‘Caminando por la vida, del 23J al 27N’ por Ignacio Henares
Como Melendi, el presidente del gobierno, (en funciones) va caminando, sin pausa pero sin prisa, desde la celebración de las elecciones generales hasta la fecha límite antes de la convocatoria automática de elecciones generales.
Como muchas personas me he visto, (y sigo), asediado desde las elecciones generales por mi posición sobre el tema de la investidura que ha derivado finalmente en la absurda reducción sobre qué opino de la amnistía.
Aquí también abundan los todólogos, los expertos en todo lo que se menea que ya han dictaminado la inconstitucionalidad de una ley que aún no ha visto la luz
Quiénes me preguntan, de manera machacona, sobre si habrá investidura o repetición de elecciones y sobre la constitucionalidad de una medida de gracia, adicional a la que se realizó con el indulto en la legislatura pasada, me temo que no buscan mi (nuestra) opinión, mis (nuestros) argumentos, ellos ya tienen sus propias respuestas. Aquí también abundan los todólogos, los expertos en todo lo que se menea que ya han dictaminado la inconstitucionalidad de una ley que aún no ha visto la luz. Yo pienso que, en realidad, la mayoría de las veces, detrás de estas preguntas sólo hay un intento de elevar la crispación política, a menudo usando bulos disparatados; lo que se pretende, de manera intencionada, es conseguir que fracasen las negociaciones necesarias para conformar una mayoría parlamentaria en base a acuerdos políticos, una mayoría que la mayoría de la población, (valga la redundancia), ya da por hecha.
En mi opinión, el 23J fue el momento de la ciudadanía que expresó de forma democrática su opinión. Los resultados, con una altísima participación en las urnas, (a pesar de los malos augurios en contra y de ‘la calor’), obligan a los partidos políticos a traducirlos y a conformar una mayoría con esas mimbres.
Durante este tiempo hemos visto cómo se diluía la investidura del ‘virtual ganador’ de las elecciones y como Feijóo gastaba el amplio periodo de tiempo solicitado al Congreso, dedicándose a hacer oposición a Pedro Sánchez y a intentar deslegitimar, de nuevo, un posible gobierno de coalición progresista con la ya manida cantinela del gobierno Frankestein. Como se preveía, la sesión de investidura ha sido la crónica de un fracaso anunciado ya que el único apoyo que tiene el Partido Popular, la formación ultraderechista de Vox, tira para atrás a otros posibles ‘socios’. Lo positivo de esta fallida investidura es que el reloj de la cuenta atrás, señalado por el artículo 172 de la Constitución, se puso en marcha y el 27N se cumple el plazo máximo para una nueva investidura antes de la convocatoria automática de nuevas elecciones generales.
Cuando lo que me piden, de buena fe, a cada paso en las negociaciones, es un pronóstico, suelo decir que “lo más probable es que quien sabe”. Ciertamente, la situación es compleja y la intervención de diferentes actores con objetivos y lógicas diferentes hace difícil predecir un resultado en el que encajen todas las piezas. Tenemos el antecedente de la constitución de la Mesa del Congreso pero, en el caso de la investidura, es más complicado dado que el actual candidato, querrá lógicamente un Acuerdo que vaya más allá del voto inicial y los diferentes grupos parlamentarios querrán por su parte, como es lógico también, rentabilizar al máximo la necesidad de sus apoyos teniendo además en cuenta que en el horizonte se asoman elecciones en País Vasco y en Cataluña y los que ahora tienen que acordar en qué están de acuerdo, pronto querrán visualizar sus diferencias para defender intereses electorales diferentes e incluso divergentes.
La peor opción sería la repetición de las elecciones, (que probablemente condujeran a unos resultados similares), porque supone un fracaso político generalizado
Si lo que me preguntan es qué desearía yo que ocurriera, mi respuesta no plantea ninguna duda. La peor opción sería la repetición de las elecciones, (que probablemente condujeran a unos resultados similares), porque supone un fracaso político generalizado. La segunda peor opción, con la configuración parlamentaria actual, si exceptuamos todas las demás, es que la segunda fuerza política, el Partido Socialista, consiga aglutinar una mayoría parlamentaria similar a la de los últimos cinco años, que permita revalidar un gobierno de coalición progresista, si no para toda la legislatura, al menos que alcance un Pacto amplio para los Presupuestos Generales del Estado y una agenda legislativa de mínimos que incluya asuntos de gran trascendencia social como la Ley de Vivienda o una Reforma del Estatuto de los Trabajadores. El cemento que debe unir es espantar la posibilidad de que, bajo la etiqueta de ‘derogar el sanchismo’, se dé marcha atrás a los importantes avances sociales y económicos logrados en los últimos años.
No hay que tener miedo a las soluciones políticas de los conflictos políticos y en todo caso hay que tener en cuenta que la alternativa al susto es muerte. Lo de que España se rompe, se hunde, ha quedado ya desacreditado y lo que da pena es que haya tanta gente que sufra porque a España le vaya relativamente bien (dentro de la difícil situación política y económica internacional generalizada, ahora agravada de nuevo con el conflicto entre Israel y Palestina).
Tras la Cumbre celebrada en Granada he reforzado mi idea de que esta solución es la más adecuada no sólo para nuestro país sino también para el futuro político del conjunto de la Unión Europea ya que se constituye en un faro que ilumina a las fuerzas progresistas del continente y en buena medida también para liberales y derecha moderada ya que el mensaje que exportamos es que no caben extremismos populistas ni separatismos sectarios.
Una solución a un mapa político complicado que, manda huevos tener que repetir, surge del diálogo dentro del marco de la Constitución Española, pero entendida esta como una herramienta para la convivencia pacífica en un país con una gran pluralidad y diversidad política y territorial, reconocidas y amparadas por la propia Carta Magna y no como un martillo de herejes a los que hay que pegarles en la boca con algún artículo aislado, sacado de contexto o malinterpretado de dicha CE78.
Es posible que esta fórmula tenga un gran desgaste para Pedro Sánchez y para el PSOE (también para el independentismo que puede sufrir una escisión al renunciar ‘de facto’ a la autodeterminación y a la unilateralidad), pero como en tantos momentos en la historia de este partido centenario, el PSOE sabrá estar a la altura de lo que España necesita, altura de miras que le está faltando a algunos de sus nostálgicos exdirigentes. Este desgaste entre la izquierda estatal y los diversos nacionalismos periféricos, servirá, tendrá éxito, si además de constituir una salida al embudo penal del conflicto político surgido del Procés, permite avanzar en soluciones a los retos y problemas de la sociedad como la desigualdad, el cambio climático, la despoblación o el mantenimiento del Estado del Bienestar. Lamentablemente estos asuntos, tan importantes o más que las medidas de gracia no tienen la relevancia en el debate público que merecen y quedan opacados intencionadamente como si no estuvieran en juego también.
El Partido Popular, que juega desesperadamente a nuevas elecciones, ya se ha situado en la oposición, y también se la juega. Puede optar por oponerse sistemáticamente a todo avance con su estrategia del ‘cuánto peor, mejor”, alentando la confrontación y alimentando el odio, “tomando las calles”, o bien puede optar por contribuir activamente en forjar grandes acuerdos en asuntos de Estado y hacer Política desde las instituciones. Por ejemplo, desbloqueando, por fin, la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Feijóo, como líder de la oposición, se la juega doblemente, ante el PP y ante la sociedad española, si es que aguanta y/o lo aguantan. Porque el aplauso y el ensalzamiento hoy de los hooligans puede ser el abrazo del oso mañana.
Permítanme que no entre, por ahora, en la discusión jurídico-constitucional. Nuestro ordenamiento tiene recursos y herramientas para velar por esta cuestión y yo confío en estos resortes, incluso en las ocasiones en que no comparto sus decisiones. He leído voces a favor y gritos en contra, como en otras muchas cuestiones en que la doctrina y la jurisprudencia no son unánimes, debido a la propia naturaleza de la Constitución nacida de grandes acuerdos, de renuncias y de aplazamiento de temas decisivos. Al final será el Tribunal Constitucional el que decidirá, en su caso, la constitucionalidad de los eventuales acuerdos.
No tengo ninguna duda de que España saldrá adelante, el quid de la cuestión es la dirección. Yo me la juego todo al rojo para que el rumbo sea el del progreso, hacia una transición ecológica, digital y socioeconómica, aunque de ello no se esté hablando mucho.
IGNACIO HENARES
foto: El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a su llegada a la Reunión Informal del Consejo Europeo, en Granada.