Ultimátum inaceptable
Israel debe detener la muerte de civiles en Gaza y no exigir que más de un millón de palestinos abandonen sus hogares
La población civil palestina de la Franja de Gaza no puede convertirse en moneda de cambio del enfrentamiento entre Israel y Hamás, considerada organización terrorista por la UE y EE UU, en el enfrentamiento desencadenado tras el salvaje ataque islamista del pasado sábado. El ultimátum del Ejército israelí para que en cuestión de horas 1,1 millones de personas abandonen sus hogares en el norte de la Franja y se desplacen al sur ante la inminencia de un ataque –previsiblemente una invasión terrestre— coloca a los habitantes de la zona amenazada no solo ante una condición imposible de cumplir en la práctica, sino que además los deja en una situación de vulnerabilidad y desamparo incompatible con la obligación que Israel tiene hacia ellos como potencia ocupante de acuerdo al derecho internacional.
La crueldad del ataque perpetrado por Hamás y la persistencia en el lanzamiento de misiles contra ciudades israelíes otorgan legitimidad al derecho de Israel a defenderse, pero el coste en vidas de civiles hasta el momento, las draconianas medidas de asedio implementadas –con el corte total de agua, electricidad y alimentos— y las condiciones irrealizables del ultimátum exceden dicho derecho. Es imposible que más de un millón de personas abandonen sus casas sin saber dónde dirigirse y encuentren un lugar seguro en el sur de Gaza, donde ya se hacina otro millón. El traslado de enfermos y heridos en unas condiciones mínimamente seguras para su vida es inviable. Y aun en el caso de lograrlo, la situación en la zona libre de la advertencia del Ejército israelí sería invivible. Hamás ha pedido a los palestinos que no hagan caso al ultimátum, lo que es una clara muestra de la utilización que hace de unos civiles en cuyo nombre pretende hablar.
La prioridad debe ser salvar vidas y explorar todas las vías necesarias, por muy remotas que parezcan. La propuesta de abrir un corredor humanitario hecha por Naciones Unidas debe ser atendida sin demora. Israel, miembro de la ONU desde 1949 y que debe su existencia como Estado moderno precisamente a una resolución –la 181— de dicho organismo, está obligado a sopesarla. La apertura de ese corredor tendría como primer efecto inmediato el cese de los bombardeos sobre la Franja. El Ejército israelí ha informado que desde el sábado ha lanzado unas 6.000 bombas que, en palabras de uno de sus portavoces, están poniendo más énfasis en el daño que en la precisión. Y para garantizar un mínimo soporte vital, tanto a los desplazados como a la población que los acoge, debería ir acompañado del levantamiento del castigo colectivo que supone la interrupción de suministros básicos. No se trata en ningún caso de respaldar un desplazamiento masivo de palestinos que resulte irreversible sino de detener el baño de sangre. Israel repite que su ofensiva no está dirigida contra la población palestina sino contra Hamás, pero sus acciones le contradicen. Quienes está pagando en mayor medida sus consecuencias son los gazatíes y no la organización terrorista.
Conviene recordar que entre los secuestrados por Hamás hay ciudadanos de otras nacionalidades además de israelíes –entre ellos probablemente un español— cuyas vidas no se pueden confiar a la piedad de la organización islamista que ya ha dado muestras suficentes de crueldad, sino al sentido de proporcionalidad y responsabilidad de las autoridades israelíes. A los rehenes hay que añadir el personal internacional que trabaja o reside en la Franja. Sus gobiernos también están obligados a explorar vías para salvar las vidas de sus compatriotas y para evitar la muerte de los civiles palestinos de Gaza.