¿Que supone que el parlamento haya rechazado el escudo social?

Los de Puigdemont han votado no al escudo social, que incluía la moratoria antidesahucios, con el argumento de que beneficia la okupación. También han rechazado el decreto que limitaba las subidas de precios en situación de emergencia, pensado tras el encarecimiento de algunos servicios de transporte y alojamiento tras el accidente ferroviario de Adamuz. Los independentistas han votado junto a PP y VOX para tumbar estos dos decretos.

Sobre el trágico accidente ferroviario, el Congreso sí ha convalidado el decreto con ayudas a los afectados en el siniestro y el decreto para revalorizar las pensiones, votado en un solo texto después de que hace unas semanas fuese rechazado el decreto Ómnibus, donde estaba incluida esta subida de las pensiones.

Ello después de que el Gobierno recibiera un revés parlamentario en enero, cuando el Congreso tumbó el real decreto-ley que contenía la subida de pensiones y otras medidas sociales, pero también la prórroga de la prohibición de desahuciar a familias vulnerables, lo que unió a PP, Junts y Vox para tumbar el texto.

El Gobierno, tras negociaciones parlamentarias, aprobó dos reales decretos-ley en Consejo de Ministros el 3 de febrero, repartiendo en ambos textos las medidas, que este jueves vuelven a ser votadas en sede parlamentaria.

Allí, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha defendido el decreto con las medidas del escudo social y les ha reprochado que hace un año apoyaron el mismo decreto.

Además, Bolaños sostiene que los grupos de la derecha están poniendo excusas: «Ni okupas ni okupos. No engañen. Que los okupas no tienen ni un solo beneficio en este decreto ley y se les excluye de cualquier beneficio. Y como lo saben ustedes votaron a favor del mismo texto en 2025 que el que hoy van a votar en contra en 2026».

El ministro ha pedido a Junts, PP y Vox que expliquen su negativa. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha reiterado que solo votarán a favor si el Gobierno saca del escudo social la moratoria antidesahucios: «Si va separado, diremos que sí».

Desde Sumar, el diputado de Compromís, Alberto Ibañez, reclama al Gobierno que, si el decreto cae como está previsto, se vuelva a traer por tercera vez.

La subida de las pensiones

Uno de los reales decretos-ley contiene como medida estrella la subida de pensiones, que será de un 2,7% con carácter general, como resultado de la inflación media de diciembre de 2024 a noviembre de 2025. Así, las pensiones contributivas se incrementan una media de 570 euros al año y, en el conjunto del sistema, algo menos de 500 euros.

De su lado, las pensiones mínimas se revalorizan un 7,07%, un alza que llega al 11,4% en el caso de las prestaciones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares. Las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) suben también un 11,4%.

La pensión máxima del sistema queda fijada en 3.359,60 euros mensuales o, lo que es lo mismo, 47.034,40 euros anuales, y la base máxima de cotización en 5.101,2 euros mensuales, un 3,9% más que en el pasado ejercicio.

Las principales medidas que decaen

En resumen, son 40 páginas de decreto que si, como se prevé, es tumbado por el Congreso, decaerá medidas como:

• La suspensión de los desahucios para familias vulnerables, en aquellos casos en los que el propietario de la vivienda tenga más de dos pisos.
• La suspensión de los desahucios por okupación de vivienda, cuando el titular tenga más de 10 pisos.
• La ampliación de los descuentos del bono social para los consumidores vulnerables.
• La prohibición del corte de suministros básicos a estas familias.
• En materia fiscal: la subida del límite de ingresos, que obliga a los autónomos a no tributar por módulos, y una serie de descuentos por obras de mejora energética en la vivienda o por compra de coches eléctricos.
• La exención de declarar en el IRPF las ayudas que recibieron los afectados por los incendios del verano pasado.
• La exención de declarar ayudas también por parte de los afectados por la DANA. Se trata del dinero que les concedió la Generalitat Valenciana.