La precarización de los seguros de salud y la investigación de la CNMC

El regulador tiene a las principales aseguradoras bajo el punto de mira por el alto volumen de quejas que están registrando tanto por parte de clientes y trabajadores

Las compañías de seguros punteras de España están siendo investigadas por parte de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. Aseguran haber registrado numerosas quejas tanto por parte de pacientes como de médicos, siendo estos últimos el grupo mayoritario al acumular más de 690 quejas. Los facultativos aseguran que las retribuciones que perciben por su trabajo no se ajustan a la realidad, son irrisorias y llevan prácticamente sin cambios desde 1990.

La investigación de la CNMC

La integración vertical en el sector médico se da cuando una aseguradora adquiere o es adquirida por parte de un grupo hospitalario o sanitario. Aquí pueden pasar a un segundo plano los intereses y preocupaciones del paciente. Según datos de la CNMC, el 50% del mercado está precisamente en manos de esos grupos.

La otra preocupación del regulador está en el «aprisionamiento» de los pacientes. Una práctica típica de las aseguradoras, basándose en la valoración que hacen del riesgo, pasa por subir la prima en caso de que un persona que padezca de una enfermedad quiera contratar un seguro con ellos. Lo que no pueden es subir esa prima si un paciente que ya está cubierto por la aseguradora contrae una enfermedad. Esto deja como consecuencia que si el paciente está enfermo y quiere cambiar de seguro, no podrá, porque la segunda compañía no lo acogerá, quedándose atado a la primera.

¿Cómo está el sector?

Se trata de un mercado que mueve mucho dinero, concretamente, el año pasado generó casi 10.400 millones de euros dejando un crecimiento del 7%. Además de esos grandes números también mueve muchos clientes y cada vez más. Según datos de UNESPA, el representante de las aseguradoras, desde 2015 hasta 2022 el número de clientes con seguros de salud ha pasado de los 9,2 millones a los 12,8 millones.

También es un mercado cada vez más concentrado, porque los datos que maneja la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia lo demuestran. El regulador ha podido comprobar que hace diez años las 10 principales aseguradoras controlaban el 80% del mercado, hoy controlan el 90, 10 puntos más. Concretamente 5 de estas se están repartiendo el 70% el negocio actual y son las siguientes: Adeslas, Sanitas, ASISA, DKV y Mapfre. Existen más razones además de los movimientos del mercado. Emili Ferrer es miembro de Economistas Frente a la Crisis y economista especializado en política sanitaria: «Está en relación directa con los recortes en la sanidad y especialmente por el Decreto Ley 16 de 2012 de Reforma Sanitaria. Cuando se aprobó, la participación de la sanidad privada en España era de alrededor del 30,7%. Al año siguiente ya era del 33. En 2018 se sitúa en el 35 y sigue subiendo».

¿Cómo están los trabajadores?

El malestar del grupo de trabajadores, en el que se incluyen médicos, dentistas o psicólogos entre otros, viene por el alto volumen de pacientes que tienen que atender y sobre todo, por lo poco que les pagan las aseguradoras. Los baremos son impuestos por las compañías y no se han movido prácticamente desde 1990, convirtiéndose en una queja generalizada por parte del sector. «Desde hace treinta años no se ha revalorizado nada. Lo que se le paga por acto médico es irrisorio. Cuando ven varias veces a un paciente que lo necesita, a partir de un número de consultas ya no le paga la compañía», asegura Carmen Arias, presidenta del Colegio de Médicos de Córdoba.

Lo que percibe el médico, sigue siendo lo mismo que en 1990, cuando los baremos se fijaron entre el colegio de médicos, el sindicato y las aseguradoras. En aquella época, por ejemplo, se pagaba entre 1200 y 1500 pesetas por una consulta de atención primaria, que al cambio son unos 7 o 9 euros. Esos márgenes no se han movido y están amparados por la ley. En 2009 entraba en vigor la Ley Ómnibus, conocida jurídicamente como la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Aquí se sacó de la ecuación al sector médico, dejando la potestad absoluta de fijar baremos en las compañías, que han pasado a una posición estática y no han estado abiertos a negociar.

Estos baremos dejan unos beneficios para el profesional mínimos y no ajustados al coste de vida. Según el sindicato UPTA el IPC de este tipo de servicios ha subido un 145% desde 1990. Si se ajustaran las tarifas a la inflación, no deberían pagar menos de 20 o 25 euros por consulta en la atención primaria por ejemplo.

Somos médicos, no somos gente que negocie. Tú asumes un baremo que ellos te aportan, que lo dan por hecho y no los cuestionas—  (Médico de familia de la salud privada)

Las aseguradoras si se han ajustado a los tiempos actuales subiendo los precios de las pólizas, pero los trabajadores se sienten maltratados: «Seis años de carrera más cuatro de especialidad supone una formación, que no puedes pagar a 8 euros la consulta o a 6 euros un psicólogo» comenta una médico de familia. «La verdad es que los precios que nos pagan tanto por consultas, limpiezas y tal, son irrisorios o sea es que no cubren ni siquiera los gastos que tenemos por ofrecer ese tratamiento», lamenta la encargada de una clínica dental. «Nosotros ponemos un poco la cara por la aseguradora, pero bueno, luego lo que es su parte que la deberían poner pues valorando y dando el pago correspondiente a nuestro trabajo pues no lo hacen», cuenta una psicóloga clínica.

La investigación de la CNMC todavía está en proceso pero mientras tanto los pacientes y los trabajadores siguen saliendo perjudicados.

Eduardo Hernández Ojeda_eduhernandez_