«Hasta luego Maricarmen» por Agustín Martínez
Así han debido celebrar los canallas del fondo buitre Urbagestión el desahucio de Mari Carmen, una mujer de 87 años, con una discapacidad del 50 %, del piso donde ha vivido sus últimos 70 años. Hay desahucios que son mucho más que un procedimiento judicial. Son la fotografía de una sociedad que ha decidido poner precio incluso a los recuerdos, las raíces y al derecho a no ser expulsado de tu propia vida. El caso de Maricarmen, debería avergonzarnos. Diez furgones policiales, un helicóptero, impedimentos a la prensa para que pudieran dar testimonio de los hechos. No Mari Carmen no es una peligrosa terrorista internacional, ni una narcotraficante, ni siquiera un Aldama cualquiera.
Mientras Madrid mira a Maricarmen, Granada debería mirarse en el espejo. Paloma lleva 35 años en su casa, desde que tenía siete. Nunca ha dejado de pagar. Vive en situación de vulnerabilidad y se ha mostrado dispuesta a asumir una subida del alquiler. Pero el edificio ha cambiado de manos y ahora el negocio inmobiliario necesita que ella desaparezca. Es la última vecina. Para Paloma es su casa; para quien la posee, una cuenta de resultados.
Ahí está el problema: los grandes tenedores no compran ladrillos. Compran barrios. Compran calles. Compran centros históricos y la posibilidad de decidir quién puede vivir allí. La vivienda deja de ser hogar para convertirse en activo financiero, el vecino, en estorbo y la ciudad, en escaparate para quien pueda pagarla. Y los ayuntamientos, mientras tanto, ofrecen al desalojado un albergue o una habitación temporal. Pero un hogar no se sustituye con una cama durante unas semanas. Mucho menos para personas vulnerables que han construido allí toda su vida.
Conviene recordar que el Congreso tumbó en febrero el escudo social con los votos de PP, Vox y Junts, dejando caer medidas como la moratoria de desahucios para familias vulnerables. Las consecuencias tienen nombre, edad y una llave que puede dejar de abrir la puerta de toda una vida.
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