Los modelos de Alemania y Austria o cómo un billete único bien diseñado puede transformar la movilidad

¿Te imaginas viajar por todas las redes de cercanías, trenes de media distancia y autobuses de titularidad estatal por toda España con una única tarjeta?

A partir de enero será una realidad, según ha anunciado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A falta de conocer más detalles, este abono único costará 60 euros mensuales –30 euros para los menores de 26 años– y estará disponible a partir de la segunda quincena del próximo año. Es decir, el mes que viene. Además, el Ejecutivo y movimientos sociales animan a las comunidades autónomas y administraciones locales a sumarse para incluir todos los medios de transporte público. La iniciativa, aunque a alguno que otro le pueda parecer utópica, ya se ha impelmentado con éxito en otros países europeos.

En Austria cuentan desde octubre de 2021 con el KlimaTicket. A partir de 2026 costará 1.400 euros anuales, equivalente a 116,66 euros mensuales. La tarifa reducida, para mayores de 65, menores de 26 y otras categorías especiales, será de 1.050 euros –87,5 euros al mes–. Aunque su precio es superior al planteado en España, este abono permite utilizar todos los servicios regulares –ferrocarril público y privado, transporte urbano y público– en zonas regionales, interregionales y nacional, según explica su propia página web.

El KlimaTicket «es el billete con el que pretendemos alcanzar juntos los objetivos climáticos de París«, declara. «El transporte público es la alternativa respetuosa con el clima al transporte individual motorizado. Cuanto más participes, mejor será para el clima». De acuerdo con Greenpeace España, este proyecto alcanzó en sus primeros meses hasta 170.000 usuarios, de los cuales el 85% sustituyó el vehículo privado por los servicios incluidos en la tarifa.

Una medida más parecida a la que ha anunciado Sánchez es el Deutschlandticket o D-Ticket en Alemania, introducido en mayo de 2023 bajo el Gobierno de Olaf Sholz. Este billete es válido en todos los trenes locales –RB, RE, S-Bahn– y transportes públicos –autobús, tranvía y metro– de las tarifas estatales, asociaciones de transporte y empresas de transporte participantes. Quedan fuera los proveedores de transporte de larga distancia, ya sean públicos –IC, EC o ICE– como privados –FlixTrain o FlixBus, entre otros–.

El D-Ticket se presenta como una oferta «asequible y respetuosa con el medio ambiente«. Funciona por un modelo de suscripción mensual que a partir del 2026 tendrá un precio de 63 euros. De acuerdo con Greenpeace, durante la prueba piloto del billete, realizada en verano de 2022, «se redujeron 1,8 millones de toneladas de CO2 en los tres primeros meses«.

Otras ofertas similares son las de Portugal o Hungría. El país luso cuenta con el Passe Ferroviário Verde, válido en trenes operados por Comboios de Portugal. Este tiene un precio de 20 euros al mes y se puede utilizar en trenes interurbanos, regionales e interregionales, así como en los urbanos de Coimbra, Lisboa y Oporto. En el caso húngaro, existe el Hungary Pass, que vale 18.900 forintos mensuales –49,10 euros–, aunque se contemplan diferentes tipos de descuento. Este billete incluye el transporte ferroviario público, líneas suburbanas de tren y autobús, autobuses regionales , algunos autobuses urbanos y la mayoría de los medios de transporte públicos de Budapest.

¿Cómo será en España?

«Estamos hablando de dos millones de personas a las que cada mes les costará menos llegar a su empleo, a su hogar y también a su día a día», ha declarado el jefe del Ejecutivo durante la rueda de prensa de este lunes. Aunque todavía faltan detallar los pormenores de la medida, los movimientos sociales la celebran y ven con buenos ojos. Pablo Muñoz, coordinador del Área de Transporte en Ecologistas en Acción, subraya en declaraciones a Público que los abonos unificados contribuyen a facilitar el uso del transporte público frente al vehículo privado. «Si tienes que coger un cercanías y luego un autobús, simplificarlo en una única tarjeta ayuda a que elijas ese trayecto más que si tienes que pagar varios billetes con diferentes tarjetas».

Cristina Arjona, responsable de la campaña de Movilidad Sostenible en Greenpeace España, reitera a este medio que los casos de Austria y Alemania han tenido importantes beneficios en cuanto a la reducción de emisiones, ya que sus modelos de billete único produjeron un trasvase de usuarios que se movían en coche privado al uso del transporte público. De todos modos, considera «elevado» el precio de 60 euros mensuales planteado por Sánchez. «El transporte público no tiene por qué ser gratuito, pero sí debe ser competitivo frente al coche y los descuentos actuales», defiende. De acuerdo con la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2024 las familias gastaron el 11,4% de su presupuesto anual en transporte.

El abono de transporte unificado puede ser «una solución a la vida de la gente porque, a nivel económica, ayuda tener asegurado lo que te gastas a final de mes, y también supone un ahorro en el gasto familiar», reivindica Arjona. En este sentido, Pablo Muñoz también indica que falta afinar los grupos para los que se aplicará la tarifa reducida y confía en que se incluyan, entre otros, a personas mayores, familias numerosas, personas en desempleo o con discapacidad. «Lo ideal para garantizar la justicia social es que se aplicase en función de las rentas«, expresa el de Ecologistas en Acción. «Siempre se nos dice desde las instituciones que no es fácil, pero entendemos que sí que es una de las formas más justas de enfocarlo».

Tanto Muñoz como Arjona ponen de relieve otra cuestión clave para asegurar el éxito de este proyecto: la suma de las administraciones autonómicas y locales. «La ciudadanía no tiene por qué percibir quién es titular en cada medio, sino tener acceso al transporte público», recalca la portavoz de Greenpeace. «Esta intermodalidad facilita el acceso», agrega. Por este motivo, consideran fundamental que el billete unificado incluya otros servicios como autobuses urbanos e interurbanos, metro o tranvía. A este respecto, el propio Sánchez ha hecho un llamamiento a las comunidades autónomas y entidades locales para que se adhieran y faciliten «el acceso asequible al transporte público en todo el país«.

Desde Greenpeace también hacen hincapié en que existen fórmulas mediante las que alcanzar la financiación necesaria para un abono transporte único. Entre ellas, destacan el impuesto al queroseno de los aviones –un combustible que en la actualidad no cuenta con ningún gravamen–, eliminar la ventaja fiscal del diésel sobre la gasolina o cobrar el IVA a los vuelos internacionales. «Muchas veces hablan de que no se puede rebajar el precio de determinados servicios públicos, cuando sí que existen vías de financiación que deberían ponerse en marcha», remata Arjona.