El Defensor del Pueblo tiene recopilados 681 testimonios de abusos a menores en la Iglesia

El acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia firmado este jueves abre una nueva vía, que se une a las ya puestas en marcha por las diócesis y organizaciones de religiosos, para que las víctimas de abusos sexuales en la infancia en el ámbito eclesial puedan obtener una reparación —no solo económica, sino también de atención psicológica o incluso simbólica— cuando el caso ha prescrito ya para la justicia ordinaria. El pacto se va a vehicular ahora, una vez que se firme un convenio, a través de la unidad de víctimas del Defensor del Pueblo, una institución que ya hizo público en 2023 un informe demoledor sobre la pederastia en la Iglesia.

En ese trabajo, que fue actualizado a finales del año 2024, se encuentran recopilados 681 testimonios, entre directos e indirectos, de abusos a menores (el 83% de sexo masculino), según se puede consultar aquí, en la página 18 de la última actualización hecha pública por el Defensor. 362 se produjeron cuando la víctima tenía entre 6 y 12 años, otros 305 cuando contaba entre 12 y 18 años y otros 14 antes de que cumpliera los seis.

Aunque la mayoría de las agresiones informadas por el Defensor se produjeron antes del año 2000, no todos estos casos encajarán finalmente en los requisitos del acuerdo: la casuística de la prescripción es amplia y variada, según abogados penalistas consultados por este medio. La Oficina del Defensor del Pueblo, contactada por Público, no quiso hacer comentario alguno al respecto del acuerdo entre Gobierno e Iglesia ni general ni al respecto de sus detalles. El ministro Félix Bolaños habló de «centenares» de afectados en su intervención de este jueves ante los medios tras la firma del pacto. 

Sin embargo, estas cifras, «no representan más que una pequeña parte de una realidad mucho más extendida», según recogió el informe del Defensor del Pueblo de 2023. El Defensor apuntó entonces, mediante una encuesta, basada en 8.013 entrevistas, que fue criticada por la jerarquía católica, que un 1,13% de la población adulta actual había sufrido abusos en el ámbito religioso, lo que equivale a 440.000 personas. 

Una cosa sí está clara: la participación del Defensor en el proceso ha dado tranquilidad a las víctimas. Así lo han contado a Público portavoces de la Asociación de Víctimas de Abusos de Navarra (AVA), de Lulacris y de ANIR (Asociación Nacional Infancia Robada). «Teniendo en cuenta que lo va a liderar el Defensor, la mayor parte de las víctimas le da crédito [al acuerdo]. Cuando el equipo habló con las víctimas, demostraron empatía y sensibilidad», resume Juan Cuatrecasas, de ANIR. Este viernes el ministro Bolaños ha convocado a varias asociaciones, entre las que están estas tres consultadas por Público, con la idea de explicarles el pacto. 

«Esto va a empezar a rodar a mediados de febrero», calcula Cuatrecasas. «Antes hay que poner las piezas encima de la mesa y ordenarlas. Toda la gente que ha ido ya al Defensor, y que ha pasado por el filtro de los psicólogos, ya tienen la mitad del trabajo hecho. Quien no ha ido tendrá que pasar este peritaje». 

Entre las cuestiones que las víctimas van a plantear a Bolaños está la de qué sucede con las personas que han fallecido ya. «Hay víctimas que ya no están entre nosotros, pero que han estado luchando. Emiliano, Ander, Diego…», enumera Cuatrecasas. «Hay que acordarse de ellas y honrarlas y que aunque hayan fallecido tengan reparación sus familiares. Que cumplan con ellos», agrega.    

Hasta ahora, el plan PRIVA, puesto en marcha por la Iglesia católica, ha indemnizado con algo más de 1,8 millones de euros a 61 personas, según los datos aportados este jueves por la Conferencia Episcopal. Las indemnizaciones a través de esta nueva vía pactada este jueves que se vehiculará a través del Defensor las asumirá la Iglesia. Así está recogido en el acuerdo: «La Iglesia Católica asume la reparación de aquellas víctimas que no quieran acudir al PRIVA». 

El pacto alcanzado este jueves no recoge cifras ni horquillas. Pero sí se referencia al plan PRIVA —que ha repartido indemnizaciones de entre 3.000 y 100.000 euros— de este modo: «La Iglesia Católica dará cumplimiento a las medidas reparadoras que finalmente se contemplen en la decisión que resulte definitiva. Dicho cumplimiento se hará por parte de la [Comisión del PRIVA] en la forma y con las mismas garantías previstas en el PRIVA, incluida la garantía asumida por la CEE y la CONFER de cumplir la resolución en plazo para el caso de que no lo hiciera la diócesis, instituto religioso o entidad religiosa responsable de las reparaciones acordadas en cada caso».

El acuerdo prevé «distintas formas de reparación integral» que podrán ser o bien «de carácter restaurativo y simbólico del daño causado», o «de reparación psicológica y/o psiquiátrica con profesionales de elección de la víctima y que podría, en su caso, extenderse a su familia»; también «la reparación moral del daño causado» y «cualesquiera otras formas de reparación que se puedan plantear».

«¿Qué institución asume delitos ya prescritos?«, lanzó, a modo de pregunta retórica el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, tras la firma del pacto con el ministro Bolaños y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, obispo de Valladolid.

«Me ha sorprendido [la firma del acuerdo]», afirma Cuatrecasas. «De la Iglesia española no esperaba gran cosa. Si esto ha salido adelante —analiza el portavoz de ANIR—, es también gracias a una actuación directa desde el Vaticano, de Pietro Parolin [secretario de Estado del Vaticano] y de León XIV y del equipo que hay ahí». «Eso —prosigue—ha tenido un peso a la hora de obligar a la Iglesia a retractarse y a asumir un plan que hasta ahora no había tenido reconocimientos».