‘Andalucía y Madrid, peligros públicos para la educación’

Agustín Martínez repasa en este artículo las similitudes en la gestión de un servicio público esencial, como es la educación, de los gobiernos de Moreno y Díaz Ayuso.

Ayuso y Bonilla, se están convirtiendo por méritos propios, en auténticos peligros públicos para el tablero educativo español. Ambos mantienen el dudoso honor de presidir las comunidades que más han avanzado en la privatización de la enseñanza pública en todas sus etapas. No es que lo digan solo trolls de twitter o tertulianos de madrugada: según la encuesta a más de 13.000 docentes coordinada por STEs-Intersindical y recogida también por USTEA, un abrumador 90 % de los profesores en Madrid y Andalucía percibe una ofensiva privatizadora contra la escuela pública.

Sí, han leído ustedes bien: nueve de cada diez docentes en estas dos autonomías sienten que su sistema educativo está siendo deliberadamente corroído desde dentro. El proceso no es críptico ni conspirativo; es abierto, descarado, e incluso celebrado por los gobiernos que lo promueven como una “opción más” para las familias. Esa “opción” se traduce en conciertos, ampliación de plazas en centros privados subvencionados con fondos públicos, y acuerdos de financiación que blindan la enseñanza privada mientras la pública se desangra.

Hablemos con crudeza: privatizar no es ofrecer libertad, es desinvertir en lo común

Hablemos con crudeza: privatizar no es ofrecer libertad, es desinvertir en lo común. Es anunciar con fanfarria que “hay menos niños”, y que por ello hay que cerrar aulas públicas, ignorando deliberadamente que la matrícula global puede bajar, pero la demanda de plazas concertadas y privadas paga con fondos públicos no deja de crecer. Es decir: se reduce oferta pública mientras se mantiene o incluso se amplía la privada con dinero de todos. Una estrategia maquiavélica maquillada de pragmatismo demográfico.

El mantra del «descenso de la natalidad» como excusa para suprimir unidades públicas es la versión educativa del cuento del lobo: repetido hasta la náusea, pero desacreditado por su falta de rigor. La realidad es que si hay menos plazas públicas, automáticamente empujas a las familias hacia la concertada y la privada. ¿Quién quiere matrícula pública cuando las condiciones de la pública -recursos escasos, ratios explosivas y profesorado agotado- son incompatibles con una educación digna? Este es el truco: desincentivar lo público para luego justificar su debilitamiento como “inevitable”. Una falacia monumental disfrazada de matemática demográfica.

Y hablando de caos, pasemos a otro desastre tristemente conexo: la violencia y la conflictividad en las aulas.

Según los datos de la encuesta divulgada por USTEA junto con STEs, una aplastante mayoría de docentes señala un deterioro significativo del clima escolar. En Andalucía, por ejemplo, más del 85% del profesorado califica el ambiente de trabajo en el aula como conflictivo. A nivel estatal, alrededor del 83% observa un aumento de agresiones verbales y/o físicas por parte del alumnado, y más del 76% percibe un incremento de actitudes hostiles por parte de las familias.

No estamos ante un fenómeno aislado ni ante una exageración sindical, sino ante un síntoma estructural de un sistema público que está siendo sistemáticamente desmantelado. Al reducir financiación, suprimir unidades, congelar plantillas y mantener ratios desorbitadas, se crea un caldo de cultivo perfecto para la frustración, el abandono institucional y la erosión de la autoridad docente. Las aulas ya no son espacios de aprendizaje sosegadado sino zonas de guerra simulada, donde apoyos escasean, la burocracia ahoga y la convivencia se desmorona.

¿Qué tiene que ver esto con la privatización? Todo. Donde más se ha precarizado la educación pública -Madrid y Andalucía fundamentalmente- se padece más el impacto de esta crisis de convivencia. El malestar docente, la sobrecarga laboral, la falta de recursos y la percepción de que no se apuesta por la educación pública no son meras quejas: son indicadores de un sistema en emergencia.

Las administraciones que apoyan este modelo se enorgullecen de recortar plantillas y cerrar aulas. ¿La línea argumental? “Hay menos niños, así que menos aulas”

Sin embargo, las administraciones que apoyan este modelo se enorgullecen de recortar plantillas y cerrar aulas. ¿La línea argumental? “Hay menos niños, así que menos aulas”. Pues mire usted: la calidad educativa no es directamente proporcional al número de niños por aula, sino inversamente proporcional. Cada niño que se añade por encima de una ratio razonable diluye la atención individual, multiplica la carga de trabajo del docente y deteriora el clima de aprendizaje. Cuando la administración pública dice que “no hay alternativa” porque faltan niños, lo que en realidad está diciendo es que no quiere invertir adecuadamente en educación pública. Eso no es pragmatismo demográfico; es negligencia ideológica.

Y mientras tanto, las cifras de agresiones y desgaste profesional crecen. Cuando el profesorado dice que está agotado, sepultado por el papeleo y poco respaldado por la administración, no está dramatizando: está describiendo el resultado lógico de décadas de negligencia política disfrazada de eficiencia.

Así que sigamos con las cuentas claras: menos inversión en pública + más incentivos a la privada = mayor deterioro del sistema público. Más alumnos por aula + menos recursos = mayor conflictividad y desgaste docente. ¿Y todo esto lo llaman “mejorar la educación”? Es como poner gasolina en un incendio y decir que deseas apagarlo con estilo.

Mientras Madrid y Andalucía se la juegan al monopoli de la educación subvencionada, el profesorado -ese nutriente esencial que hace posible cualquier aprendizaje- sufre la violencia, la frustración y la falta de apoyo institucional. Y lo más triste de todo es que no hace falta una encuesta para verlo en cada aula donde un docente levanta las manos -metafóricamente- intentando enseñar en un mar de desinterés y caos.

La verdadera revolución educativa sería reconocer que invertir en educación pública no es un gasto, sino una apuesta por el futuro común. Privatizar para recortar no solo empobrece lo público, sino que perpetúa un ciclo de deterioro, conflictividad y desigualdad que, a la larga, solo beneficia a quien busca lucrarse con la educación, no a quienes viven de ella y la sostienen.

AGUSTÍN MARTÍNEZ

FOTO: Moreno y Díaz Ayuso, en una imagen de 2021.

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