ANTE EL ACOSO ESCOLAR : «NO PODEMOS MIRAR HACIA OTRO LADO»
No hay palabras que puedan consolar un dolor tan devastador como la pérdida de un hijo o hija. Pero sí hay una obligación moral y social que nos incumbe a todos: actuar para que nunca más vuelva a suceder.
Cuando un niño o una niña sufre acoso escolar, toda la comunidad educativa fracasa. No solo el centro, no solo las familias, sino también las administraciones que no dotan de recursos, la sociedad que minimiza el daño y un sistema que sigue mirando hacia otro lado.
El acoso no es una travesura, ni un conflicto entre iguales: es violencia. Y como tal, debe abordarse con protocolos eficaces, personal formado y una implicación real de toda la comunidad educativa.
Además, los protocolos de acoso escolar, tal y como se aplican en la mayoría de las comunidades autónomas, no siempre respetan los derechos de las víctimas. Con demasiada frecuencia se prioriza la apariencia de normalidad del centro frente a la protección del menor.
Se duda de su testimonio, se le pide que “aguante” o se le cambia de aula —o incluso de centro—, mientras el agresor continúa su vida escolar sin consecuencias reales. Este enfoque no solo vulnera el principio de protección integral, sino que revictimiza y transmite un mensaje demoledor: que el problema es quien sufre, no quien agrede.
En España contamos con la LOPIVI —la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia—, que establece mecanismos claros de prevención y actuación. Pero la ley, sin medios, sin formación y sin seguimiento, se queda en papel mojado. Desde CEAPA lo decimos con claridad: los centros educativos necesitan recursos humanos especializados y formación obligatoria para todo el personal docente y no docente.
Los Coordinadores de Bienestar y Protección no pueden ser una figura simbólica. Deben tener tiempo, formación y reconocimiento institucional para ejercer su función. Y deben estar apoyados por equipos multidisciplinares y por redes de colaboración con servicios sociales, sanitarios y asociaciones de familias.
Las familias, por nuestra parte, también tenemos una responsabilidad. Educar en el respeto, escuchar sin juzgar, denunciar sin miedo. Pero no podemos hacerlo solas. Necesitamos centros abiertos al diálogo, donde las familias seamos parte activa en la prevención y resolución de los conflictos.El silencio —de quienes saben y callan, de quienes sospechan y no actúan— mata. La indiferencia institucional mata. Por eso pedimos que el compromiso frente al acoso escolar sea una prioridad real, no una declaración de intenciones.
Desde CEAPA proponemos medidas urgentes:
- Evaluación independiente y anual de los protocolos de prevención de acoso en todas las comunidades autónomas.
- Refuerzo de la figura del Coordinador de Bienestar, con formación específica y una reducción amplia de carga lectiva.
- Participación efectiva de las familias en los planes de convivencia de los centros.
- Educación emocional y en valores desde la primera infancia como eje curricular.
- Atención psicológica gratuitay accesible para las víctimas y también para quienes ejercen la violencia, porque solo abordando el problema en su raíz podremos erradicarlo.
No basta con lamentar. Hay que actuar. Cada niño y cada niña tiene derecho a ir al colegio sin miedo. Como sociedad, tenemos el deber de garantizarlo.
María Sánchez Martín. Presidenta de CEAPA
