6 diciembre 2024

El movimiento Earth Day tiene como aspiración «reducir en un 60 % la producción de plásticos de aquí a 2040». Durante el Día de la Tierra de este año, todas las iniciativas estarán enfocadas a informar y sensibilizar a la opinión pública sobre los perjuicios de la contaminación plástica.

El 22 de abril, como cada año desde 1970, se celebra el Día internacional de la Tierra, la jornada más importante dedicada a la protección del medio ambiente. En esta ocasión, la organización Earth Day ha elegido el lema «planeta versus plástico». El movimiento tiene como aspiración «reducir en un 60% la producción de plásticos de aquí a 2040».

Durante el Día de la Tierra de este año, todas las iniciativas estarán enfocadas a informar y sensibilizar a la opinión pública sobre los perjuicios que la contaminación plástica supone para la salud humana, la biodiversidad y el medio ambiente y sobre las medidas necesarias para atajar el problema.

Entre ellas, la Earth Day menciona la necesidad de impulsar con urgencia la adopción del futuro tratado contra el plástico, incluido en el Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas y que se está trabajando con los estados desde 2022 en el Comité Intergubernamental de Negociación sobre la Contaminación por Plásticos (INC, por sus siglas en inglés). Al margen de que se prevea finalizar un tratado dentro de 2024, es muy probable que el acuerdo que resulte de las negociaciones no esté a la altura del ambicioso objetivo que se proponen los promotores del Día de la Tierra.

590 millones de toneladas de plásticos en 2050

Se prevé que la producción mundial de termoplásticos ascenderá a 445,25 millones de toneladas en 2025 y que los volúmenes anuales de producción seguirán aumentando en las próximas décadas hasta alcanzar aproximadamente los 590 millones de toneladas en 2050. Esto supondría un incremento de más del 30% con respecto a 2025.

Se prevé que la producción mundial de termoplásticos ascenderá a 445,25 millones de toneladas en 2025

Estos datos manifiestan la inadecuación de los sistemas de reciclaje actuales, así como de alternativas, aparentemente más sostenibles, como los plásticos biodegradables o los bioplásticos.

Claro está que no se puede pedir que el futuro tratado regule y resuelva los múltiples retos –técnicos, económicos y sociales– que suponen todas las fases de vida de los plásticos (la extracción de las materias primas, el diseño de los productos, su consumo, la gestión y el traslado transfronterizo de los desechos plásticos).

No obstante, en atención a la gravedad y la urgencia del problema, parece que una (¿quizás ya la única?) solución aún posible para invertir el rumbo al que nos llevan las cifras referidas sería la inclusión en el nuevo tratado de una prohibición a los estados partes de producir nuevos plásticos innecesarios.

Sin embargo, después de la tercera ronda de negociaciones del INC (de las cinco previstas), la sensación es que los delegados estatales no están realmente barajando esta posibilidad, ni siquiera a medio plazo.

Nuevas negociaciones en abril

En el momento en que se escribe, disponemos de un segundo borrador de tratado que será el documento de referencia para las negociaciones de la cuarta sesión, que tendrán lugar del 21 al 30 de abril de 2024 en Ottawa (Canadá). El documento recoge las diferentes posturas de los representantes nacionales durante la tercera ronda de negociaciones que tuvo lugar en Nairobi (Kenia), en noviembre de 2023.

Este segundo borrador cubre un amplio abanico de alternativas, en ocasiones diametralmente opuestas. Por un lado, mantiene la propuesta de prevenir, reducir progresivamente y eliminar la futura contaminación plástica para 2040, reflejando así las posturas de los países más interesados en erradicar el problema, como los reunidos en la Alianza de Pequeños Estados Insulares.

Por otro lado, de acuerdo con los Estados que proponen centrarse más en la gestión racional de los residuos plásticos y en la mejora del diseño del plástico para hacerlo más reciclable (como los del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo), el borrador sugiere excluir del ámbito de aplicación del futuro tratado las fases de extracción y transformación de las materias primas necesarias para la producción de plásticos (esencialmente, crudo y gas).

Asimismo, en línea con las posturas de países como, por ejemplo, Rusia, el borrador propone omitir las fases relacionadas con la producción de polímeros vírgenes, porque en ellas no se genera –en puridad– contaminación por plásticos y las materias primas extraídas podrían todavía ser destinadas a la producción de otros materiales no plásticos.

No obstante, excluir de su aplicación a las materias primas, como los hidrocarburos, y a productos intermedios, como los polímeros plásticos vírgenes, porque técnicamente no son productos plásticos acabados menoscabaría seriamente el objetivo principal del acuerdo: poner fin a la contaminación plástica y crear una eficiente economía circular también para los plásticos.

Solo plásticos para uso médico y científico

Si los negociadores tuvieran la misma aspiración que los promotores del Día de la Tierra de reducir en un 60% la producción de plásticos para 2040, el tratado que están negociando debería ser más atrevido desde el punto de vista jurídico.

El acuerdo debería introducir normas jurídicas vinculantes

El acuerdo debería introducir normas jurídicas vinculantes que, al dar actuaciones concretas a principios básicos del derecho internacional medioambiental (como los de diligencia debida, precaución y prevención), impongan una prohibición progresiva, pero ya ineludible, en la producción de plásticos vírgenes y que exceptúen, obviamente, a los plásticos necesarios en el ámbito médico y para la investigación científica.

Si queremos dejar de ingerir el equivalente de una tarjeta de crédito por semana y evitar darnos un chapuzón en unos mares que de aquí a 2050 podrían tener más plásticos que peces, la solución jurídica pasa por vetar de una vez por todas a este material tan perjudicial para nosotros y el planeta.

Andrea Cocchini es profesor de Derecho internacional público, Universidad de Navarra. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.The Conversation

 
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