La asociación Amama denuncia ante la Fiscalía el borrado de historiales médicos en Andalucía

La asociación Amama (Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla) ha presentado este martes un escrito ante la Fiscalía en el que plantean que se han borrado presuntamente historiales médicos de las plataformas del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Amama entiende que ello puede ser constitutivo de un delito de obstrucción a la justicia y también de otros de encubrimiento y contra la seguridad e integridad de la información sanitaria.

Lo que Amama denuncia es que algunas pruebas, mamografías y ecografías, habrían desaparecido de las plataformas ClicSalud, que los pacientes utilizan para consultar el resultado de las pruebas, y Diraya, la que utilizan los médicos. Amama también habría detectado el cambio de nomenclaturas en algunas de ellas.

Así lo recoge el escrito, firmado por la presidenta de Amama, Ángela Claverol: «Numerosas mujeres están poniéndose en contacto con la asociación para informar de que pruebas diagnósticas a las que tenían acceso a través de la aplicación ClicSalud han desaparecido o se ha borrado el nombre del radiólogo o ha desaparecido el documento informado» 

«Que además recientemente […] ha recibido la llamada de un sanitario que trabaja en el Hospital Virgen del Rocío en que le ha manifestado que se están borrando datos del programa Diraya que se utiliza en el sistema sanitario público de Andalucía como soporte para los y las profesionales sanitarios de la historia clínica electrónica e integra toda la información de salud de cada ciudadano, de modo que esté disponible en el lugar y momento en que sea necesario para atenderle». 

Testigo protegido

Amama indica además «que una sanitaria [a la] que le hicieron una mamografía hace meses, se ha dado cuenta de que le han borrado en el Diraya», pero «sí está en ClicSalud», y añade en el texto enviado a Fiscalía que «también le han borrado una ecografía que ella tiene impresa; y que ahora le han mandado hacerse una nueva mamografía».

Al escrito se acompaña la documentación médica relativa a la ecografía desaparecida, así como «reseña en ClicSalud a la mamografía cuyos resultados no aparecen en el Diraya y nueva cita que ha recibido recientemente para hacerse una mamografía». Amama reclama que esta paciente, que «es sanitaria y teme represalias», declare por ello como «testigo protegido».

Amama plantea también a los fiscales que la «manipulación o destrucción» de archivos y registros «causa un grave daño» al ser documentación «crucial» para determinar «el alcance de los fallos y el número de mujeres afectadas», «el diagnóstico tardío» y «la falta de actuación diligente» y también «la responsabilidad de los profesionales y cargos intermedios en la cadena de atención a las mujeres, así como en la cadena de custodia de la información y documentación sanitaria». 

En el escrito, Amama pide a los fiscales que de manera «urgente» se investigue esa «presunta destrucción de pruebas» y de «documentación diagnóstica». También piden que «se ordene la intervención y la copia de seguridad (volcado) inmediato de todos los servicios y plataformas informáticas del SAS que contengan los registros del programa de cribado (citas, informes, mamografías, ecografías, historiales electrónicos) a fin de evitar su destrucción o manipulación y de asegurar la cadena de custodia». 

Cerraduras

La asociación también recuerda a los fiscales que las cerraduras de su sede fueron inhabilitadas con un líquido: «A esto se une que una trabajadora de Amama ha tenido que interponer denuncia el 18 de octubre por haberse encontrado inutilizables las dos puertas de acceso a la asociación, por haberse vertido una especie de líquido en las cerraduras de ambas puertas, que impedían su uso»

Ángela Claverol, la presidenta de la asociación, manifestó en una atención a medios que habían detectado que esto estaba presuntamente sucediendo a través de las mujeres que han contactado con la asociación. «Llevamos un tiempo recibiendo quejas de usuarias de Amama que nos dicen que se han borrado pruebas. Creemos que nuestra obligación al creer que puede existir una presunta ocultacion de pruebas es presentarlo en Fiscalía». 

«Son ellos —agregó Claverol— quienes tienen que investigar. Nosotras no sabemos. Creemos firmemente en la justicia y ellos deben decidir si procede intervenir y si presuntamente hay algún delito. Estamos dejando en un estado de indefensión a muchas mujeres que quieren denunciar su caso y no pueden. Es importantísimo alzar la voz por todas esas mujeres que están afectadas y que tengan el derecho de recabar sus pruebas».