«Aborto privée» por Agustín Martínez
La noticia llegó de puntillas, camuflada entre la anestesia informativa que cada agosto permite a los gobiernos sacar el bisturí sin que nadie mire demasiado. La Junta de Andalucía incrementa la partida destinada a pagar abortos en clínicas privadas. Y lo hace en la comunidad que encabeza la clasificación de interrupciones voluntarias del embarazo practicadas fuera de la sanidad pública.
La explicación oficial es “impecable”: son centros especializados, con mayor experiencia, que garantizan mejor la práctica, o lo que es lo mismo, nuestros hospitales públicos, que pueden hacer trasplantes, neurocirugía, intervenciones cardiacas de altísima complejidad y hasta operaciones imposibles que devuelven la vida, son unos maulas si de lo que hablamos es de practicar un aborto.
La paradoja tiene dimensiones de chiste clínico. Las andaluzas tienen derecho a una sanidad pública universal y a que el derecho al aborto se ejerza en ella. Sin embargo, la Junta sigue extendiendo la alfombra roja hacia la privada. No es una excepción: es un modelo. Cuando algo no funciona en la pública, en vez de reforzarla, se deriva a la privada. Y cuando la derivación crece, se argumenta que la privada es más eficaz y por lo tanto se le entrega más dinero. Un negocio redondo, salvo para la sanidad pública.
Después está el milagro de la objeción de conciencia. En los hospitales públicos hay profesionales que la invocan, con toda legitimidad legal, para no practicar abortos. Pero ocurre un fenómeno digno de estudio científico: algunos de esos mismos médicos, cuando terminan su jornada en la pública y cruzan la puerta de una clínica privada para ejercer su rentabilísimo pluriempleo, recuperan milagrosamente la conciencia profesional. O la pierden. Depende de cómo se mire y, sobre todo, de los ceros de la nómina.
Y no conviene olvidar que el aborto es uno de los derechos que la derecha y la ultraderecha tienen permanentemente en el punto de mira, poniéndolo obstáculos suficientes para hacerlo incómodo, excepcional o dependiente de una empresa privada. Es una forma bastante moderna de combatirlo sin necesidad de prohibirlo.
El derecho al aborto debe ser efectivo, seguro y garantizado. Pero también público. Porque una mujer no debería tener que preguntarse quién va a hacer negocio con el ejercicio de un derecho.
