«No vamos a parar hasta que todas las instituciones sean garantes de una vida libre de violencia para las mujeres y niños»

Esta fue la petición que hizo Rego el pasado verano en la localidad granadina, en el marco del caso de Juana Rivas. De hecho, entre las organizadoras del congreso figura su asesora Francisca Granados. Durante su intervención, la ministra ha asegurado que no pararán hasta lograr que el país esté libre de violencia para las mujeres y sus hijos.

«No vamos a parar hasta que todas las instituciones de este país sean garantes y promotoras de una vida libre de violencia para las mujeres y para los niños y las niñas. No vamos a parar», ha arrancado la titular de Infancia, a la vez que ha agradecido»la lucha acumulada para que nuestro país sea más justo y más valiente en la defensa de los derechos de la infancia».

«Son muchas las mujeres y las infancias que acuden al Estado en sus momentos de mayor vulnerabilidad y, sin embargo, se encuentran con un sistema que no solo no las sostiene, sino que además las revictimiza. El objetivo de la ampliación de la LOPIVI es precisamente hacernos cargo de esta violencia institucional e integrar cambios concretos para erradicarla», ha indicado.

De acuerdo con Rego, las tres grandes claves que atraviesan esta reforma son la escucha de la infancia, acabar con el síndrome de alienación parental y proteger a los menores en su convivencia con investigados por violencia de género o maltratadores. «Es una cuestión de justicia. Se elimina la barrera de los 12 años y la supuesta madurez suficiente, y se garantiza que la escucha se produzca en condiciones de seguridad, adaptadas a su realidad y evitando el contacto con el agresor. En segundo lugar, se prohíbe la teoría del síndrome de alienación parental y cualquier variación al respecto. Y, en tercer lugar, proteger nunca puede significar convivir con el maltratador. Las personas que estáis aquí sabéis que las víctimas están desamparadas. Y esto tiene que acabarse», ha remachado.

Por su parte, Ana Redondo ha tenido un recuerdo para el caso de Juana Rivas al principio de su intervención en Maracena: «Estamos aquí con ella, por el sufrimiento de Juana que hemos vivido, que hemos sentido que hemos acompañado y que hemos visto las dificultades enormes para superar lo que Juana ha vivido y ha sufrido durante tantos años».

Redondo ha dicho sentirse orgullosa de que España sea el primer país que elabore una ley contra la violencia vicaria y ha destacado de la norma que incorporará un tipo penal específico en el Código Penal que proteja a las madres víctimas de esta violencia. La ministra ha hecho hincapié en que los avances legislativos en materia de igualdad y lucha contra la violencia machista requieren grandes consensos políticos y sociales; y tras incidir en la tipificación en el Código Penal que proteja a las madres, ha dicho que esto debe «valer de toque de atención «frente a tantos jueces».

Entre la treintena de profesionales que participarán en el Encuentro, figuran la psiquiatra y presidenta de la Comisión de Violencia Intrafamiliar y de Género del Hospital Clínic de Barcelona, Lluïsa García Esteve, la magistrada y miembro del Consejo Consultivo de la Asociación de Mujeres Juezas, Isabel Giménez García, así como pediatras, juristas y trabajadoras sociales que han analizado y viven en su día a día el impacto de estas violencias en niñas, niños y adolescentes y sus madres. El evento será clausurado con la participación en directo a través de videoconferencia, por la Fiscal General del Estado (Teresa Peramato); por la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martinez Perza y por la decana de la facultad de Salud de la UGR, María Encarnación Aguilar.

«Estamos ante una reforma de la Ley de Infancia ambiciosa y valiente, que incorpora muchas de las demandas que organizaciones y expertas en violencia de género hemos realizado a lo largo de los últimos años. Pero queremos recalcar que sólo dará frutos si además se produce un cambio radical en el sistema de justicia», afirma Francisca Granados, directora del Centro de la Mujer de Maracena y coorganizadora del V Encuentro contra la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional.

Granados recalca que el principal problema al que se enfrentan las víctimas de violencia de género y violencia sexual intrafamiliar es la sistemática falta de aplicación de la ley por parte de los sistemas de justicia y de protección. «Si hoy inauguramos este V Encuentro se debe a que la situación que viven muchas madres y sus hijos e hijas, lejos de mejorar, ha empeorado. Y lo ha hecho tanto que muchos están viviendo, como el nombre del encuentro indica: una realidad insoportable. No podemos mirar para otro lado», ha manifestado. Las organizaciones convocantes del encuentro reconocen el gran avance que suponen la reforma de la Ley Orgánica 8/2021 de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia impulsada por la Ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, y aprobada este martes en el Consejo de Ministros.

«La violencia vicaria, una de las formas más extremas y crueles de violencia de género no podría alcanzar los niveles de gravedad que alcanza si los Sistemas de Protección estuvieran a la altura de las exigencias que marca nuestro ordenamiento jurídico», explica Ana María González Lupión, responsable de programas de la organización Mujeres Libres, Mujeres en Paz, impulsora y codirectora de los Encuentros VVVI. Sin embargo, afirma, estamos viviendo «retrocesos intolerables dentro y fuera de los juzgados». «Observamos con profunda preocupación, no sólo la persistencia de fallos en las distintas instituciones, sino la existencia de algunas voces del sistema judicial que, sin el más mínimo temor a reproche o sanción, se pronuncian públicamente con mensajes y opiniones totalmente contrarias al marco normativo que están obligados a respetar y hacer cumplir. Y no pasa nada», denuncia la experta.

En opinión de González Lupión, la impunidad con que algunos jueces se resisten a respetar el espíritu de las leyes de protección de las mujeres tiene consecuencias dramáticas para las víctimas: «Es insoportable aguantar procesos judiciales que duran una media de 10 o 12 años en los que las madres y sus hijos entran denunciando violencia de género o abusos sexuales hacia los menores por parte de sus padres, y al cabo de años de descrédito y violencia institucional, ellas acaban sin la custodia, criminalizadas y con sus vidas truncadas de por vida», ha sentenciado. El congreso, conducido por la artista María Bestar, finalizará el próximo 9 de mayo.