Estos son los datos sobre cribados que Sanidad ha pedido a las comunidades del PP y no han entregado

Antes de que estallara la crisis de los cribados en Andalucía, en abril de este mismo año, el Ministerio de Sanidad y las 17 comunidades autónomas se pusieron de acuerdo —después de dos años de trabajos— en compartir una serie de datos e indicadores. Este consenso se consideró entonces «clave» para el buen funcionamiento de los programas de detección precoz del cáncer, que en España son tres: además del de cáncer de mama, existen el de cáncer colorrectal y el de cérvix.  

En ese texto, llamado Documento de consenso del sistema de información del programa poblacional de cribado de cáncer del sistema nacional de salud,  se recoge, en efecto, lo siguiente: «Para el éxito de estos programas de cribado es fundamental poder disponer de un adecuado sistema de información que permita a nivel autonómico y estatal realizar su correcto seguimiento y evaluación».

El PP, en lugar de colaborar con el Gobierno en plena crisis, decidió reventar esos pactos y arremeter contra la ministra, a la que acusan de ejercer el cargo con objetivos «partidistas» y de manera «autoritaria». Primero, sus consejeros abandonaron en bloque el último consejo de interterritorial de salud, donde Sanidad iba a pedir los datos sobre el cribado. 

Luego prolongaron esa rebelión con su negativa, expuesta por escrito mediante cartas, a aportar los datos solicitados a la administración sanitaria. Este martes, el Gobierno ha iniciado la vía legal para obtenerlos, según anunció la ministra Mónica García (Más Madrid). Si en un mes, no los tiene, irá a los tribunales.

Este martes, después del aviso de la ministra y del envío del requerimiento a las comunidades autónomas, el consejero andaluz de Sanidad y Presidencia, Antonio Sanz (PP), acusó a la ministra de «mentir» y manifestó que su Gobierno no se había «negado a facilitar los datos, sino a hacerlo de cualquier manera y por canales extraoficiales». Sanz aseguró que la Junta facilitará ahora los datos «que sí están disponibles y son comunes, como los de cobertura, participación y tasa de detección de los cribados». 

«Todas las demás comunidades que no gobierna el PP han cumplido con su obligación: o bien ya han enviado los datos, o bien han mostrado su voluntad de hacerlo en los próximos días. Estos datos no son de los gobiernos, son de la ciudadanía. El PP se ampara en excusas de mal gobernante», había criticado García este martes.

Los consejeros del PP, más allá de las motivaciones políticas, han evitado hasta ahora enviar los indicadores al Ministerio agarrándose a dos argumentos fundamentales. Por un lado, a la ausencia de un sistema de información específico en el que las comunidades puedan cargar los datos. Y, por otro, la idea de que ese documento de consenso, que fue aprobado por unanimidad, está en este momento «en revisión»

En el documento de consenso se recoge que el Ministerio de Sanidad «desarrollará [un sistema de información], que estará constituido por una aplicación web de uso privado (sin parte pública) con acceso a usuarios identificados por certificado digital». Se añade también que «la introducción de los datos será anual, limitándose los márgenes temporales de introducción de datos para garantizar su consolidación». 

Para el Ministerio, todas las excusas presentadas en este momento de crisis por el PP son «peregrinas» y carecen por completo de fundamento desde el momento en que todas las comunidades se disponen a colaborar, excepto las de ese partido, y que los datos, hoy, con la tecnología que existe, se pueden compartir de numerosas maneras.

Sanidad considera que «la efectividad de los cribados radica en un seguimiento escrupuloso del buen funcionamiento de todos los eslabones de la cadena de detección, alerta y seguimiento». 

Y también que, ante la «magnitud del problema actual en Andalucía», es necesario exigir «la máxima transparencia y coordinación entre las administraciones para poder dar respuesta a las necesidades de la población y garantizar que se ponen en marcha las medidas necesarias para disminuir los posibles efectos que esto haya tenido sobre las mujeres afectadas, a la vez que evitar que esto vuelva a ocurrir nuevamente».

Cinco razones para compartir los datos

¿Por qué es importante que el Ministerio de Sanidad tenga los datos de todas las comunidades autónomas sobre los programas de cribado de cáncer?

Para Joan Carles March, experto en organización de sistemas sanitarios y exdirector de la Escuela Andaluza de Salud Pública, son imprescindibles por cinco razones. 

La primera es, expone, «garantizar la equidad y la cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS): en España, las competencias sanitarias están descentralizadas, pero el Ministerio de Sanidad tiene la responsabilidad de asegurar la equidad en el acceso y la calidad de los servicios en todo el territorio».

Así, «tener información homogénea y actualizada de los programas de cribado de cáncer permite —razona March—detectar desigualdades regionales en cobertura, participación, tiempos de espera o resultados diagnósticos».

Sin estos datos, no sería posible garantizar que toda la ciudadanía —con independencia de su comunidad autónoma— reciban «la misma oportunidad de detección precoz».

La segunda tiene que ver con la capacidad de «evaluar la eficacia y eficiencia de los programas«. De este modo, explica March, «los datos agregados a nivel nacional permiten analizar indicadores clave como la cobertura poblacional, la tasa de participación, la detección de lesiones precancerosas o tumores en estadios iniciales y el coste-efectividad de los programas«.

En resumen, tener esa información «es imprescindible —analiza March— para evaluar la efectividad real de las estrategias preventivas, optimizar recursos y tomar decisiones basadas en evidencia».

La tercera está relacionada con la vigilancia epidemiológica y la planificación sanitaria. «Contar con una base de datos unificada —plantea el exdirector de la Escuela Andaluza de Salud Pública— permite estimar la incidencia y mortalidad evitables gracias al cribado, analizar tendencias temporales y geográficas y planificar recursos diagnósticos y terapéuticos de forma anticipada».

Por otra parte, y como cuarto elemento, March plantea que de este modo se cumpliría con los «estándares europeos». «La Comisión Europea y la Organización Mundial de la Salud recomiendan que los Estados miembros mantengan sistemas de información nacionales sobre los programas de cribado poblacional, con indicadores armonizados que permitan la comparación internacional», asegura.

«España, como Estado miembro, debe remitir datos comparables sobre los cribados de cáncer de mama, colorrectal y cérvix. El Ministerio de Sanidad actúa, por tanto, como interlocutor y coordinador nacional ante Europa«, agrega.

Y por último, la rendición de cuentas es relevante porque «la recopilación y publicación de datos homogéneos fortalece la transparencia del sistema y permite que investigadores, asociaciones de pacientes y ciudadanía accedan a información objetiva sobre la calidad de los programas», lo que, según March, «incrementa la confianza pública».

Tres leyes

Lo que solicita el Ministerio de Sanidad son precisamente los indicadores presentes en ese documento de consenso pactado entre todas las administraciones sanitarias. En el caso de que las comunidades no dispongan en este momento de todos los índices —esos 22—, el Ministerio pide que se remitan aquellos disponibles o aquellos que se utilizan para la evaluación de los programas de cribado.

El consejero andaluz de Salud, Antonio Sanz afirmó a este respecto, después del aviso del inicio de acciones legales por parte del Gobierno, que García «ahora solo pide los indicadores disponibles» y reiteró: «Desde Andalucía remitiremos en los próximos días aquellos indicadores incluidos en la Estrategia Nacional de Cáncer del Sistema Nacional de Salud, que no son otros que la cobertura, la participación y la tasa de detección de los cribados».   

Este documento al que se refiere Sanz, que data del año 2021 y también es fruto del consenso, recoge dentro de la línea estratégica de prevención del cáncer de mama cuatro indicadores de evaluación, que son: «Cobertura anual del programa de detección precoz del cáncer de mama; participación; tasa de detección, y porcentaje de mujeres con mamografía realizada». 

Sanz agregó: «Le instamos a que convoque un consejo interterritorial extraordinario [justo el órgano que abandonaron en bloque las comunidades del PP] con dos puntos en el orden del día: cerrar lo establecido por la Ponencia de Cribados y abordar el gran reto del sistema sanitario, que es la falta de profesionales«.

El Gobierno acude a tres leyes para reclamar los datos. Por un lado, la Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad, que consideró «como actividad fundamental del sistema sanitario» la realización de los estudios epidemiológicos necesarios para orientar con mayor eficacia la prevención de los riesgos para la salud, así como la «planificación y evaluación sanitaria, debiendo tener como base un sistema organizado de información sanitaria, vigilancia y acción epidemiológica«.

Por otro lado, la ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, establece en su capítulo V que «uno de los elementos esenciales para el funcionamiento cohesionado y con garantías de calidad del SNS», es «la existencia de un verdadero sistema de información sanitaria». En este sentido, esta norma «encomienda al Ministerio de Sanidad y Consumo el establecimiento de un sistema de información sanitaria que garantice la disponibilidad de la información y la comunicación recíprocas entre la Administración sanitaria del Estado y la de las comunidades autónomas». 

Finalmente, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, define «la vigilancia en salud pública como el conjunto de actividades destinadas a recoger, analizar, interpretar y difundir información relacionada con el estado de la salud de la población y los factores que la condicionan, con el objeto de fundamentar las actuaciones de salud pública y además, establece la creación de la Red de Vigilancia en Salud Pública con el fin de coordinar los diferentes sistemas de vigilancia que la integren».