnizaciones que resarzan la «estafa» de la que se ven víctimas.

La urbanización fue concebida entre los años 2004 y 2005 por el promotor Maximiliano Balboa, que contó con el respaldo del entonces alcalde, Víctor Sánchez (PSOE), para levantar un total de 3.500 viviendas en una zona que, según Salvemos la Vega, incluía barrancos y suelos no urbanizables por su especial protección. Actualmente, en el terreno, muy cercano al pantano de Cubillas, se edificaron un total de 990 viviendas, de las que están terminadas 430.

El campo de golf estuvo operativo hasta hace 2012 y, pese a que aún cuenta con socios, está «abandonado» y luce carteles que advierten del «peligro de ganado suelto», ya que pueden verse en el lugar caballos salvajes, o «campo cerrado por cese de actividad. La empresa no se hace responsable».