Sindicatos y Marea Blanca manifiestan un «grito de auxilio» tras entregar más de 50.000 firmas en defensa de la sanidad que han firmado muchos atarfeños

La plataforma por la salud pública de Atarfe ha  recogido y participado en la campaña de recogida de firmas por la defensa de la sanidad pública. En general y  tal y como detalla los sindicatos en una nota conjunta, las Mareas Blancas han presentado más de 50.000 firmas ciudadanas en apoyo a una Proposición de Ley en defensa de la sanidad pública, un acto simbólico suscrito por los sindicatos. 

Así, han definido la protesta como «un grito de auxilio ante una situación insostenible» y contra la «estrategia deliberada» de la Junta de Andalucía de «debilitar lo público para justificar la progresiva privatización de la sanidad pública andaluza», señalan.

«Lo que algunos intentan presentar como una crisis estacional es, en realidad, el resultado de una política sanitaria que prioriza intereses privados por encima del bien común, poniendo en riesgo la salud de toda la ciudadanía. Mientras tanto los profesionales, agotados y en mínimos históricos, intentan mantener en pie un sistema cada vez más frágil», han explicado.

Asimismo, las cuatro organizaciones han querido aclarar que «mantienen su compromiso de continuar movilizándose hasta que se cumplan los acuerdos suscritos y se adopten medidas tan urgentes como el aumento de plantilla con empleo estable, reducción de listas de espera y el blindaje del sistema sanitario público andaluz frente a la privatización».

Por su parte, portavoces de Marea Blanca han declarado que se trata de una Iniciativa Legislativa Popular «para que no mienta la Administración autonómica más, para que no diga cosas que no son reales», además de que «planteamos soluciones y alternativas reales a la problemática de la sanidad andaluza».

A su vez, han «animado a la gente de que no nos rindamos. No nos van a robar el sistema que tanto tiempo nos costó». De este modo, ha sostenido que espera que «los profesionales se rebelen». «Me gustaría que se rebelaran. Están acabando con ellos. Si yo soy oncólogo y le doy seis meses a una persona para que se haga un TAC, me están matando a mí como profesional», retalataba uno de los portavoces de Marea Blanca.

Las Mareas Blancas de Andalucía han promovido desde los primeros meses de este año una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con el objetivo de corregir las deficiencias en el sistema sanitario público de la comunidad autónoma. Según informan desde Marea Blanca, «los datos oficiales de la Junta de Andalucía, a junio de 2024, señalaban que cerca de 250.000 personas estaban en lista de espera para una intervención quirúrgica, y 70.000 de ellas se encontraban ‘fuera de decreto’, es decir, con plazos de espera superiores a los legalmente establecidos».

Actualmente hay un sentimiento generalizado de preocupación en amplias capas de la población andaluza porque nuestra sanidad pública está en franca crisis. Esta percepción se basa principalmente en las insoportables demoras en la atención sanitaria a la ciudadanía, que se sitúan entre las mayores del país: la espera media para conseguir una cita en Atención Primaria ha pasado de 10 días, hace un año, a más de 15, actualmente; las listas de espera para especialistas hospitalarios y cirugía, superaron el millón de personas en junio de 2024 (última cifra conocida), muchas de ellas demoradas por encima de los plazos legales establecidos; además, la Junta no facilita las cifras de pacientes en demora para pruebas complementarias, necesarias para el diagnóstico de sus afecciones. En conjunto, es posible que la población en espera para algún tipo de asistencia sanitaria estos días esté ya cercana a los dos millones. Esta situación dura ya años y va empeorando progresivamente. Este intenso proceso de deterioro, al que no se le ha puesto remedio, se intuye como intencionado, y solo beneficia a las empresas de seguros sanitarios privados, a los que acude la población desatendida que puede permitírselos, aunque la mayoría de estos seguros no son ninguna panacea.

Estos hechos, con la tardanza consiguiente en establecer un diagnóstico y un tratamiento adecuados para cada paciente, con toda seguridad, representan un riesgo claro para la salud de la población, como se demostró en varios casos concretos detallados en la denuncia presentada por las Mareas Blancas de Andalucía ante la Fiscalía, en octubre de 2024. Ante esto, la única actuación reseñable del actual gobierno ha sido el intento de transformar la Atención Primaria en un “call center”: el plan 72 horas . Este plan propone que, si no te atienden debidamente en tu centro de salud, puedas acudir a un servicio telefónico en el que, en un máximo de15 días, te propondrían una solución, si bien esta previsiblemente provendría de un médico desconocido que te atendería por teléfono.

La situación de la presente crisis sanitaria se debe a que el gobierno andaluz actual, desde su llegada, está empeñado en cometer tres errores sustanciales, como ya se ha explicado. El primero es que viene usando presupuestos deficitarios, que no han atendido el aumento de la población y su creciente envejecimiento, y la deuda creada a la sanidad pública por los recortes habidos tras la crisis financiera de 2008, que se estiman en 19.000 millones de euros.

En segundo lugar, estos presupuestos deficientes han sufrido bajo este gobierno, un marcado sesgo de uso, destinado a derivar cada vez más dinero público al sector sanitario privado (incremento continuo de pagos preferentes a seis clínicas privadas, compra de fungibles, reactivos y fármacos a precios que no han sido sometidos a adecuadas medidas de control y abaratamiento) y, a veces, mediante métodos de pago irregulares denunciados por la Intervención de la propia Junta, algunos de los cuales han sido judicializados, lo que ha conducido, recientemente, a la “dimisión” de miembros de la Intervención.

Por último, el gobierno ha implantado medidas organizativas de dudosa eficacia y favorecedoras de la privatización (consulta de acogida, extensión de la consulta clínica telefónica, eliminación de la exclusividad, mantener las Unidades de Gestión Clínica y el complemento de productividad, compatibilización público/privada de cargos, eliminación de la subasta de medicamentos, relajación de medidas de abaratamiento) y se resiste a implantar otras (aumentar las plantillas y elevar los salarios y la estabilidad de los contratos de los trabajadores, volver a los sistemas de control del gasto) que mejorarían la función de la sanidad pública. Si los más que posibles sobrecostes que actualmente paga la Junta al sector privado se aplicaran en implementar un plan de reforzamiento de las plantillas de Atención Primaria y Hospitalaria públicas, se paliaría claramente la actual crisis, como ya se ha explicado.