Los municipios de Granada rebajan su deuda en 172 millones

Granada, Motril, Armilla y Almuñécar encabezan el listado de localidades que más han mejorado su situación económica

os municipios de la provincia se deshicieron de 172 millones de euros de deuda viva en los últimos seis años. Es lo que se desprende del análisis de los datos del Ministerio de Hacienda sobre la situación financiera de las administraciones locales. De acuerdo a los informes de los últimos ejercicios, el panorama generalizado de Granada es notablemente mejor que hace un lustro, al menos en lo que se refiere a los compromisos adquiridos por los ayuntamientos con los bancos.

La crisis de 2008 provocó un enorme agujero en las arcas públicas. Las autoridades europeas forzaron al país a modificar las reglas de juego de las administraciones para evitar que la falta de abono de las obligaciones contraídas con las entidades financieras provocasen una hecatombe aún mayor. Desde entonces, la prioridad pasó al pago de los préstamos, lo que provocó tijeretazos en los servicios públicos y retrasos en los abonos a proveedores.

De ese esfuerzo dan fe los datos publicados por Hacienda, que revelan la notable mejoría de los municipios granadinos en este aspecto concreto. En los últimos seis años, la deuda total contraída por las localidades con los bancos pasó de 546 a 374 millones de euros. La caída se vio afectada por la covid, que frenó la mejoría de los consistorios en términos generales. Sin embargo, no logró detener los pagos del todo. De hecho, solo en el último ejercicio cerrado, el correspondiente a 2022, los municipios de la provincia se quitaron de encima una losa de casi 7 millones.

La deuda media, es decir, la cifra resultante si todos los municipios compartiesen el peso de los préstamos bancarios contraídos por los ayuntamientos de la provincia, se redujo un tercio en el mismo periodo analizado. Pasó de 31,77 millones en 2016 a 21,5 al cierre del último ejercicio.

Las causas de esta mejora hay que buscarlas en un mayor compromiso de los consistorios, pero también por estrictos planes de ajuste que reorganizaron la prioridad de los pagos. Así lo cree la popular Luisa García Chamorro, actual alcaldesa de Motril, uno de los cuatro municipios de la provincia que más deuda viva eliminó, unos 14 millones, en los últimos seis años.

En declaraciones a este periódico, la regidora reconoce que la buena situación económica de la localidad «es fruto del rigor y del cumplimiento de los compromisos adquiridos a través del plan de ajuste». La regidora reconoce que el abono de los préstamos ha exigido «sacrificios» en los servicios prestados por la ciudad, pero celebra que el contexto actual permite a Motril «respirar y afrontar contrataciones para reforzar los servicios, algo que antes teníamos prohibido».

La situación de Motril es análoga a la de la capital, que se quitó más de 96 millones durante los dos mandatos del socialista Paco Cuenca y, como la urbe de la Costa, tenía y tiene un plan de ajuste que constreñías hasta la primavera pasada las inversiones y las contrataciones. También es similar la mejora en Armilla, donde bajo el gobierno de la socialista Loli Cañavate, se eliminaron más de 10 millones, y en Almuñécar, donde se hicieron frente a 8 millones de deuda con los populares Trinidad Herrera y Juan José Ruiz Joya al frente.

De la mejora generalizada dan cuenta otros datos también. 36 municipios empezaron 2016 con deuda viva y acabaron 2022 sin ella. Entre estos destacan dos, Cenes de la Vega y Chauchina, que taparon por completo un agujero que, hace más de un lustro, era superior al millón de euros.

Si solo se analiza el periodo posterior a la pandemia, los tres cursos que van de 2020 a 2022, la mejora también es clara. Cuatro de cada diez localidades de la provincia redujeron la deuda. Entre los mismos se encuentran municipios de importancia como Alhendín, Alfacar o Cúllar Vega.

Las mayores caídas, aunque sin saldar por completo los préstamos, se produjeron en Las Gabias, con una bajada del endeudamiento del 96,2%; Molvízar, con un 91,6%; la ya mencionada Motril, con un 90,9%; Caniles, con un 88%; Alquife, con un 87,5%, y Huétor Santillán, con más de un 86%.

Quienes sí consiguieron eliminar por completo la deuda con las entidades financieras a pesar del impacto de la pandemia fueron otros 18 consistorios de la provincia. Entre los mismos, se encuentran municipios de entidad como Cijuela, Gorafe y Salar, además de otros con menor población como Marchal, Aldeire, Nevada o Sorvilán, entre otros.

Ajenos a cualquier problema con los bancos se encuentran 67 municipios de la provincia, que no deben nada ni a bancos ni a otras entidades financieras al cierre del último ejercicio correspondiente al año 2022. De acuerdo a los datos del Ministerio de Hacienda, la mayor parte de estos municipios se concentran en la comarca de la Alpujarra. Nevada, con más de un millar de habitantes censados, es el pueblo con mayor población en esta situación. El resto son núcleos de menos tamaño entre los que se encuentran Turón, Torvizcón, Soportújar y Pórtugos, entre otros. La comarca de Alhama es otra de las que cuenta con más municipios saneados económicamente. Son una decena encabezada por Chimeneas seguida de pueblos como Agrón, Arenas del Rey o Cacín.

El resto se distribuye de manera desigual por el resto de la provincia. En la Costa se distinguen Sorvilán, Otívar, Lentegí, Jete, Ítrabo y Albondón. En la zona de Guadix, destaca por población Darro y La Peza, entre otros. Salar, en el Poniente, y Deifontes y Campotéjar, en el área de los Montes, tampoco adeudan a los bancos. No lo hacen tampoco Lecrín, Nigüelas y Albuñuelas en el valle. En el Área Metropolitana, destacan Cájar, Cenes de la Vega, Chauchina, Dúdar o Pinos Genil.

Aunque los datos del Ministerio de Hacienda revelan una mejora generalizada de la situación económica en la provincia entre 2016 y 2022, casi una treintena de municipios constituyeron una excepción e incrementaron sus obligaciones con los bancos en el periodo estudiado. Fueron las localidades de Alhama de Granada, Atarfe, Benalúa, Castril, Cogollos de la Vega, Colomera, Cortes y Graena, Cúllar, Dílar, Fuente Vaqueros, Guadahortuna, Güejar Sierra, Huélago, Huétor Tájar, Huétor Vega, La Malahá, Los Guájares, Lújar, Maracena, Monachil, Montillana, Órgiva, Píñar, Purullena, Rubite, Torrenueva, Trevélez, Válor y Otura.

De estas, tres destacaron por el aumento del endeudamiento en términos absolutos. Fueron Maracena, Atarfe y Otura. La primera reconoció obligaciones por un importe de 12,3 millones de euros. La segunda lo hizo en casi 6 millones, mientras que la última alcanzó los 4,48 millones de euros en el periodo analizado.

En el caso de Maracena, el ‘agujero’ está obligando al Consistorio a apretarse el cinturón. Así lo reconoce el nuevo primer edil, el popular Julio Pérez, quien lamenta la «falta de rigor» del anterior equipo de gobierno en lo económico que ejemplifica en «embargos en la participación de los tributos por valor de 700.000 euros porque llevaban sin pagar el servicio de bomberos provincial mucho tiempo». El dirigente admite que «hay que afrontar los pagos» y, aunque desde la Tesorería se le ha indicado la posibilidad de imponer un plan de ajuste mayor que el que ya tiene, aboga por «rigor y orden» en la gestión económica «para retener el gasto y eliminar la deuda poco a poco».

Otro de los casos llamativos es el de Rubite. La localidad reconoce obligaciones por casi 1,4 millones que la convierten, por su escasa población, en la que tiene mayor deuda por habitante de la provincia. Hasta 3.400 euros por persona censada. Su alcalde, el socialista Arsenio Vázquez, admite que la situación «no es positiva», pero justifica la situación como fruto de la compleja distribución de la localidad. «Tenemos siete anejos que están muy distantes entre sí, lo que encarece los servicios. Además, durante el verano, la población se multiplica por los veraneantes que vienen a la playa a los que no podemos dejar de prestar servicios. Con los proveedores no hay problemas, pero con este tipo de deuda sí. Hemos hablado con el Gobierno para que nos ayuden y estamos buscando todas las soluciones posibles».

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Los datos oficiales provienen del Ministerio de Hacienda.

Pablo Rodríguez