Andalucía, donde la privatización no es un fantasma: es una política’ (II)

«Las desigualdades en salud son socialmente producidas, injustas y evitables». Margaret Whitehead

Desmontada la falsa equidistancia de quienes comparan a conveniencia, toca mirar debajo de la alfombra. Y lo que aparece no es un fantasma, sino algo bastante más terrenal: una privatización que no llega con trompeta ni con cartel de “se traspasa”, sino por acumulación de esperas, conciertos, pólizas y dinero público derivado fuera. Andalucía ya está ahí.

Los datos, vistos en su conjunto, ya no dibujan un atasco: dibujan un trasvase

Los datos, vistos en su conjunto, ya no dibujan un atasco: dibujan un trasvase. Andalucía cerró 2025 con 199.950 personas esperando una operación, 64.302 de ellas desde hacía más de seis meses, y una demora media quirúrgica de 173 días. Antes incluso del quirófano, 852.889 personas aguardaban una primera consulta hospitalaria, con 136 días de espera media y especialidades como Traumatología, Oftalmología, Neurología o Dermatología convertidas en pasillos interminables. Todo esto mientras se traspasaban 493 millones del presupuesto sanitario a asistencia con medios ajenos. A la vez, la población que siente la necesidad de contratar  un seguro privado ha pasado del 10,4% al 27,1%. Y crece ,por tanto, el uso de centros privados en atención primaria, especializada, urgencias e ingresos, pasando los hospitales del Sistema Nacional de Salud, con dependencia funcional privada, en Andalucía del 2,0% al 22,7%.

Frente a esa realidad, se intenta imponer una explicación aparentemente sensata: Andalucía sería demasiado grande, demasiado compleja y con una ciudadanía poco dispuesta a reconocer avances. Según ese relato, el Gobierno andaluz habría hecho los deberes y solo quedarían flecos: más coordinación, más tecnología, más homogeneidad y un plan creíble de listas de espera. Suena templado, casi de manual; pero en política sanitaria no basta con mover piezas, hay que mirar qué producen. Y algunas decisiones no son neutras: eliminar las subastas redujo capacidad pública sobre el gasto farmacéutico y, en consecuencia, sobre la gestión de los recursos; integrar empresas públicas no ha reforzado el territorio; ampliar compatibilidades ha debilitado la dedicación preferente al SAS; y los conciertos ya no pueden venderse como parche coyuntural cuando vienen arropados por normas, presupuestos y acuerdos marco de gran volumen.

En 2023, Andalucía aprobó una orden para actualizar la presupuestación y tarifación de convenios y conciertos del SAS con entidades privadas

En 2023, Andalucía aprobó una orden para actualizar la presupuestación y tarifación de convenios y conciertos del SAS con entidades privadas. No fue un trámite menor: ordenaba precios, procedimientos y condiciones para contratar actividad asistencial con medios ajenos. Mientras se presentaba la colaboración privada como respuesta coyuntural, se levantaba el andamiaje para hacerla estable. Y cuando alguien levanta andamios, conviene preguntarse qué edificio piensa construir. 

Después llegó el acuerdo marco para reducir listas quirúrgicas mediante centros privados, con un valor máximo estimado de 533 millones de euros

Después llegó el acuerdo marco para reducir listas quirúrgicas mediante centros privados, con un valor máximo estimado de 533 millones de euros. El problema no es usar recursos externos en situaciones concretas, sino convertir esa vía en la forma normal de gestionar la insuficiencia pública, en vez de reforzar la capacidad propia.

Ese es el truco del discurso conservador: llamar gobernanza a mover piezas sin reforzar lo público; pragmatismo, a depender cada vez más de operadores privados; y modernización, a un sistema donde el derecho sigue siendo universal en el papel, pero llega antes a quien puede pagar.

Las listas de espera no son una maldición bíblica. Hay respuestas conocidas: garantías máximas, registros homogéneos, actividad extraordinaria, priorización clínica, centros diagnósticos, cirugía mayor ambulatoria y, también, conciertos. La evidencia comparada enseña que los planes de choque alivian bolsas concretas, pero no resuelven el problema si no aumentan de forma sostenida la capacidad pública, ordenan la demanda y vigilan con datos fiables todo el circuito. Una lista de espera puede ser el síntoma de un sistema tensionado; también la coartada perfecta para financiar fuera lo que se ha dejado de construir dentro.

La respuesta progresista empieza por una idea sencilla, pero poco practicada: el tiempo sanitario también es igualdad. Esperar no es un trámite neutro; es dolor, incertidumbre, bajas laborales, miedo, diagnósticos demorados y desigualdad acumulada

La respuesta progresista empieza por una idea sencilla, pero poco practicada: el tiempo sanitario también es igualdad. Esperar no es un trámite neutro; es dolor, incertidumbre, bajas laborales, miedo, diagnósticos demorados y desigualdad acumulada. Y tampoco sale gratis para quienes atienden: cada demora añade presión, estrés, frustración clínica y consultas más difíciles, porque el paciente llega tarde al sistema, pero el enfado suele entrar por la puerta acabando en quien tiene delante. Andalucía necesita una política pública del tiempo asistencial: saber dónde se pierde, quién lo pierde, por qué se pierde y quién acaba comprándolo fuera. Por eso no basta con prometer más operaciones o más consultas, como si la lista de espera fuera un simple depósito de pacientes pendiente de vaciar. Debe tratarse como lo que es: una responsabilidad pública sobre el tiempo, el dolor y la incertidumbre de la ciudadanía, gobernada con datos, criterio clínico y cuentas claras, no como una cantera estable para derivaciones y conciertos. Hace falta por tanto una adecuada gestión del tiempo asistencial que implica: revalorizar la atención primaria para que vuelva a resolver pronto y cerca; separar la actividad programada de la presión urgente; aprovechar mejor quirófanos y equipos diagnósticos; reforzar la cirugía mayor ambulatoria; ordenar derivaciones; evitar pruebas o revisiones que atascan el circuito sin aportar valor clínico; y revisar qué indicaciones son adecuadas, qué casos deben priorizarse y sobre todo garantizar que cada decisión responde a un valor clínico y no a la necesidad de maquillar una estadística.

Hay una cuestión que no puede seguir escondiéndose: la ampliación de compatibilidades ha debilitado la dedicación preferente al sistema público. Si se facilita que profesionales con responsabilidad asistencial, organizativa o directiva trabajen también para la privada, se resiente la productividad -la capacidad de resolución- del SAS, se dificulta la planificación de agendas y se abre una zona gris allí donde deberían existir reglas claras

Y hay una cuestión que no puede seguir escondiéndose: la ampliación de compatibilidades ha debilitado la dedicación preferente al sistema público. Si se facilita que profesionales con responsabilidad asistencial, organizativa o directiva trabajen también para la privada, se resiente la productividad -la capacidad de resolución- del SAS, se dificulta la planificación de agendas y se abre una zona gris allí donde deberían existir reglas claras. También se deteriora la confianza social en la profesión sanitaria. No porque los profesionales merezcan menos respeto, sino porque el sistema los coloca en una posición injusta ante una ciudadanía cada vez más cansada e irritada por la espera. Y ahí, como casi siempre, acaba llevando el golpe quien no había levantado la mano: se erosionan la autoridad clínica, el respeto profesional y la propia seguridad de quienes atienden. Andalucía necesita estabilidad laboral, retribuciones dignas y condiciones razonables; pero también revisar a fondo las compatibilidades en jefaturas de servicio, unidades con capacidad de derivación, compras, gestión clínica y áreas con relación directa con operadores privados. No se puede pedir músculo público mientras se permite que una parte creciente de ese músculo trabaje fuera.

Frente a esa privatización por acumulación, la respuesta pasa por evitar que lo que nació como apoyo acabe sustituyendo al sistema. Andalucía necesita recuperar capacidad pública, transparentar las cuentas de conciertos y derivaciones, y evaluar qué medidas reducen realmente las esperas y cuáles solo maquillan las cifras. Porque no estamos ante un fantasma, sino ante una política: deteriorar lo público para abrir espacio al mercado. Y cuando la salida tenemos que comprarla, lo que se privatiza no es solo una consulta o una operación, sino la tranquilidad de ser atendido a tiempo.

Si no tuviste la oportunidad de leer el primer artículo o quieres volver a repasarlo:

• ‘La falsa equidistancia sanitaria’ (I)