«La política se deteriora de manera progresiva» por Juan Santaella
Vivimos un tiempo en el que la confianza en las Instituciones está muy baja, especialmente por los casos de corrupción que estamos padeciendo, por la falta de respeto que entre sí muestra la clase política, y por la irrupción iliberal de la extrema derecha.
Frente a ello, habría que tomar ciertas medidas, de manera inmediata. Entre otras, sería necesario profesionalizar la Administración, eliminando a los asesores, cuya máxima pretensión es agradar a su jefe, adaptando las normas a los intereses de éste, y no al revés. Hasta el puesto de Director General debería cubrirse mediante concurso público entre funcionarios. En países sin apenas corrupción (Dinamarca, Canadá, Australia…), encontramos una Administración profesional, donde los altos funcionarios no cambian cuando entra un partido político nuevo.
El funcionamiento poco democrático de los partidos políticos se ha convertido en un problema añadido: han de democratizar la elección de los candidatos que presentan, eligiendo a los más capacitados y honestos, y no a los afines al ‘aparato’. Insistimos, una vez más, en la necesidad de vigilar los contratos públicos, persiguiendo judicialmente su adjudicación entre amiguetes, correligionarios o comisionistas. Nadie debería tener más de un cargo público. La acumulación solo obedece a regalías y compadreo político. Además hay que eliminar las puertas giratorias, que solo generan beneficios oscuros, producto de influencias, a las empresas que fichan a excargos relevantes.
Los aforamientos habría que reducirlos al máximo. Además, la cobertura de estos solo debería afectar a la responsabilidad del cargo, y nunca a situaciones de robos, comisiones, o latrocinios similares. Habría que separar los cargos de la administración, de los cargos orgánicos de los partidos, como ocurre en el PNV, pues así los que desempeñan un cargo institucional sabrían que se deben a todos los ciudadanos. Además, de esta forma, separaríamos la lucha política del respeto a las instituciones (por ejemplo, un Presidente de Gobierno no puede ser insultado permanentemente, sea del partido que sea, salvo que queramos desprestigiar el sistema). Hay que regular los órganos de asesoramiento, inspección y control estatal y autonómico, así como los medios de comunicación de los mismos, cuya cobertura se realiza, muchas veces, sin valorar la idoneidad para el puesto, sino la adscripción política. La justicia requeriría un capítulo aparte, puesto que debería ser ciega a la hora de emitir sentencias, y, en muchos casos, no lo es; sobre todo, en las altas instancias.
Los órganos militares al servicio de la investigación criminal (la UCO de la Guardia Civil, y la Policía Judicial) no pueden ser piezas claves en los procesos judiciales, por realizar, en muchos casos, apreciaciones valorativas. A ellos solo les compete investigar hechos, quedando la valoración en manos de los jueces. Aupar a la extrema derecha a responsabilidades de Gobiernos locales, autonómicos o nacional; e incluso, asumir muchos de sus postulados en el ámbito económico, de género, medioambiental, inmigración, y falta de respeto a los derechos humanos, nos aleja cada vez más del Estado de Bienestar, y pone en peligro la democracia.
Como las medidas anteriores requieren actuar con rapidez, sería necesario un consenso básico para crear un órgano colegiado, formado por personalidades de reconocido prestigio, y acordado por mayoría de tres quintos del Parlamento Nacional o de los Autonómicos (según su ámbito de actuación), que proponga medidas y medios adecuados para acometer actuaciones que mitiguen los problemas anteriores.
