Desde este lunes, la energía del sol es ilegal en España
Greenpeace presents a practical proposal of sustainable energy for Brazil. In the Energy Revolution report Greenpeace concludes that by harnessing renewable energy and implementing energy efficiency measures enough electricity can be generated to guarantee the economic growth of the country until 2050. As part of the launching of the report, the Greenpeace installed 40 photovoltaic solar panels that must supply 30% to 60% of the daily demand of electricity in the Greenpeace office in São Paulo. The photovoltaic solar technology allows electricity to generate from panels that catch the light of the sun. The panels are connected to the national energy grid, which is not allowed by law in Brazil. Only about 20 systems of this type exist in Brazil as they require a special license to function.
A partir de este lunes, la gran mayoría de instalaciones de autoconsumo en España se pueden convertir en ilegales. Es lo que indica la normativa que aprobó el Gobierno de Rajoy, y las instalaciones anteriores a su entrada en vigor y no se hayan adaptado a la misma serán prácticamente ilegales y podrán ser sancionadas, según informa Greenpeace, que ha iniciado una recogida de firmas.
En un comunicado, la organización ecologista afirma que “el Gobierno del PP parece decidido a proteger los intereses de Iberdrola y las grandes eléctricas con la normativa de autoconsumo. Impide, además, la democratización de la energía y no se enfrenta al cambio climático”.
La organización indica que el Ministerio de Industria “ni siquiera ha detallado cómo cumplir con las complejas exigencias técnicas requeridas para modificar las instalaciones. ¡Hace imposible cumplir con las obligaciones que él mismo ha establecido!”.
Greenpeace ha iniciado una recogida de firmas para solicitar que el Consejo de Ministros “acuerde una ampliación del plazo, por lo menos hasta final de año, para que estos autoconsumidores no se vean ilegalizados y expuestos a multas multimillonarias a causa de la inactividad del Ministerio de Industria”, unas sanciones de entre 6 millones y 60 millones de euros.
En la carta dirigida a Rajoy, Greenpeace escribe: “En el país del sol, no tiene ningún sentido poner trabas a que la ciudadanía pueda producir su propia electricidad, con una fuente que es renovable, abundante y barata y que además podría reducir nuestra dependencia energética, generar energía de forma sostenible y descentralizada y fomentar la economía ciudadana”.
