85 aniversario de la II República

«Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo… Espero a conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia colectiva, y mientras habla la nación, suspendo deliberadamente el ejercicio del Poder Real y me aparto de España». Eran las palabras de Alfonso de Borbón, desde el exilio, después de haber abandonado el país, tras conocer los resultados de las elecciones municipales del día 12 de abril de 1931.

Efectivamente, los resultados de las elecciones del 12 de abril, habían dado el triunfo a las candidaturas «republicano-socialistas» en 41 de las 50 capitales de provincia. La ciudadanía madrileña, cuando comenzaron a conocerse los resultados, se echó a la calle para proclamar la República. «Con las primeras hojas de los chopos y las últimas flores de los almendros, la primavera traía a nuestra República de la mano», declamaba Antonio Machado por la llegada de la deseada República.

En 36 horas el reinado de Alfonso XIII llegaba a su fin. Fue un proceso rápido, limpio, incruento e imprevisto. La monarquía se había vuelto incompatible con los que creían en un régimen democrático y la República empezó a postularse como la única opción de futuro, incluso entre los monárquicos que abandonaron al rey.

Todo había comenzado en abril de 1930, cuando Indalecio Prieto en el Ateneo de Madrid afirmaba: «Es hora de las definiciones. Hay que estar con el rey o contra el rey». Así se fue fraguando el Pacto de San Sebastián del 17 de agosto de 1930, al que se sumaron el Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores en octubre, convocando una huelga general que iba a ir acompañada de una insurrección militar para meter a «la Monarquía en los archivos de la Historia» y establecer «la República sobre la base de la soberanía nacional representada en una Asamblea Constituyente». Hoy como ayer: ¡Viva España con honra! ¡Viva la República! (Manifiesto revolucionario de diciembre 1930).

Con el manifiesto dirigido a intelectuales, firmado por Marañón, Pérez de Ayala y Ortega y Gasset , creaban la Agrupación al Servicio de la República. En él se decía «Cuando llegan tiempos de crisis profunda, en que, rota o caduca toda normalidad, van a decidirse los nuevos destinos nacionales, es obligatorio para todos salir de su profesión y ponerse sin reservas al servicio de la necesidad pública». Parece escrito hace unos días. Gregorio Marañón, Pérez de Ayala y José Ortega y Gasset, se proponían movilizar a «un copioso contingente de propagandistas y defensores de la Re­pública española». Se hacía un llamamiento a «todo el profesorado y magisterio, a los escritores y artistas, a los médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos de toda clase, a los abogados, notarios y demás hombres de ley», y de forma especial a la juventud.

El Socialista, el 15 abril de 1931, informaba «Ayer se proclamó la República en España. El pueblo se entregó a manifestaciones delirantes de entusiasmo. ¡Viva España con honra y sin Borbones!» y anunciaba la composición del Gobierno provisional, que se formaba por los firmantes del manifiesto revolucionario de diciembre: Presidencia, Niceto Alcalá Zamora (Derecha Liberal Republicana); Estado, Alejandro Lerroux (Republicano Radical); Gracia y Justicia, Fernando de los Ríos (PSOE); Guerra, Manuel Azaña (Acción Republicana); Marina, Santiago Casares Quiroga (Federación Republicana Gallega); Gobernación, Miguel Maura (Republicano Conservador); Fomento, Álvaro de Albornoz; (Republicano Radical Socialista); Trabajo y Previsión Social, Francisco Largo Caballero (PSOE). Quedaban por cubrir algunas carteras cuyos titulares se encontraban exiliados en París: Instrucción Pública y Bellas Artes, Marcelino Domingo (Republicano Radical Socialista); Economía Nacional, Luis Nicolau d’Olwer (Acción Catalana); Hacienda, Indalecio Prieto (PSOE); y Comunicaciones, Diego Martínez Barrio (Republicano Radical).

Antes, el día 13, se había reunido en el Palacio de Oriente el Consejo de Ministros, para adoptar una postura ante los resultados del día anterior. Enseguida se identificaron dos posiciones enfrentadas «Hay que constituir un gobierno de fuerza, implantar la censura y resistir», era la postura del ministro de Fomento Juan de la Cierva, apoyada el conde de Bugallal y el marqués de Alhucemas. El resto, encabezado por el conde de Romanones pensaban que estaba todo perdido. Esa misma tarde el «comité revolucionario» republicano-socialista, hizo público un comunicado en el que decía que el resultado de las elecciones había sido desfavorable a la Monarquía y favorable a la República y anunciaba su propósito de «actuar con energía y presteza a fin de dar inmediata efectividad a los afanes implantando la República».

La monarquía, herida de muerte, recibió la puntilla por el director de la Guardia Civil, al proclamar su adhesión a la República, que ya tenía un Gobierno Provisional. Eibar fue la primera ciudad donde se izó la bandera tricolor. Los acontecimientos se habían precipitado. El rey comenzaba su exilio y Alcalá Zamora, Azaña y el resto de los que serían nuevos ministros entraban en el ministerio de la Gobernación en la Puerta del Sol. Nacía la Segunda República. Vivió hasta el fin de la guerra, tras el golpe de estado nacional-católico-fascista.

 

El día 14 de abril se dictó el primer decreto por el Comité Político de la República: «El Gobierno provisional de la República ha tomado el Poder sin tramitación y sin resistencia ni oposición protocolaria alguna, es el pueblo quien le ha elevado a la posición en que se halla, y es él quien en toda España le rinde acatamiento e inviste de autoridad» En virtud del decreto, el presidente del gobierno provisional de la República, asumía la jefatura del Estado «con el asentimiento expreso de las fuerzas políticas triunfantes y de la voluntad popular». Niceto Alcalá Zamora y Torres fue designado para el cargo de Presidente del Gobierno provisional de la República.

El Gobierno provisional, al recibir sus poderes por la voluntad nacional, manifestó que «dado el origen democrático de su poder y en razón de la responsabilidad en que deben moverse los órganos del Estado, someterá su actuación colegiada e individual al discernimiento y sanción de las Cortes Constituyentes». Igualmente, el Gobierno, adoptó como norma depuradora de la estructura del Estado, someter, en defensa del interés público, a juicio de responsabilidad, los actos de gestión y autoridad pendientes de examen, desde la disolución del Parlamento en 1923, así como «abrir expediente de revisión en los órganos oficiales, civiles y militares, a fin de que no resulte consagrada la prevaricación ni acatada la arbitrariedad, «habitual en el régimen que termina».

El Gobierno provisional hizo pública su decisión de respetar de manera plena la conciencia individual mediante la libertad de creencias y cultos, «sin que el Estado en momento alguno pueda pedir al ciudadano revelación de sus convicciones religiosas», orientando su actividad, no sólo en el acatamiento de la libertad personal y los derechos ciudadanos, sino que «aspira a ensancharlos», adoptando garantías de amparo. El Gobierno provisional declaraba que la propiedad privada quedaba garantizada por la ley, por lo que «no podrá ser expropiada, sino por causa de utilidad pública y previa la indemnización correspondiente». El Gobierno, sensible al abandono absoluto en que ha vivido la inmensa masa campesina española, al desinterés de que ha sido objeto la economía agraria del país, adoptó como norma de actuación el reconocimiento de que el derecho agrario debe responder a la función social de la tierra.

Por su parte, el Presidente del Gobierno provisional, decretaba «la más amplia amnistía de todos los delitos políticos, sociales y de imprenta, sea cual fuere el estado en que se encuentre el proceso, incluso los ya fallados definitivamente, y la jurisdicción a que estuvieren sometidos». Igualmente se decretó fiesta nacional el 14 de abril; y se adoptó como bandera nacional la tricolor, mediante decreto del 27 de abril (Gaceta número 118, del 28 de abril).

 

Hoy, la III República que viene, debe ser la obra de todos, hombres y mujeres, en un esfuerzo común por dotarnos de un Estado acorde con nuestro tiempo. «No es una quimera, no es una utopía. Es una urgente necesidad de regeneración democrática». En 2014, una treintena de intelectuales españoles, suscribía un Manifiesto por la República, como otros lo hicieran en 1931. «Ha llegado el momento de que los españoles decidamos en plena libertad el régimen que deseamos para España», pidiendo la convocatoria de un referéndum, «en el que se tenga la posibilidad de elegir libremente entre Monarquía o República», abrir un Proceso Constituyente, elaborar una nueva Constitución y convocatoria de nuevas elecciones generales. Yo sigo en ello.

Con la proclamación de la II República en abril de 1931 se abrían inmensas perspectivas de cambios políticos, económicos y sociales, pospuestas durante decenios. No sólo se pretendían reformas políticas, sino que se quería atacar el problema de fondo, mediante un cambio profundo de las estructuras sociales, económicas y culturales. Era necesario poner en marcha un ambicioso programa de reformas que lograra poner a España en la modernidad.