La educación pública se planta ante la alfombra roja tendida a la privatización
Las universidades y la Formación Profesional asisten a un imparable incremento del negocio privado en un escenario en el que la escuela pública afronta constantes recortes. Lo analizamos
En la España del centralismo madrileño, político y periodístico, ha dado para muchos titulares y tertulias el enfrentamiento del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP) con los rectores de las universidades públicas por la asfixia económica a estas instituciones académicas, una crisis apaciguada con un reciente acuerdo sobre la financiación. Este mismo choque se ha vivido en Andalucía, donde los rectores de las universidades públicas se plantaron y recibieron duras críticas por parte del Gobierno de Juan Manuel Moreno que, acostumbrado al mar en calma de la mayoría absoluta, navega incómodo ante las crisis que dejan al descubierto costuras, como la de la educación superior o la de los cribados en salud. De la crisis andaluza, taponada por Moreno justo un mes antes del 17M, se ha hablado menos de Despeñaperros para arriba (e incluso abajo), pero ha sido grave y es un ejemplo claro de cómo la sombra de la privatización también se alarga hacia el sistema educativo público, en todos sus niveles.
La Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) ha denunciado la «estrategia de mercantilización y privatización» en el ámbito universitario que lleva a cabo el Gobierno andaluz
El choque entre los rectores y la Junta de Andalucía, en la persona de su consejero de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos, que fue rector de la Universidad de Córdoba, comenzó al mismo tiempo que el Gobierno de Juan Manuel Moreno abría las puertas de par en par a las universidades privadas y sus titulaciones, con unos requisitos de excelencia rebajados. La Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) puso nombre a lo que estaba ocurriendo: «estrategia de mercantilización y privatización». Y advirtió de que no era una situación «inocua» para el sistema universitario público andaluz, pues se estaba retroalimentando «de forma negativa» con la «creciente asfixia» a la que se estaba sometiendo a las instituciones académicas andaluzas.
En resumen, lo que dijeron los rectores es que la Junta estaba dando paso a las universidades privadas y sus titulaciones al tiempo que comprometía la labor de las públicas asfixiándolas. Cuando llegó Moreno al Gobierno de la Junta había una universidad privada en Andalucía y ahora son cinco.
En plena polémica por esa proliferación de universidades privadas, Moreno defendió que pública y privada son «complementarias» y que hay que «fijarse en la calidad que ofrecen ambos sistemas». Las privadas existen, dijo, en todas las naciones de Europa e incluso en China, un «país comunista».
En un gesto inédito, la Junta fue al cuerpo a cuerpo, abrió un frente con los rectores y el consejero -y antiguo rector- les acusó de «tergiversación y manipulación» y de «cercanía política» con el PSOE.
Y en este escenario, la Universidad de Granada, sin quererlo, se convirtió en ejemplo. La Junta emitió informes desfavorables para que impartiera un nuevo grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial y otro, junto a la de Jaén, sobre Ingeniería Biomédica. Para cerrar el círculo, mientras se rechazaban esos títulos estratégicos en las universidades públicas -la UGR y la UJA-, la Junta de Andalucía autorizaba a universidades privadas a impartirlos.
La polémica obligó a la Junta a reconducir ese rechazo, que ahora se ha vuelto a reflejar en otro título estratégico, en este caso vinculado a IFMIF-DONES.
«¡Ojo, van a por la UGR!», advirtió el secretario general de CCOO en Granada, Daniel Mesa, en la movilización del 1 de mayo
«¡Ojo, van a por la UGR!», advirtió el secretario general de CCOO en Granada, Daniel Mesa, en la movilización del 1 de mayo, tras agradecer la participación de organizaciones estudiantiles en la marcha, unas organizaciones que solo unas jornadas antes habían protagonizado una jornada de huelga contra la LUPA -Ley Universitaria para Andalucía-, la infrafinanciación y, en el caso concreto de Granada, contra la subida de los precios del comedor. «¡Defendamos nuestra universidad pública!», fue el lema elegido para la movilización.
El otro gran motivo del choque con los rectores de las universidades públicas se centra en la financiación insuficiente. El rector de la UGR, Pedro Mercado, llegó a advertir en diciembre del pasado año que la financiación planteada por la Junta no cubría los incrementos salariales.
El agrio enfrentamiento siguió y llegó al punto de que desde la Asociación de Universidades Públicas se exigió a la Junta que cumpliera sus compromisos. Directamente a Moreno le reclamaron que cumpliera la palabra que había dado a los rectores.
Finalmente, a un mes exacto de la celebración de las elecciones andaluzas, Junta y rectores alcanzaron un acuerdo sobre la financiación. En esta ocasión, solo el rector de la Universidad de Jaén se abstuvo; el resto votó a favor.
La FP, triple titulación privada
El otro gran puntal educativo que ve cómo la oferta privada se pasea por una gran alfombra roja en Andalucía es la Formación Profesional.
La consejera de Desarrollo Educativo y FP en unas recientes jornadas dedicadas a la inteligencia artificial organizadas por la Junta con Google for Education.
Así lo constata un estudio de CCOO que hace una radiografía de esta enseñanza titulado: «La FP en venta: cómo la privatización está robando el futuro de la juventud». Según este informe, desde el curso 2018/2019 hasta el 2024/2025, el alumnado matriculado en centros públicos en Andalucía se incrementó un 28,9 por ciento; en la privada fue del 66,5 por ciento. «La FP en línea se ha convertido en una puerta de entrada a la privatización de la enseñanza», advierte el sindicato.
No es la única organización sindical que ha denunciado el «preocupante auge» de la FP privada frente a lo que considera un «escaso avance» de la oferta pública en el periodo comprendido entre los cursos 2018/2019 y 2024/2025. Según CSIF, en esos cursos, el número de unidades de FP privada en la provincia ha crecido un 46,67%, frente al incremento de la red pública, que lo ha hecho en un 32,12%. Esta tendencia «penaliza la igualdad de oportunidades y debilita el sistema educativo público», según advierte la organización sindical que considera «inaceptables» estas cifras. Demuestran, según CSIF, que «las políticas actuales en este ámbito requieren de un giro inmediato» por parte de la Junta de Andalucía.
La educación obligatoria, una carrera contra el cierre de aulas y la falta de recursos
El resto de enseñanzas -desde Infantil a Bachillerato- no escapan al perverso desequilibrio instalado entre lo público y privado en Andalucía. Las asociaciones de madres y padres de la escuela pública, agrupadas en Granada en FAMPA Alhambra, y los sindicatos vienen denunciando el cierre de aulas públicas, que el Gobierno de Moreno justifica en la bajada de la natalidad. Pero, como las AMPA y las organizaciones sindicales advierten, esa reducción no se aplica a la concertada, a la que el PP facilitó la entrada de alumnado nada más llegar a la Junta con los cambios en el decreto de escolarización.
El último caso de esos recortes de plazas en la escuela pública se ha dado en Bachillerato. La Junta de Andalucía ha eliminado una de las líneas en el IES Padre Manjón. Al hacerlo, como denunció CCOO, la ratio se dispara en cada aula hasta los 38 estudiantes y esto choca con la calidad e imposibilita la atención a la diversidad. El Padre Manjón es el único centro en Granada que ofrece el Bachillerato Internacional. Suprimir esa línea y el consiguiente aumento de la ratio es, para CCOO, «una barbaridad pedagógica». «Con estas cifras es materialmente imposible ofrecer la atención personalizada que requiere el alumnado y, mucho menos, desarrollar con garantías las exigencias de un diploma internacional», ha denunciado el sindicato.
El último recorte, de una línea de Bachillerato en el Padre Manjón, no responde a «criterios suficientemtne justificados desde el punto de vista de la planificación educativa, ni garantiza los principios de equidad, igualdad de oportunidades y calidad del sistema educativo público»
FAMPA Alhambra ha solicitado por escrito a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de la Junta en Granada que rectifique. La decisión administrativa, expone la federación de familias de la escuela pública de Granada, «no responde a criterios suficientemente justificados desde el punto de vista de la planificación educativa, ni garantiza los principios de equidad, igualdad de oportunidades y calidad del sistema educativo público».
Además del cierre de plazas públicas -según el sindicato USTEA, desde que gobierna el PP en Andalucía y hasta el pasado año, se habían suprimido 2.402 aulas públicas en la comunidad-, hay otro problema que no para de crecer en los últimos años: la falta de profesionales en las aulas para atender al alumnado con necesidades educativas específicas de apoyo educativo. Unos recursos que garantizan su igualdad de oportunidades.
El pasado año, familias de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se unieron en una plataforma contra las políticas de recortes de la Junta. La Ola Inclusiva
Según denuncian, el Gobierno andaluz del PP «ha acelerado de forma exponencial» el «declive» de los servicios públicos, especialmente, «incumpliendo el derecho a un sistema educativo inclusivo».
«Las políticas de recortes y el debilitamiento de los servicios públicos no empezaron ayer: distintos gobiernos, de distintos signos, han tomado decisiones que han ido erosionando el sistema inclusivo. Sin embargo, en la etapa actual el declive se ha acelerado de forma exponencial con el gobierno de Juanma Moreno, una infrafinanciación y precarización de recursos que traspasa la línea roja de sostenibilidad que la ley obliga a garantizar», explica Ola Inclusiva, que nació «con el firme propósito de luchar por el cumplimiento de la ley de manera efectiva».
El Gobierno andaluz de Moreno rehúye del debate de la calidad y, en la línea de su argumentario para defenderse en sanidad, ante los problemas de la escuela pública también trata de refugiarse tras las infraestructuras. El PP alega que ha invertido, desde 2019, más de 60 millones de euros.
M.A.
FOTO: Juan Manuel Moreno, en septiembre del pasado año, junto a los rectores, en el acto de apertura del curso académico de las universidades andaluzas celebrado en la Pablo de Olavide, en Sevilla. Foto: AUP
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