Populismo agrario con aroma ultra, el menú de moda en Europa

Es más sencillo alterar el orden público y cortar el acceso a ciudades e infraestructuras básicas subido a un tractor que a pie. De entrada, recibes un trato diferente de la Policía o Guardia Civil, que es cierto que tiene dificultades materiales para impedir el paso a decenas o centenares de vehículos. En el plano político, la diferencia es más clara. Nadie se atreve a decir a los agricultores que algunas de sus reivindicaciones son incompatibles con la normativa europea, con limitaciones presupuestarias o con otras cuestiones como la lucha contra el cambio climático.

Los políticos tienen miedo a los agricultores cuando estos se enfurecen. Saben que los necesitan, también sus votos, y aportan muchísimo dinero para que sigan haciendo su trabajo. El problema es que el sistema económico les ha concedido el primer eslabón de la cadena alimenticia, que es el más débil. Quienes ponen directamente la comida en la mesa son las distribuidoras y las grandes superficies comerciales, que son las que obtienen los mayores beneficios.

Será por eso que en Vitoria 400 agricultores y ganaderos se concentraron ante la sede logística de Mercadona y gritaron “si el campo no produce, la ciudad no come”.

Los cortes de carreteras que se han visto en las últimas semanas en Europa han llegado este martes a España. Los convocantes no han sido los principales sindicatos agrarios. El malestar de los agricultores se ha plasmado en un llamado “Manifiesto Agrupación Nacional de Agricultores y Ganaderos del Sector Primario 6/02/2024” con reivindicaciones entre las que es fácil identificar las habituales de los partidos de extrema derecha en Europa.

Exigen la “derogación de la Agenda 2030”, una de las bestias negras de Vox y presentada como una amenaza planetaria. Quieren eliminar la ley de bienestar animal y las protecciones a las especies, “que atentan contra la agricultura, ganadería y zonas rurales”. Está claro que abominan de cualquier protección del medio ambiente. Demandan una gestión del agua “consecuente con las necesidades de cada territorio”, una especie de agua para todos y da igual de dónde salga.

Es significativo que reclamen el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria, “donde el agricultor no sea obligado a vender a pérdidas”. No les falta razón, porque no sirve de nada aprobar leyes si luego no se ponen en marcha los mecanismos necesarios para que se cumplan y se sancione a los culpables. Las multas aprobadas en un año han sido irrisorias.

Existe un punto que confirma que algunas de estas peticiones están fuera de la realidad. Pretenden que los gobiernos europeos impongan “aranceles a la entrada de productos extracomunitarios”. Eso incluye países con los que la UE ha firmado tratados comerciales que está obligada a cumplir. Es la gran bicha del mundo agrario que ve competidores desleales por todos los lados. Los españoles miran constantemente a Marruecos. Curiosamente, los franceses acusan con la misma frecuencia a España, lo que ya sabemos que era una tradición hasta la entrada en la UE. El infierno son los tomates del otro.

Se ha visto esta semana con los comentarios de Ségolène Royal, que ha hecho el recorrido contrario al de Javier Milei. Ella ha pasado de candidata a la presidencia francesa a tertuliana exaltada.

La movilización recupera críticas conocidas a la PAC comunitaria. Hay un rechazo constante a todos los requisitos burocráticos que conlleva, aunque parece difícil justificar que las inmensas cantidades de dinero que mueve se concedan sin el control pertinente. Los subsidios europeos que parten de Bruselas llegan a los 60.000 millones de euros anuales, es decir, una tercera parte de todo el presupuesto comunitario.

Quizá el sistema de ayudas debería haberse reformado hace tiempo, pero encontrar el consenso necesario para hacerlo sería tan difícil que pocos gobiernos están dispuestos a apostar por ello. En la última ampliación de la PAC, sí se establecieron ayudas adicionales a los que empleaban prácticas beneficiosas para el medio ambiente, y eso ya incomodó bastante a muchos agricultores.

En Hungría, el nivel de corrupción en la concesión de los subsidios de la PAC –y su aprovechamiento por la élite que apoya a Viktor Orbán al beneficiar a los grandes productores agrarios– ha sido tan grande que hay que pensar que no puede ser el único país que utiliza mal el sistema, quizá sí el que lo hace de forma más descarada.

La protesta del campo ha sido aprovechada desde el primer momento por la extrema derecha europea para cargar contra la Unión Europea, pero sin tocar las subvenciones, y las medidas contra el cambio climático. De entrada, y al estar tan cerca las elecciones europeas de junio, ha conseguido que el Partido Popular Europeo acepte algunas de sus exigencias.

Los conservadores votaron en el Parlamento Europeo contra el recorte en el uso de pesticidas. Ursula von der Leyen confirmó el martes que ha sido cancelado con el argumento de que ha pasado a ser “un símbolo de polarización”. Es decir, es lo bastante polémico como para que sea mejor esconderlo en un armario durante el año electoral.

Las acciones de Bayer, el mayor productor europeo de pesticidas, subieron un 5% al conocerse la decisión, según el Financial Times.

En España, Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado las protestas para criticar al Gobierno por su “enorme desdén” por el mundo agrario. Calificó al Gobierno de “urbanita”, esos pijos que no se manchan los zapatos porque viven en el asfalto. “La política medioambiental no se puede diseñar mirando por una ventana en la Castellana, en Madrid, sino viniendo al rural”, dijo en Lalín tras visitar una explotación ganadera (foto obligada con vacas, como en la época de Casado). Como él, que luego confundió el metano con el metanol, con lo que hay que llegar a la conclusión de que Feijóo es de esos urbanitas que no saben lo que sale de una vaca. O eso o las vacas gallegas son únicas en el mundo.

Muchas industrias se están beneficiando en los últimos años de las políticas ambientales de la UE a través de nuevas subvenciones e incentivos en favor, por ejemplo, de las energías renovables. La duda ahora es si habrá que soltar más fondos para que el sector primario no obstaculice esas políticas. Pero aumentar los ya cuantiosos fondos para agricultura y ganadería, que es algo que Francia y España apoyarían sin dudar, puede ser un trago demasiado duro para otros países de la Unión.

Los conservadores alemanes no estarán en principio abiertos a esa idea. La solución, tal y como la ha defendido el PPE, sería aprobar una moratoria de dos años en la aplicación de varias medidas de las políticas verdes. En realidad, todo lo que suene a verde en la legislación europea y las directivas de la Comisión es visto como un desastre para los agricultores. Manfred Weber, del PPE, ya llama “ideología izquierdista” a las medidas verdes cuestionadas.

Donde no se podrá hacer mucho es con una de las reivindicaciones que los agricultores movilizados han esgrimido en España: un compromiso “contra las prácticas de Geoingeniería Climática, que tanto perjudican al sector”. Digamos que ese concepto tiene que ver más con proyectos de investigación, por ejemplo para capturar dióxido de carbono, que con una realidad del presente.

Es muy probable que los autores del listado estén pensando en los inexistentes ‘chemtrails’, lo que da una idea de la solvencia de sus argumentos y del aire, bastante viciado, que respiran.