Nuevo juicio al exalcalde de Atarfe por el caso del Residencial la Estrella

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada acoge desde este martes un nuevo juicio contra el que fuera alcalde de Atarfe (Granada), el socialista Víctor Sánchez, y el secretario y el arquitecto municipales en el Ayuntamiento, por la venta supuestamente irregular de unos terrenos de equipamiento público a un promotor que, en lugar de construir un complejo residencial destinado a la tercera edad como estaba previsto inicialmente, edificó un total de 116 apartamentos de uso libre.

El juicio, que se prolongará durante los días 17, 18, 23 y 24 de febrero, se iba a celebrar hace un año, en febrero de 2015, pero la enfermedad de uno de los letrados personados, que se encontraba hospitalizado, obligó al tribunal a la suspensión de la vista.

La Fiscalía pide para el regidor y los trabajadores municipales, Luis Gustavo G.C. y José Antonio L.G., un total de tres años y medio de prisión, 22 y medio de inhabilitación para empleo o cargo público por los delitos de prevaricación ordinaria, prevaricación urbanística y malversación, y acusa también al promotor presuntamente implicado, Francisco Espartero, para quien solicita cuatro años de cárcel, multas de 16.200 euros, e inhabilitación especial para profesión u oficio, por un delito contra la ordenación del territorio y otro de estafa.

En este nuevo caso, la Fiscalía sostiene en su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, que el que fuera alcalde, el arquitecto y el secretario municipales decidieron autorizar la construcción del Residencial La Estrella, “mediante la elaboración de un plan preconcebido y actuando de común acuerdo”, a la empresa Residencial Estrella de Atarfe S.L. de la que es administrador único Francisco Espartero, en unos terrenos con una superficie de 6.413 metros cuadrados.

Se trataba de una parcela de carácter equipamental, situada en suelo urbano dotacional público, por lo que la autorización de la construcción requería, “en todo caso”, el cumplimiento de los requisitos y los trámites legalmente previstos y exigidos por la normativa urbanística para este tipo de suelo.

Así, los acusados, “guiados por el ánimo de beneficiar económicamente” a la empresa de Espartero, “previamente concertados y en connivencia” con el promotor, “idearon un plan”, creando la “apariencia” de que iban a respetar el proyecto inicialmente presentado de construcción de un residencial de viviendas destinadas a la tercera edad, con las características propias de este tipo de edificaciones, “cuando lo realmente pretendido era la venta libre”, porque iba a generar “mayores beneficios”, aunque con el “consiguiente grave perjuicio” al municipio de Atarfe.

Ya el 3 de octubre de 1997, Sánchez acordó en pleno la cesión a favor de la empresa municipal Proyecto Atarfe S.A. de los terrenos de esa parcela, ubicada en la Unidad de Ejecución 9, “previo informe favorable” del también imputado secretario municipal. Posteriormente, Sánchez, en su condición también de presidente del consejo de administración de Proyecto Atarfe aceptó el 6 de febrero de 1998 la cesión y posible enajenación de los terrenos destinados a equipamientos fijando un precio de venta de entre 1.500 y 2.000 de las entonces pesetas el metro cuadrado, sin la correspondiente desafección, en contra de lo que exige la normativa urbanística.

De esta forma, vendió el regidor a Espartero mediante escritura la parcela de 6.413 metros cuadrados, a un total de 9.619.500 pesetas (1.500 el metro cuadrado), con la condición de que la finca adquirida fuera destinada a equipamientos o usos de interés social.

“No acorde al uso del suelo”

Asimismo, el empresario, “con la intención de construir una edificación de carácter privado y para eludir” esa obligación, presentó ante el Ayuntamiento para obtener la licencia un proyecto básico y de ejecución del Residencial la Estrella para personas mayores. Por tanto, debería tratarse de un centro dedicado a la prestación de residencia, como equipamiento sustitutivo del hogar a aquellas personas que lo precisasen de forma temporal o permanente.

Sin embargo, no cumplió con el uso público sanitario asistencial previsto, ya que proyectó la edificación, según sostiene el fiscal, para ser enajenada a tantas personas al menos como número de viviendas previstas, quedando así patente su intención de “proceder a su venta privada a particulares”.

Posteriormente, el 25 de noviembre de 2002 el alcalde, “sin tramitar el correspondiente expediente administrativo municipal” para la autorización de la prestación del servicio de residencia, “que era evidente que no se pretendía realizar”, otorgó a la entidad Residencial Estrella de Atarfe S.L. licencia de obras en su condición de equipamental, consistente en la construcción de 116 apartamentos para personas mayores, con locales comerciales y aparcamientos.

Ello, previo informe favorable del arquitecto municipal, que era “pleno conocedor” de las condiciones exigidas para este tipo de suelo y de su “incumplimiento” en el proyecto de ejecución presentado, y con el consentimiento también del secretario, que permitió la enajenación de un bien demanial “faltando a su deber de velar por el cumplimiento de la legalidad”.

Finalmente, el promotor, “guiado en todo momento por el ánimo de obtener ilícitos beneficios económicos”, ejecutó un conjunto residencial con apartamentos que no cumplían con las condiciones exigidas, sin establecer los servicios para satisfacer las necesidades de los ancianos, que deberían haber sido los destinatarios de las viviendas.

De hecho, procedió a enajenar los apartamentos a personas que no cumplían con los requisitos originariamente establecidos, procediendo incluso a la venta de varios de ellos a un solo comprador para su posterior venta o alquiler a otras personas, provocando que todas las viviendas fueran libres y ocasionando un “grave perjuicio” a aquellos que adquirieron los inmuebles ofertados en la creencia de que iban a satisfacer sus necesidades como personas mayores de la tercera edad.

A pesar de lo anterior, el alcalde, “con pleno conocimiento de tales irregularidades”, concedió las correspondientes licencias de ocupación el 21 de octubre de 2004 y el 21 de enero de 2006, “certificando así que todo estaba correctamente realizado, cuando la realidad era otra”.

Indemnización al municipio de Atarfe 

Además de las penas de cárcel, inhabilitación y multas, el Ministerio Público solicita en su escrito de acusación provisional, de fecha 18 de marzo de 2013, la declaración de nulidad de la escritura de compraventa, de la licencia de obras y de las licencias de ocupación, e interesa la demolición de las viviendas realizadas por Espartero conforme a esas licencias.

Asimismo, pide el fiscal que tanto el exalcalde, como el secretario y el arquitecto municipales indemnicen “conjunta y solidariamente” al municipio de Atarfe “por el perjuicio causado a éste a consecuencia de la enajenación de un bien demanial a un tercero particular” en una cantidad por determinar.

También exige para el promotor el pago de 10.000 euros a cada uno de los 31 ancianos afectados por la compra, en concepto de daños morales, y con la responsabilidad civil subsidiaria de la mercantil Residencial Estrella de Atarfe.

En el caso también están personados IU-Los Verdes y Ecologistas en Acción, como acusación popular, y los ancianos afectados, como acusación particular, que solicitan por los mismos delitos las mismas penas para los cuatro inculpados.