La ONU hace trizas la ‘ley Mordaza’ y exhorta a España a retirarla

Leyes “ambiguas” para criminalizar la protesta social

Los expertos independientes consideran que “el texto del proyecto de ley incluye definiciones amplias o ambiguas que abren el campo a una aplicación desproporcionada o discrecional de la ley por parte de las autoridades”.

“Se busca dar una base legal a este nuevo tipo de ‘circunstancias agravantes’ para aumentar la pena automáticamente en casos de manifestaciones. Esto es contrario al derecho internacional ya que podría tener un efecto disuasorio sobre el ejercicio de la libertad de manifestación pacífica”, recalcó el relator sobre los derechos de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai. Los relatores recuerdan que el proyecto de reforma también propone castigar con prisión o multa a quienes difundan públicamente mensajes o consignas que inciten a la comisión de delitos de alteración del orden público o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo.

El relator sobre el derecho a la libertad de expresión, David Kaye, señaló que “la redacción de la ley conlleva serios problemas y, tal como están definidos los delitos, podría criminalizar a quienes convoquen a manifestaciones pacíficas”.

La “ley anti-terrorista” es desproporcionada

Los expertos de la ONU señalaron que la definición de los delitos de terrorismo y las disposiciones relativas a la criminalización de los actos de “incitación y enaltecimiento” o “justificación” del terrorismo” incluidas en el proyecto de ley de Reforma del Código Penal en materia de delitos de terrorismo “son excesivamente amplias e imprecisas”. “Tal como está redactada, la ley anti-terrorista podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo y podría resultar entre otros en restricciones desproporcionadas al ejercicio de la libertad de expresión”, recalcó Kaye.

Una ‘ley Mordaza’ innecesaria

Con respecto a la ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, Kiai dijo que “la llamada ‘ley mordaza’ vulnera la propia esencia del derecho de manifestación pacífica pues penaliza una amplia gama de actos y conductas esenciales para el ejercicio de este derecho fundamental, limitando marcadamente el ejercicio del mismo”. “Dicho proyecto de ley restringe de manera innecesaria y desproporcionada libertades básicas como es el ejercicio colectivo del derecho a la libertad de opinión y expresión en España”, añadió Kaye.

Las ‘devoluciones en caliente’, contrarias a los derechos humanos

Por otro lado, las disposiciones relativas al régimen especial de Ceuta y Melilla “podrían permitir devoluciones en caliente a su país de origen de personas en peligro de ser sometidas a tortura y otras formas de malos tratos, en contradicción con las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos”, señalaron los expertos. (Postdigital/Agencias)