Brecha entre generaciones
Las políticas públicas deben abordar con decisión la creciente desigualdad entre jóvenes y mayores de 65 años-
Las sociedades occidentales asisten en los últimos años a un notable aumento de la desigualdad socioeconómica. A las persistentes brechas de renta, género o territorial se ha sumado otra generacional que ha incrementado la vulnerabilidad económica de los jóvenes con respecto a la población mayor. En las últimas dos décadas, los hogares españoles cuyo cabeza de familia tiene más de 65 años han visto crecer su renta sin sufrir caídas por la crisis de 2008, lo que sí ha ocurrido en los demás tramos de edad, especialmente entre los menores de 35 años, según un reciente informe de la Fundación Afi Emilio Ontiveros. Tasas de desempleo más elevadas —más del doble entre los menores de 40 años que entre quienes superan dicha edad— y una diferencia salarial entre jóvenes y mayores que ha aumentado de forma significativa en la última década contribuyen a esta situación.
Pero sobresale un hecho repetido en todos los análisis: las barreras económicas y la incertidumbre laboral están minando la capacidad de muchos para acceder a una vivienda propia. Los hogares menores de 35 años con una casa en propiedad han caído de casi el 70% en 2011 a un 36% en 2020, según dicho informe. Cada vez se independizan menos jóvenes —la edad media supera ya la treintena—, y quienes lo hacen tienen menos renta y no pueden acceder a un domicilio propio, en especial cuando suben la inflación y los tipos de interés.
La inequidad intergeneracional es una cuestión esencial en la lucha contra la desigualdad que debe abordarse sin demora. La carencia de un sistema de protección para los más jóvenes conduce a un país en el que estos pueden sentirse marginados. Los familiares de mayor edad se han ido convirtiendo en un colchón económico cuando la crisis ha arreciado. Un 37% de los progenitores mayores de 60 reconoce haber ayudado en el último año a sus hijos a llegar a fin de mes, según otro estudio de la Fundación BBVA.
Factor clave es que el sistema de impuestos y prestaciones redistribuye, como es normal, más entre los mayores que entre los jóvenes por el peso de las pensiones. Esta evidencia no debe plantearse como una pugna entre grupos de edad, sino como una desigualdad que requiere soluciones que impliquen tanto a los poderes públicos como a la empresa privada. El debate no es contraponer pensiones de jubilación a magros salarios juveniles ni polemizar sobre qué grupo de los dos recibe más atención por parte de gobiernos y partidos, sino abordar de forma decidida políticas concretas que combatan la precariedad laboral, fomenten el empleo digno de los jóvenes y atajen problemas que les afectan claramente, como el de la vivienda. Las prestaciones por desempleo no pueden seguir siendo la principal parte del gasto social dirigido a la juventud.
Los jóvenes que han crecido durante las sucesivas crisis de los últimos años afrontan grandes dificultades para emanciparse y desarrollar sus proyectos vitales, su mayor prioridad junto a la mejora de las condiciones laborales. Enfrente, los mayores de 65 años, un grupo clave para el mantenimiento de familias enteras, han soportado mejor los embates de dichas crisis. Implicar a las nuevas generaciones en el sistema solidario que apuntala el Estado de bienestar sin restar derechos a sus antecesores supone un reto que compete a todos en un país envejecido que se asoma a una nueva revolución tecnológica llamada a cambiar en un futuro inmediato las formas de empleo y de vida. Pocos desafíos resultan tan estratégicos como mejorar el porvenir de nuestra sociedad mejorando el de nuestros jóvenes.
