Anatomía de un ‘basurazo’: así es la tasa que afecta a todos los municipios de España de manera desigual

Quizás te ha llegado una notificación del ayuntamiento informándote de una nueva tasa que debes abonar. Muchos municipios del Estado han puesto en marcha esta medida que no ha dejado a nadie indiferente. Este lunes el Gobierno de Cangas, en Pontevedra, tuvo que salir escoltado ante las protestas que organizaron los vecinos ante el Concello por la aprobación de esta tarifa. En la capital madrileña, Más Madrid también ha arremetido contra el basurazo de José Luis Martínez Almeida. Este gravamen, también recibe el nombre de tasazo, forma parte de una ley estatal que busca incentivar el reciclaje y la economía circular, pero cada municipio tiene libertad para regularlo a su manera.

La tasa de basuras viene contemplada en la ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. En concreto, obliga a los municipios a tener esta figura fiscal, la cual debe sufragar el 100% del coste real del servicio. Según explican a Público diferentes expertos, muchos ayuntamientos no contaban con esta tarifa o venía fusionada con otros tributos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o la factura del agua. De acuerdo con el último estudio del Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos, publicado en 2024 con datos del 2023, las partidas dedicadas en los municipios de todo el Estado para la gestión de las basuras apenas cubre 52,4% del coste real. En el 2022, la cifra era del 57,7%, «muy lejos del 100% que exige la Ley 7/2022 para 2025«.

La organización todavía no ha publicado el informe de 2025 con las estimaciones del año anterior, que saldrá a la luz en las próximas semanas. En un avance del estudio, señalan que todavía existen municipios que no disponen de esta tasa o que no está adaptada a las exigencias de la ley. Asimismo, en un análisis realizado en 131 municipios, destacan que el importe medio de este canon ha pasado de unos 100,1 euros en el año 2024 a 126,7 euros en el 2025. Se trata de un aumento del 26,5%, «el incremento más marcado desde que se empezaron a recopilar datos para el estudio en el 2015«. Por otro lado, el documento apunta que en el 2024 las tasas llegaron a cubrir el 54,7% del servicio, una mejora con respecto al 2023, pero que todavía se encuentra lejos del objetivo legal.

El presidente de Rethinking Observatorio de Residuos, Francisco Peula, destaca en declaraciones a este medio que la figura contemplada en la ley es una tasa y no un impuesto. La primera, al contrario que el segundo, tiene un carácter finalista. Tal y como aclara la Agencia Tributaria, «las tasas solo hay que pagarlas para poder disfrutar de un determinado servicio o para poder realizar una determinada actividad», mientras que los impuestos se pagan «con independencia de los bienes o servicios públicos que utilicemos».

Peula considera positivo el hecho mismo de que se elabore una herramienta diferenciada para costear el servicio de basuras porque contribuye a la transparencia. «Si la gente no sabe lo que cuestan las cosas, no se pueden valorar», argumenta. «Con una tasa, el ayuntamiento debe hacer un estudio de costes y repercutir dicho coste en la ciudadanía». De este modo, las vecinas y vecinos conocen de manera detallada el valor de una prestación esencial en los municipios. Ignasi Puig, doctor en Ciencias Ambientales y coordinador de proyectos en la Fundación ENT, que impulsa la innovación ambiental, también valora favorablemente la creación de esta tasa. «Al ser un tributo finalista, hay que dedicar el dinero exclusivamente al objeto de la recaudación. Y esto dará más recursos a los ayuntamientos para dedicar a esta política que está muy necesitada«.

Incentivar el reciclaje y la economía circular

La ley 7/2022 que contempla esta nueva tasa es una transposición del marco legislativo comunitario. En concreto, de la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018 y de la Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019. Aunque estos textos no especifican que las tasas de basuras deban cubrir la totalidad del gasto del servicio, sí buscaban aumentar las exigencias en materia de reciclaje.

El Ministerio de Hacienda elaboró un documento en mayo de 2024 en el que recuerda que Bruselas «estableció objetivos de preparación para la reutilización y reciclado muy ambiciosos para los residuos municipales; 50% en 2020, 55% en 2025, 60% en 2030 y 65% en 2035″. Además, advierte de que «la Comisión Europea ha vuelto a apuntar que España está en riesgo de incumplimiento de los objetivos de residuos municipales de 2025, lo que podría acarrear la imposición de sanciones comunitarias«. En este contexto, la norma española obligaba a hacer efectivas las nuevas condiciones tarifarias a partir del 10 de abril de este año, pero no imponía una manera específica de hacerlo. Es decir, cada ayuntamiento es libre de regular el nuevo canon como considere oportuno.

Algunos municipios han establecido en sus ordenanzas fiscales que los vecinos deberán aportar una cuantía diferente en función del valor catastral de su vivienda. Es el caso de Bilbao, Gasteiz, Madrid, según informan a Público fuentes de los consistorios. Según explica Francisco Peula, este criterio responde a la asunción de que cuanto más grande es una casa, más residuos genera. Sin embargo, el experto señala que no siempre tiene por qué ser así. Por el contrario, localidades como Vigo tienen en cuenta «el número de personas empadronadas» en cada vivienda, asegura el Concello a este medio. La Concejalía de Economía y Hacienda de Málaga todavía está elaborando la ordenanza que regule esta tasa, aunque ha anunciado que se regirá «por un sistema que tiene que ver con el valor catastral de los inmuebles, pero también el número de personas empadronadas o la zona en la que se encuentran».

Ambos sistemas distan del de Gijón, donde «las viviendas pagan todo lo mismo. Se diferencian las tarifas de los comercios en función de la actividad que desarrollan», según indican desde el municipio. También fuentes consistoriales de Santander declaran que están desarrollando «un modelo que diferencia entre usos residenciales y no residenciales, y que, dentro de cada grupo, aplica tarifas progresivas según el número de empadronados o la actividad económica y superficie del inmueble». Por otro lado, el Ajuntament de Barcelona aclara a este diario que «esta tasa se fija en función del tipo de vivienda receptora del servicio de suministro domiciliario del agua, según cabal nominal y tramos de consumo, definidos en el Reglamento del Servicio Metropolitano del Ciclo Integral del Agua».

En las ciudades que determinan la cuota por el valor catastral de la vivienda se incluye también una parte variable. Bilbao contempla un componente específico que varía según las cantidad de personas empadronadas en una vivienda. Madrid ha tomado en consideración la cantidad de residuos generados y el porcentaje de calidad de la separación de cada uno de los 131 barrios de la ciudad. De esta forma, la cuota de los madrileños dependerá de los metros cuadrados que tenga su casa y el vecindario en el que vivan. Desde Greenpeace y Ecologistas en Acción critican que estos cálculos no incentivan la separación de basuras, que es el espíritu de la ley que fundamenta esta tasa. Con este sistema, los habitantes de un mismo bloque de vecinos pagarán lo mismo con independencia de la cantidad de residuos generados o la separación de los mismos. No obstante, Peula señala que urbes con tantos habitantes «deben crear reglas» que les permitan hacer estimaciones aproximadas.

Recogida puerta a puerta y contenedores inteligentes

Esta parte variable responde al pago por generación de residuos que también establece la ley estatal, si bien esta disposición es «más ambigua», según describe Ignasi Puig. El científico ambiental subraya que esta clase de sistemas de atribución «exigen que haya un sistema de recogida individualizado. Si no, no es posible su aplicación». Una de las maneras de llevarlo a cabo es la recogida puerta a puerta, presente en «entre 400 y 500 municipios en España, la mayoría en Catalunya», afirma. Desde el Ajuntament de Barcelona también recuerdan que este sistema ha sido implantado en algunos barrios de la ciudad.

Otro sistema más extendido funciona mediante contenedores inteligentes, los cuales permanecen «cerrados con un sistema de identificación de usuario», explica Puig. Suele tratarse del recipiente marrón, donde se depositan los biorresiduos o residuos orgánicos, como son los casos de Barcelona –en algunos barrios– Gasteiz y Bilbao. Fuentes de la capital vasca resaltan a Público que la apertura de este contenedor funciona a través de la Tarjeta Municipal Ciudadana, con la cual se puede llevar a cabo un recuento de las veces que un vecino utiliza dicho depósito. El sistema de acceso de Bilbao está en vías de desarrollo, pero funcionará mediante una página web y una aplicación móvil.

Fuentes del Ayuntamiento de Gijón aseguran que su ordenanza, todavía en fase de elaboración, «aplicará un pago por generación con bonificaciones mediante compra de bolsas diferenciadas y codificadas por vivienda». Desde Greenpeace añaden que las bolsas diferenciadas son otro modo de incentivar la correcta separación de residuos. El portavoz de la organización Julio Barea propone bolsas diferenciadas para el cubo gris, donde se depositan los restos que no se pueden separar. Asevera que en algunas localidades estas bolsas cuestan un euro, un precio que desincentiva hacer un uso excesivo de dicho contenedor, de tal manera que los vecinos solo desechan en él «lo estrictamente necesario». «No puede haber una tarifa plana de basuras«, defiende. En su lugar, debe haber «algo que desincentive comprar y tirar compulsivamente».

Descuentos por buenas prácticas ambientales

Precisamente la idea de los (des)incentivos –para promover la separación de basuras y evitar las malas praxis– es lo que persigue la ley 7/2022 y la nueva tasa de basuras. Varios ayuntamientos han incluido bonificaciones por buenas prácticas ambientales para promover el espíritu de la norma. Gasteiz incluye un 10% de descuento en la cuota si se utiliza el contenedor marrón un mínimo de veces al año. Este mínimo varía según el tamaño de la vivienda. Además, a esta reducción se puede añadir otra del 20% por compostaje individual –depositar los residuos orgánicos en una compostera– y un 20% más por compostaje comunitario.

En Barcelona se prevén reducciones «por uso de los puntos verdes –puntos limpios–, hasta un 14% de la tasa según el número de aportaciones anuales», según informan fuentes consistoriales. Asimismo, también existen descuentos para quienes participen «en el sistema puerta a puerta o contenedor inteligente en los barrios donde se ha implementado un sistema de recogida individualizado. La bonificación es del 20% con la aportación de fracción orgánica«.

Fuentes del Concello de Vigo también declaran que «la ordenanza reguladora de la tasa prevé una reducción por comportamientos medioambientales responsables, cuya aplicación en cada ejercicio está condicionada a la cantidad de residuos generada en el municipio y al precio de tratamiento por tonelada de la fracción resto». Los ayuntamientos de Santander, Bilbao y Madrid también aseguran este medio que sus ordenanzas contemplan bonificaciones por esta clase de prácticas, pero no han precisado en qué consisten ni de qué modo se aplican.