Lo que significa tomar en serio el derecho de asilo

Ante la manida crisis de los refugiados, nuestros políticos habían adoptado la pose de haber entendido que nos encontrábamos ante una emergencia humanitaria y derramaban lágrimas, compungidos, al tiempo que condenaban las imágenes terribles que aparecían en los medios. Mientras, con la boca pequeña, susurraban que, por otra parte, se trataba de una avalancha que nos sumía en enormes dificultades y amenazaba la garantía del Estado del bienestar y en particular de los ciudadanos europeos más desfavorecidos. Ese sutil mensaje de xenofobia ha dado sus frutos. Hoy se multiplican las manifestaciones y actos contra los refugiados, fruto en gran medida de la dimisión de esos responsables políticos (y de los responsables de muchos medios de comunicación) de su tarea ineludible, que consiste en explicar a la población la realidad. También los deberes que tenemos contraídos con los otros. Y la necesidad de cumplir con esos deberes.

Así, hemos pasado a admitir como rutina y después a digerir, mirando con indiferencia e incomodidad, imágenes inaceptables para una sociedad civilizada. Vallas, alambradas, ancianos, mujeres y niños abandonados a su suerte, masas acarreadas como ganado, a veces apaleadas, manifestaciones crecientes que transparentan un odio que hace aún más insoportable la  discriminación hacia esos otros que son inmigrantes y refugiados. Sobre todo, esos dos iconos del horror más profundo de la conciencia europea: los trenes y los campos. Trenes abarrotados de personas tratadas como ganado; campos en los que acaban amontonados y sin esperanza. Lo dejó escrito Arendt: la historia contemporánea ha creado un nuevo tipo de seres humanos, los que son confinados en campos de concentración por sus enemigos y en campos de internamiento por sus amigos.

Pero no: el asilo no es una cuestión de caridad, ni de hospitalidad o de piedad en el sentido moral (menos aún de ese hipócrita sucedáneo que es la moralina al uso). Es un derecho. Un derecho que la inmensa mayoría de los gobernantes europeos (con honrosas excepciones) no toma en serio e incluso sitúa en grave riesgo de desaparición o de una desnaturalización tan profunda que pierde su sentido. Porque sometido a recortes, procedimientos extrarrigurosos, condiciones onerosísimas para con quien huye por salvar su vida, políticas de externalización… el asilo se desvanece. Se hace inasequible, impracticable. Justo en el momento en que, según prueban las estadísticas de ACNUR, cada vez más seres humanos, por millones, necesitan de esa esperanza del derecho.

Las prestaciones no son gratis

Los políticos europeos no quieren tomar en serio ese derecho, que tiene costes, sí. Porque las prestaciones que contiene el derecho de los asilados no son gratis. Pero es que lo sabíamos y quisimos aceptar esa obligación en 1951, por solidaridad, por sentido de la justicia y del derecho, cualidades que pareciera que se han desvanecido en Europa. Así lo prueban las disposiciones adoptadas por el Parlamento danés —a la imagen de Suiza y de los estados alemanes de Baviera y Baden-Wurtembgerg—, que imponen contribuciones económicas (verdaderas exacciones) a los propios refugiados, bajo pretexto de la igualdad con los ciudadanos daneses que gozan del salario social (¿qué broma es esa, igualdad entre un huido de la guerra de Siria y un parado danés?) y para poder asumir la “carga económica”del asilo. Dinamarca, cuyo PIB per cápita más que duplica el de Líbano, Jordania, Turquía o Kenia juntos (países receptores de refugiados por centenares de miles). Lo mismo sucede en este momento en Alemania, donde la coalición gubernamental ha alcanzado un acuerdo para restringir las admisiones, disminuir el número y duración de las prestaciones a quienes se concede el derecho de asilo o la protección subsidiaria y favorecer la denegación y expulsión de los solicitantes de asilo. La existencia de los campos de Calais y Grande-Synthe evidencia también el doble rasero que emplea Francia y desvanece el asilo en la que fuera tierra de promisión de los refugiados. Y la política del Gobierno de Rajoy, que exhibe sin disimulo la supeditación del derecho de asilo a una mal entendida defensa de la soberanía del territorio, como lo ejemplifican Ceuta y Melilla, no contribuye a ofrecer esperanza.

Hemos pasado a admitir como rutina y a digerir imágenes inaceptables para una sociedad civilizada

Todo ello además de las reformas contra el asilo en los cuatro países de Visegrado (Hungría, República Checa, Eslovaquia y Polonia), los primeros que se opusieron a un sistema común y obligatorio con cuotas solidarias para distribución de reasentamiento y de acogida. España, Francia, Italia y Reino Unido contemplan restricciones en los procedimientos administrativos y criterios arbitrariamente selectivos respecto a los países de procedencia. Noruega y Finlandia expulsan hacia Rusia a los refugiados que llegaron a pie a esos países cruzando territorio ártico. Suecia aminora sus cuotas y trata de agilizar los procedimientos de expulsión.

Responsabilidad externalizada

En suma, la UE no ha conseguido imponer de hecho lo que ya existía como Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) y busca la vía habitual de comprar con millones de euros la externalización de la contención de los refugiados, complementada con el compromiso de aceptar devoluciones incluso colectivas (es el pacto con Erdogan a cambio de 3.000 millones de euros). Al mismo tiempo, Bruselas amonesta severamente a Grecia por no cumplir eficazmente su papel de guardián de la frontera del Egeo convertida en ruta preferente. ¡A Grecia! A la que, por si no tuviera poco con soportar las medidas austericidas que Tsipras ha acabado aceptando,  no se ha ofrecido el mínimo de ayuda para al menos salvar y rescatar a los náufragos en su ruta hacia las islas Kos y Lesbos. Una tarea que están tratando de cumplir un puñado de ONG y voluntarios individuales.

Es decir, que la UE externaliza  sus responsabilidades en lugar de asegurar corredores humanitarios y favorecer procedimientos ágiles y asequibles para plantear las demandas de asilo aprovechando las posibilidades que le ofrece su servicio exterior (el suyo y el de los 28 estados miembros). ¿Qué hacer? ¿Pueden los estados de la UE asumir ese desafío? Mi respuesta es inequívoca: sí, siempre que haya un marco obligatorio, común y equitativo entre todos ellos. El primer paso es crear una autoridad o agencia específica para la gestión del sistema de asilo y refugio y de la protección subsidiaria (con especial atención a los programas de reasentamiento). No basta, a mi juicio, con la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) ni, evidentemente, con Frontex —ni siquiera en su modalidad de verdadera policía de fronteras propuesta por la Comisión en su comunicación del 15 de diciembre—.

Además, es necesario aumentar y concretar vías legales asequibles y procedimientos ágiles para la solicitud de asilo. Por ejemplo, garantizando la posibilidad de pedir asilo en embajadas y consulados en los países de origen, limítrofes y de tránsito y que se abra así el expediente de asilo sin que sea necesario llegar a territorio europeo para hacerlo. Y es preciso realizar un esfuerzo para dotar oficinas europeas de examen de solicitudes de asilo, en coordinación con ACNUR, sobre todo en los países limítrofes con aquellos en los que existen situaciones de conflicto que generan desplazamientos de refugiados.

Es vital poner las condiciones para hacer efectiva la Directiva Europea de Protección Temporal (2001/55CE del Consejo) activando el mecanismo contemplado para hacer frente a emergencias humanitarias y que, además, habilita medidas que pueden beneficiarse del Fondo Europeo para los Refugiados. Eso incluye eliminar la exigencia del visado de tránsito a aquellas personas que proceden de países en conflicto y mejorar los programas de reunificación familiar.

Sometido a recortes y políticas de externalización, el derecho de asilo se hace impracticable

Obviamente, es necesario también reforzar e incrementar los programas de reasentamiento en coherencia con el número de refugiados existente, asumiendo un reparto equitativo y solidario entre todos los estados. La propuesta que hizo la Comisión Europea en su nueva agenda migratoria en mayo de 2015, que suponía una cifra ridícula en comparación con las necesidades reales (16.000, cuando Líbano solo acoge más de 1.100.000) debe y puede ser un buen criterio metodológico. Pero siempre que se centre todo el esfuerzo en agilizar, facilitar y ordenar el acceso al asilo a quienes lo necesitan, a quienes tienen un derecho frente al cual, nosotros, no podemos olvidar nuestra obligación.