Curso escolar con nuevos retos

La consolidación de la FP y la bajada de ratios conviven con la vulnerabilidad económica de muchos estudiantes

Más de ocho millones de alumnos empiezan esta semana un curso escolar en el que se seguirá desplegando la Lomloe (la llamada ley Celaá) y cuyo principal reto será seguir reduciendo las tasas de abandono y apuntalar las mejoras previstas en dicha ley. Se ha avanzado en la regularización de los profesores interinos y la mayoría de las comunidades ha aumentado las plantillas docentes, lo que sin duda repercutirá en una mejora de la calidad. Uno de los inicios más conflictivo está teniendo lugar en la Comunidad de Madrid, donde los sindicatos docentes no solo critican los retrasos y fallos en la asignación de profesores, sino que ni siquiera dan crédito a los datos oficiales de contratación.

Este septiembre confirma tendencias generales de largo alcance. La primera es un aumento del número de estudiantes que optan por la Formación Profesional, que se consolida como una vía que goza cada vez de mayor prestigio, lo que indica que la reforma está dando frutos. La otra gran tendencia es la disminución de alumnos en los ciclos de educación infantil. Este curso se ha alcanzado el mayor número de alumnos desde 1990 gracias a la mayor escolarización de 0 a 2 años, el aumento de matrícula en las etapas no obligatorias y la llegada de niños inmigrantes en los últimos años, pero la caída general de la natalidad augura un descenso progresivo en el futuro. En apenas un lustro, las primeras etapas educativas han perdido más de 300.000 alumnos. El excedente presupuestario que comportará esta caída debe destinarse a rebajar el número de alumnos por clase y a aumentar los profesores de refuerzo para necesidades especiales. Muchas comunidades autónomas ya han regulado nuevas ratios.

Con ser muy importantes, las condiciones de la docencia no son sin embargo las únicas que inciden en los resultados educativos. También hay que tener en cuenta los determinantes socioeconómicos, y no deja de ser alarmante que en España siga aumentando la población escolar en situación de vulnerabilidad. El fuerte aumento de precio de los libros de texto y del resto de material lo sufren en mayor proporción las familias de rentas más bajas. La factura media del inicio de curso es de 328 euros por alumno en Primaria, 398 en la ESO y 474 en Bachillerato. Las ayudas habilitadas para las familias vulnerables son claramente insuficientes. Particularmente las destinadas al comedor escolar, que según la ONG Save the Children, solo alcanzan en España al 11,2% de los alumnos, cuando el número de niños en situación de pobreza es del 27,4%. Sobre ese segmento debe concentrarse el mayor esfuerzo, pues está demostrado que la igualdad de oportunidades depende de que los más desfavorecidos reciban el apoyo adecuado desde la edad más temprana posible. Los países desarrollados se examinan cada septiembre de la asignatura más difícil: la justicia social.

A todos estos retos estructurales se añaden otros con los que no se contaba hasta ahora: atender la salud mental y abordar la climatización de los centros escolares. Tras la pandemia se ha producido un aumento de los trastornos psicológicos, algo que incide en el equilibrio emocional de los alumnos y, por lo tanto, en su rendimiento en los estudios y en su formación integral, algo que va más allá de la mera adquisición de conocimientos. Por otra parte, los cambios en el patrón climático, con olas de calor cada vez más tempranas y frecuentes, obligan a intervenir también sobre las instalaciones de los centros de enseñanza porque las temperaturas extremas muchas veces llegan antes que las vacaciones.

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