La vivienda, un derecho roto

El pasado 23 de septiembre de 2026, poco después de la una de la tarde, una mujer de 87 años salió en camilla del piso de Madrid en el que vivía desde 1956. Se llama María del Carmen Abascal, aunque todos la conocen como Maricarmen. Tiene movilidad reducida y una discapacidad reconocida del 50 por ciento. Tras una jornada de enorme tensión, una ambulancia la trasladó al Hospital Gregorio Marañón.

Su desahucio era legal, aunque también, inmoral, amoral e indigno, pero pudo haberse evitado

Su desahucio era legal, aunque también, inmoral, amoral e indigno, pero pudo haberse evitado. La primera que tenía en su mano pararlo era la empresa propietaria, Urbagestión. Le ofrecieron el dinero que pedía y lo rechazó. El Gobierno de España intentó comprar el piso, pero no tenía herramientas para imponer una solución, también se ofrecieron particulares para adquirirlo. La empresa, lo rechazó. Maricarmen no fue desahuciada por no pagar. Fue desahuciada porque la propiedad rechazó todas las alternativas. Solo cuando su nombre se ha asociado a un escándalo de tal dimensión, recogido incluso por la prensa internacional, Urbagestión ha reaccionado dirigiéndose al Ayuntamiento de Madrid, proponiendo que incluya la vivienda en un plan municipal sobre alquileres asequibles. El Consistorio que preside José Luis Martínez-Almeida (PP) ya lo ha rechazado.

El lanzamiento de Maricamen conmocionó al país, menos a Isabel Díaz Ayuso y todo el PP, ni por supuesto a la extrema derecha. En Granada, una gran concentración expresó el clamor contra el desahucio. Pero hay muchas otras Maricarmen, en situaciones parecidas o simplemente por un revés. En España se ejecutan casi 45 desahucios diarios. Según datos recogidos por el Consejo del Poder Judicial (CGPJ) en lo que llevamos de 2026 se han efectuado 4.005 lanzamientos. En la provincia de Granada, según el registro oficial, en el primer trimestre del año un total de 142, lo que supone un 24,52 por ciento más que en el mismo periodo de 2025 y el mayor número de lanzamientos de toda Andalucía.

Concentración esta semana en Granada tras el desahucio de Maricarmen. stop desahucios 15M

Una de las que se enfrenta a esta situación en la capital granadina, es Paloma, vecina de Plaza Nueva. Después de llevar 30 años su vivienda, el propietario, arquitecto, profesor de la UGR y gran tenedor, aspira a desahuciarla para parcelar el piso en habitaciones y alquilarla para los turistas. Una historia que se repite una y otra vez.

Un derecho que se incumple

El derecho a disfrutar de una vivienda “digna y adecuada” está amparada por el articulo 47 de la Constitución, que insta a “los poderes públicos” a promover “las condiciones necesarias” y “establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”. Figura en el Capítulo III del Título I, catalogado como un principio rector de la política social y económica, pero no como un derecho fundamental de aplicación directa.

Entre todas las administraciones, el que con más paso firme ha avanzado es el Gobierno de España. Es la evidencia

La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce en su artículo 25 el derecho a un nivel de vida adecuado, que incluye la vivienda. El mismo artículo cita la vejez entre las situaciones que merecen especial protección. La Constitución, en su artículo 10.2 obliga a interpretar los derechos fundamentales de acuerdo con ella: “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.

Pero, ¿qué hacen las administraciones?

Entre todas las administraciones, el que con más paso firme ha avanzado es el Gobierno de España. Es la evidencia. Primero, aunque con sus imperfecciones, con la Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobada por el Consejo de Ministros el 1 de febrero de 2022, por el Congreso el 27 de abril de 2023, con los votos en contra del PP y la ultraderecha. La ley, en resumen, incluye medidas para aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles, evitar que se den situaciones de tensión en el mercado del alquiler y apoyar a jóvenes y colectivos vulnerables en el acceso a la vivienda.

También ofrece a comunidades autónomas y municipios diferentes herramientas que contribuirán a contener o reducir el precio del alquiler y a aumentar el parque de vivienda en alquiler social. Andalucía, como el resto de las gobernadas por las derechas, la rechaza y no la aplica.

Para limitar los precios del alquiler, la ley estatal garantiza beneficios fiscales para los arrendadores que faciliten el acceso asequible al alquiler. Podrán beneficiarse de un 90% de reducción en los rendimientos del alquiler si bajan los precios en un 5% en zonas de mercado residencial tensionadas. También existen otras reducciones ligadas a la realización de obras de mejora, el alquiler a personas jóvenes o la adhesión a programas de vivienda asequible incentivada o protegida.

Manifestación en Granada, en 2025, para reivindicar el derecho a una vivienda digna. indegranada

También la declaración de zonas de mercado residencial tensionado durante un período de 3 años, prorrogable anualmente, para poder aplicar medidas de reducción del alquiler o el incremento máximo anual del alquiler, a partir de 2025 según el Índice de Referencia para la Actualización de Arrendamientos de Vivienda (denominado con las siglas IRAV), definido por el Instituto Nacional de Estadística para evitar incrementos desproporcionados en la renta de los contratos.

Además de declarar zonas de mercado residencial tensionado, la ley estatal regula los parques públicos de vivienda para evitar operaciones de venta a fondos de inversión

La ley regula los parques públicos de vivienda para evitar operaciones de venta a fondos de inversión; determina la calificación indefinida de la vivienda protegida para garantizar siempre un periodo de, al menos, 30 años o un porcentaje mínimo del 50% para vivienda en alquiler dentro del suelo de reserva para vivienda protegida e incremento de los porcentajes de reserva de suelo para vivienda protegida, del 30 al 40% en el suelo urbanizable, y del 10 al 20% en suelo urbano no consolidado.

Sobre la protección contra desahucios, plantea  mejoras para garantizar una comunicación efectiva entre el órgano judicial y los servicios sociales que logre, así, una atención rápida a las personas en situación de vulnerabilidad; soluciones habitacionales para los afectados y, mientras estas soluciones llegan, ampliación de los plazos de suspensión de los lanzamientos y cuando el demandante sea gran propietario y la demanda de desahucio afecte a personas vulnerables, deberá acreditarse la aplicación de un procedimiento de conciliación o intermediación.

El Tribunal Constitucional recibió ocho recursos contra la ley presentados por comunidades autónomas, entre ellas la andaluza. El último de los recursos, de la Xunta de Galicia, fue desestimado en una reciente sentencia -de este mismo septiembre-. Con ello quedan zanjados los recursos de inconstitucionalidad, no así la aplicación de las medidas de las leyes. Allí donde gobierna el PP, con o sin la ultraderecha, se evita la declaración de zonas tensionadas. 

El Gobierno de España también aprobó el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que, en su generalidad, persigue incrementar el parque de vivienda asequible con carácter protegido y permanente; rehabilitar el parque existente, mejorando eficiencia energética, accesibilidad y regeneración urbana; disminuir el esfuerzo financiero de las familias, garantizando que el pago de la vivienda no supere el 30% de los ingresos o revertir las zonas de mercado tensionado mediante políticas de contención y reducción de precios.

En vigor desde el pasado día 24 de abril, el Plan prevé una financiación de 7.000 millones de euros, que triplicará la del plan anterior, con un reparto competencial acorde a la Constitución. Es decir, el 60 por ciento aportado por el Estado y el 40 por ciento restante, por las comunidades autónomas, responsables de la competencia en vivienda.

La consejera de Vivienda de la Junta y la alcaldesa de Granada en una reciente reunión. junta

El PP propone un plan de vivienda centrado en la liberalización del suelo que permita el aumento de la oferta frente al déficit habitacional en España. Y mantiene el foco en las ocupaciones, cuando las estadísticas oficiales indican, no solo una caída, sino que suponen casos residuales.

Desde la izquierda, con el PSOE al frente, acusan al PP y la extrema de recha de representar a “los especuladores”

Desde la izquierda, con el PSOE al frente, acusan al PP y la extrema derecha de representar a “los especuladores”.

La Junta de Andalucía, que no aplica la Ley de Vivienda, anunció al día siguiente del desahucio de Maricamen, mediante la consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno, Carolina España, rebajas fiscales para combatir lo que es primer problema de Andalucía.

La Junta de Andalucía, que no aplica la Ley de Vivienda, anunció al día siguiente del desahucio de Maricamen, mediante la consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno, Carolina España, rebajas fiscales para combatir lo que es primer problema de Andalucía

La medida se implantará con los presupuestos de 2027, asegurados gracias al pacto entre PP y Vox. Estas medidas incluyen una rebaja del tipo general del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que pasa del 7 al 6,75%. Esta rebaja disminuirá hasta el 6% de forma progresiva durante la legislatura. Además, se elevará el límite del precio de vivienda para los tipos reducidos y superreducido de 150.000 a 200.000 euros.

Los cálculos de Junta de Andalucía apuntan a que esta nueva rebaja fiscal podría beneficiar a cerca de 138.000 andaluces el próximo año.

Además, ofrece un cambio en el límite del tipo reducido del 6%. «Los andaluces que adquieran una vivienda para vivir en ella y por la que paguen hasta 200.000 euros se podrán aplicar este tipo reducido», explicó la portavoz del Gobierno. Pero según la propia consejera, la modificación solo podría beneficiar a unos 3.700 andaluces.

En el Ayuntamiento de Granada apuestan en materia de vivienda por el asesoramiento contra la ocupación, mediante un convenio con el Colegio de Abogados de Granada que presta el servicio. Las consultas tramitadas son insignificantes. No quiere, como la Junta, calificar a la ciudad como zona tensionada, pese a que claramente lo es, con unos 60.000 estudiantes universitarios, que se suman al problema que asola al incuantificable número de granadinas y granadinos que no encuentran un piso digo y a precio asequible.

La alcaldesa, el primer teniente de alcalde y el decano de los abogados, en la oficina antiokupación. ayto. granada

En el Ayuntamiento de Granada apuestan en materia de vivienda por el asesoramiento contra la ocupación, mediante un convenio con el Colegio de Abogados de Granada que presta el servicio

Maricarmen representa la angustia y ansiedad de jóvenes, asalariados y pensionistas ante la evidencia de que en España se da una espiral perversa en la que el alquiler no es una opción de vida y la compra es inalcanzable.

Una llamada a la reflexión

No hay oferta suficiente ni competencia que modere los precios. Los pisos son un activo especulativo. El derecho constitucional a la vivienda solo es efectivo a partir de un umbral de poder adquisitivo cada vez más alejado de la clase media.

Y si el derecho a una vivienda “digna y adecuada” no es un derecho fundamental de aplicación directa, el artículo 1.1 de la Constitución define a España como un Estado social y democrático de Derecho. Su preámbulo aspira a una “sociedad democrática avanzada” que asegure a todos “una digna calidad de vida”. Algo así no debería repetirse en un país con esos principios.