Madres protectoras piden a Igualdad e Infancia la revisión de casos donde se aplicó el falso SAP

Madres protectoras integradas en diferentes asociaciones, colectivos y plataformas de todo el Estado y articuladas en la Coordinadora Estatal para la Erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional (CEVVVI) se han dirigido este viernes a través de una carta a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego para reclamar una serie de cambios urgentes para proteger a niñas, niños y mujeres víctimas de violencia. Entre ellos, la revisión de los informes, autos, resoluciones y sentencias donde aplicó el marco interpretativo del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP).

El escrito ha sido leído ante el público del Espacio Escénico de Maracena (Granada) durante la primera jornada del V Encuentro Estatal sobre Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional. En él, estas mujeres han denunciado que muchas decisiones judiciales continúan atravesadas por sesgos machistas y han advertido de las consecuencias irreparables que sufren las infancias cuando sus relatos de violencia no son debidamente investigados.

Que las investigaciones se vuelvan a desarrollar

La principal reclamación de la carta es la creación de mecanismos que permitan revisar casos en los que hubo menores que quedaron desprotegidos después de que sus denuncias fueran ignoradas o desacreditadas.

Las asociaciones se refieren especialmente a procedimientos en los que se aplicó el falso SAP, u otros estereotipos utilizados para cuestionar a las madres que denunciaron violencia ejercida por los progenitores paternos e invalidar el testimonio de sus criaturas. En esos casos, exigen que las actuaciones judiciales «se retrotraigan» hasta el momento en que niñas y niños estaban protegidos, y que las investigaciones se vuelvan a desarrollar con perspectiva de género e infancia.

El texto pone además el foco en la responsabilidad institucional y en el papel de determinados operadores jurídicos. Las madres muestran su preocupación por «la cascada de declaraciones públicas» realizadas recientemente por el juez David Maman Benchimol que, según denuncian, evidencian cómo se han normalizado prácticas que generan sufrimiento a mujeres y las personas menores de edad. En la carta critican que esas intervenciones se produzcan «sin ningún tipo de preocupación por las secuelas que desarrollan estas criaturas» y «sin ningún tipo de vergüenza».

«Estamos a tiempo de evitar más muertes, más secuelas y más vidas rotas», advierten las asociaciones, que consideran imprescindible una actuación decidida de los poderes públicos para frenar nuevas situaciones de violencia institucional.

«Jueces misóginos y machistas»

La misiva dedica otro de sus párrafos a cuestionar abiertamente el funcionamiento actual del sistema judicial. Las madres se niegan a que sus casos sean enjuiciados por «jueces misóginos y machistas» y plantean incluso si el modelo actual de denuncia es realmente adecuado para proteger a las víctimas. En el escrito critican con dureza el funcionamiento del sistema y lamentan que existen «demasiadas mujeres y niñas y niños muertos», «demasiados arrancamientos», «demasiadas custodias exclusivas» concedidas a hombres a quienes los menores identifican como agresores y «demasiada perpetuación de la violencia».

Las madres denuncian asimismo que la violencia institucional es «la más agresiva» de las violencias que sufren y reconocen que muchas ya empiezan a cuestionarse si acudir a las instituciones termina exponiéndolas todavía más al daño y a la desprotección.

Prohibir los arrancamientos

Por todo ello, piden que se prohíban por ley los «arrancamientos maternos» cuando niñas y niños se atreven a relatar la violencia ejercida por sus padres, cuando las madres intentan visibilizar o denunciar esa situación. También reclaman una revisión de las custodias compartidas impuestas judicialmente cuando estas decisiones se adoptan «en detrimento del bienestar de los niños y niñas que sufren violencia».

El documento insiste en que la violencia vicaria debe ser reconocida de forma explícita como una manifestación de la violencia de género. Y reclama que cualquier futura legislación la contemple como agravante de género. Las organizaciones consideran este punto «extremadamente importante» porque, alertan, ya existe al menos una sentencia en la que se acusó a una madre de ejercer «violencia vicaria emocional».

Pese a la contundencia de sus reivindicaciones, las madres han apelado a la necesidad de seguir impulsando cambios institucionales y han trasladado a las ministras su voluntad de continuar organizadas para exigir transformaciones. «Ahí estamos y estaremos, dispuestas siempre para empujar y hacer posible los cambios que la vida de nuestras criaturas y las nuestras necesitan», concluyen.

La ley de violencia vicaria se aprobará «los próximos días»

El V Encuentro Estatal sobre Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional se ha organizado este año en una semana especialmente significativa para las madres protectoras. El pasado martes, el Consejo de Ministros y Ministras aprobó la ampliación de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI). Una reforma impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia que, entre otras medidas, prohíbe de forma expresa el uso del falso SAP y de cualquier construcción similar en procedimientos judiciales, psicosociales o administrativos. La norma incorpora también el derecho de niños y niñas a ser escuchados en todos los procedimientos que les afecten, independientemente de su edad.

Tanto la ministra de Igualdad, Ana Redondo, como la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, han participado en la inauguración del encuentro. Durante sus ponencias, ambas han hecho referencia a la necesidad de combatir la violencia institucional que sufren muchas madres y criaturas.

También las dos han hecho mención a Juana Rivas, referente de esta lucha. Rivas estaba presente en el auditorio de Maracena, ciudad donde reside con su hijo mayor, Gabriel. Su hijo pequeño, en cambio, sigue obligado a convivir con su progenitor en Italia, a quien la justicia ha imputado por maltratarle tanto a él como a su hermano. La asesora jurídica de Rivas, Francisca Granados, es co-coordinadora del encuentro junto a Ana María González Lupión.

Durante la inauguración de esta primera jornada, Sira Rego ha defendido que la reforma de la LOPIVI ha demostrado que la ley sí «podía ser mucho más garantista» y ha reivindicado su aprobación como «una victoria». «Imposibles son solo aquellas cosas que no tienen razones», ha afirmado. «Y aquí hay miles de razones: todos los nombres de los niños que han aprendido que el silencio era más seguro que la palabra«, ha añadido.

Por su parte, Ana Redondo ha sostenido que existe «una enorme deuda» con las víctimas de violencia institucional y ha pedido perdón «a tantas mujeres y a los niños y niñas» a los que aún no se llega. Redondo ha reconocido que, mientras se producen avances legislativos, «todavía muchas mujeres y niños sufren». Y ha reivindicado la necesidad de «seguir en la línea de avance». En este sentido, ha agradecido el trabajo de todos aquellos «espacios que no se rinden» y que permiten sostener la presión institucional y política para seguir impulsando cambios.

Redondo ha anunciado además que la futura ley sobre violencia vicaria podría llegar «en los próximos días» al Consejo de Ministros y Ministras, y ha señalado que el objetivo es incorporar un «tipo penal específico» que reconozca esta forma de violencia y «proteja a las mujeres».