La UCO niega nueve años después una «red clientelar» en los cursos de formación

La macrocausa de los cursos de formación la inició la juez Mercedes Alaya en el año 2014 y en el seno de esta instrucción la magistrada acusó a estos ex altos cargos del gobierno socialista de la Junta de haber integrado una red de «clientelismo político», a través de las subvenciones concedidas para la realización de actividades formativas. Ahora el informe de la UCO es rotundo al afirmar que «en ninguno de los atestados y oficios de esta unidad se planteó, siquiera como hipótesis criminal, la existencia de una red clientelar, expresión jamás usada, que se hubiere beneficiado de la actuación de la Administración».

Por ese motivo, argumenta la UCO, «no se ha tratado de identificar dicha red», sino que se ha tratado de esclarecer «los hechos relacionados con la concesión, control y justificación de las subvenciones concedidas, determinar si alguno de estos hechos pudiera constituir un ilícito penal y, en caso afirmativo, identificar a los responsables de los mismos». Quién sí la utilizó en varios autos fue la juez Mercedes Alaya.

Tras la negativa del supuesto clientelismo político a la hora de conceder las subvenciones para la realización de las actividades formativas, los investigadores señalan, no obstante, que «lo que sí se infiere, a través de los indicios reflejados en los diferentes atestados e informes, es que esa actuación irregular permitió distribuir nuevos fondos entre aquellos beneficiarios que no habían completado la fase de justificación, bien por incapacidad de la Administración para ejecutar esa fase de justificación, bien porque no se presentaron los documentos justificativos, o bien porque se presentaron de manera inadecuada».

La propia Fiscalía Anticorrupción rechazó en su día que la concesión de estas subvenciones se realizara por razones políticas. El fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto aseguró en un escrito remitido al juzgado en 2016 -en el que pidió el carpetazo de la causa- que la investigación desarrollada no se identificó ninguna red de ese tipo, es decir, que hubiera «un grupo de beneficiarios que por afinidad política u otros criterios hayan sido causa de la concesión arbitraria de subvenciones para el enriquecimiento personal de los mismos». El Ministerio Público precisó que «es cierto que hay determinados empresarios y personas jurídicas y físicas, cercanos a la Junta de Andalucía que han sido sistemáticamente beneficiadas con subvenciones», citando como ejemplo el caso del ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda, ya fallecido, o el del ex vicesecretario del PSOE-A Rafael Velasco, que determinaron en su momento la apertura de sendas investigaciones, así como las desarrolladas sobre los consorcios de formación.

La acusación pública también destacó entonces que se habían justificado ya casi 2.000 millones de los 2.900 millones concedidos en el periodo 2002-2012, y sólo quedaban por justificar, a fecha de 31 de diciembre de 2015, un total de 529 millones. Ahora la UCO señala que el ex director general de Formación Carlos Cañavate declaró cuando tomó posesión de su cargo en octubre de 2013 se encontró una cantidad aproximada de 950 millones de euros «que no habían sido justificados».

Cuando la Audiencia de Sevilla ordenó reabrir la investigación de los cursos de formación, en julio de 2019, el tribunal ordenó expresamente que la UCO examinara, con la asistencia de un interventor de la Junta y otro de la Intervención General del Estado, una serie de expedientes de subvenciones que estaban precintados por la propia unidad de la Guardia Civil en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), todo ello con la finalidad de cotejar los expedientes examinados en el procedimiento «a través de las aplicaciones informáticas con los expedientes ‘físicos’ y comprobar si en los mismos se da la misma falta de documentación y defectos que en los ya examinados y que se ponen de relieve especialmente en los informes de la Intervención».

«Un elevado número de irregularidades»

El nuevo atestado, que según fuentes del caso consultadas por este periódico no aporta ninguna novedad a la investigación a pesar de que se ha remitido siete años después de la reapertura de la investigación, realiza una recopilación de los informes que en su día realizaron los organismos encargados del control de la subvención -como la Cámara de Cuentas, la Inspección de Trabajo, la Intervención de la Junta y los informes de la Dirección General de Formación-, y reitera las conclusiones reflejadas en otros informes.

Así, los agentes de la UCO insisten en que el estudio de los expedientes ha puesto de manifiesto un «elevado número de irregularidades en todas las fases de tramitación de las subvenciones, desde la concesión a la justificación». Todas esas irregulares, insiste el nuevo atestado, habrían sido facilitadas por la «existencia de una actuación conjunta y uniforme, bajo un mismo patrón, en los diferentes órganos gestores, lo que incluía, tanto los servicios centrales como todas las delegaciones provinciales de Andalucía».

Con este nuevo informe, el juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana, que sigue investigando las macrocausas hasta enero próximo, deberá decidir sobre esta investigación en la que la Fiscalía ya solicitó el archivo hace una década.

Jorge Muñoz

FOTO: Agentes de la UCO de la Guardia Civil en una operación relacionada con los cursos de formación. / D. S

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