«El Túnel del tiempo» por Agustín Martínez

Mientras estábamos ocupados en valorar los resultados electorales del 22M, en escrutar las declaraciones de los líderes políticos y hacer proyecciones de cómo esos resultados pueden incidir en las próximas citas electorales, Mariano Rajoy y su Gobierno han decidido, una vez más, hacernos viajar al pasado.Desde que el PP ganó las elecciones hace tres años y medio parece empeñado en transportar a la ciudadanía de este país a través del tiempo, aunque lamentablemente en una sola dirección: la de tiempos pretéritos.

Primero fue su decidida incursión en nuestros derechos laborales, quienes, por arte de magia -en forma de mayoría absoluta-, fueron retrotraídos a tiempos tan lejanos que ni los más pesimistas del lugar pudieron imaginar. De esta forma, contratos indefinidos, sueldos decentes, convenios de empresa y otras minucias por el estilo fueron abducidos -Fátima Báñez mediante- y retrotraídos a tiempos en los que nuestros padres demostraban su “espíritu de aventura” y capacidad de “movilidad exterior”, más o menos como ahora, aunque sin dos licenciaturas, un máster y un par de idiomas en su currículum.

Una vez consumado el primer viaje al pasado con nuestros derechos como trabajadores, Mariano Rajoy se propuso y consiguió hacer lo propio con los derechos sociales. Y así, la educación y la salud, públicas, universales y gratuitas, dieron paso a los copagos, los tres más dos, la privatización de hospitales y la “insostenibilidad del sistema” cada vez que hablábamos de dependencia o pensiones.

En este último apartado, fue necesario un complejo proceso como el tunél del tiempo, aquel que dio nombre a la popular serie de televisión estadounidense de los años sesenta, sobre las aventuras de dos científicos que viajaban, preferiblemente al pasado en cada capítulo. En el caso que nos ocupa, quienes nos han comprado billete para ese viaje han sido los inefables Montoro, De Guindos, Wert y Ana Mato.

Y como no hay dos sin tres y para evitar que los viajeros nos amotinásemos, ante tanto viaje sin retorno, el pasado jueves, el muy catolicísimo ministro del Interior se transfiguró en Michael J. Fox, el adolescente Marty McFly, que viajaba al pasado cada dos por tres, para situar los derechos y libertades de los españoles en los mismos niveles de 1955.

Tres días antes de que adelantáramos una hora nuestros relojes, la mayoría absoluta del PP, en la más completa soledad, aprobaba la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como la Ley Mordaza, haciendo retroceder los derechos y libertades de los españoles a los peores tiempos del franquismo.

El ministro que encontró a Jesucristo en un viaje a Las Vegas ha redactado una ley que criminaliza el derecho de manifestación y de información, de una forma inimaginable en cualquier país de nuestro entorno. Porque el Gobierno de Rajoy tiene claro que la única forma de minimizar el brutal malestar social generado por sus viajes espacio-temporales es la represión pura y dura.

Dentro exactamente de tres meses, cuando el próximo uno de julio entre en vigor la polémica ley, los ciudadanos de este país van a experimentar un retroceso sin parangón en sus derechos, hasta el punto de que organizaciones internacionales como Naciones Unidas y la Unión Europea ya han alertado sobre la desproporción de dicha ley.

Siendo muy graves las sanciones aprobadas por el PP, lo más grave es la situación de indefensión en que quedamos los ciudadanos, en manos del mejor o peor humor, o la arbitrariedad del policía que nos identifique en una manifestación, protesta, reunión, etc.

Con la ley aprobada el jueves, no habríamos conocido las informaciones derivadas del Caso Snowden o la lista Falciani. Si perdemos tres veces el DNI en un año pagaremos una multa de hasta 600 euros, que serán hasta 30.000 si grabamos a un policía; la cosa ascendería a 600.000 euros por apuntar con un láser, manifestarnos ante un juzgado o un hospital sin haberlo comunicado y de hasta 10.000 por interponernos ante un desahucio.

La nueva ley nos va a poner imposible hasta fumarnos un “canuto” en la calle, o utilizar uniformes policiales o de bomberos (30.000 euros), con lo que el próximo desfile del Orgullo Gay se va a poner imposible. Ahora que caigo ¿Será por eso lo de la Ley?