Las medidas del acuerdo sobre vivienda

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros dos reales decretos ley de vivienda después de una negociación que se ha prolongado hasta el último momento y que ha obligado a retrasar una hora la reunión. El primer decreto incorpora una mayor protección contra los desahucios y la prórroga temporal de hasta dos años de los contratos de alquiler en vigor. Otras medidas más ambiciosas, como la extensión indefinida de los contratos que reclama la acampada del Sindicato de Inquilinas desde la Puerta del Sol, se han incorporado al segundo texto. Los dos se votarán por separado en el Congreso, previsiblemente esta misma semana.

La titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que, debido a la importancia de las medidas, el Gobierno ha solicitado al Congreso la celebración de un pleno extraordinario este mismo viernes para la convalidación inmediata de ambos decretos. Los dos textos necesitan el aval de las Cortes para poder publicarse en el Boletín Oficial del Estado y entrar en vigor. Por eso, Rodríguez ha agradecido públicamente el esfuerzo de los negociadores y ha pedido a todos los grupos parlamentarios que apoyen las dos iniciativas.

La negociación entre los dos socios del Gobierno se ha mantenido abierta durante toda la noche del lunes y la mañana del martes, con Sumar ―y el resto de formaciones de izquierda― reclamando mayores garantías para los inquilinos y el PSOE tratando de cuadrar las piezas para lograr el respaldo parlamentario de Junts y el PNV.

El resultado de esa negociación contra reloj ha sido la aprobación de dos decretos en lugar de uno, como estaba previsto en un primer momento. El primero incluye la prórroga extraordinaria y obligatoria de dos años para los contratos que estén en vigor y venzan antes de finales de 2028, además de la ampliación hasta 2030 de la protección frente a los desahucios y otras medidas en materia de vivienda. Algunas son la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones con carácter estructural y la prohibición de la compra de vivienda por fondos buitre hasta 2028, aunque Rodríguez ha evitado concretar cómo se determinará qué es un fondo buitre, o “pyme buitre”, como ha definido a Urbagestión, la empresa propietaria de la casa de Maricarmen.

También destaca una línea de crédito al 0% de interés para facilitar la compra de la primera vivienda. Ese préstamo sin intereses podrá abarcar hasta el 20% del precio de compra, hasta un máximo de 50.000 euros, según ha detallado Rodríguez. La ministra no ha aclarado si la medida se dirige exclusivamente a jóvenes, aunque en los borradores previos a las medidas aprobadas este martes sí figuraba esa condición.

En este primer paquete, que previsiblemente tendría los apoyos del Congreso garantizados, también habrá bonificaciones fiscales tanto para caseros como para determinados inquilinos. Entre otros supuestos, los descuentos premiarán a los arrendadores que “no se suben al carro de la especulación”, en palabras de la ministra.

El segundo decreto, que parece que nace con un apoyo parlamentario más débil al no haberse podido negociar con tiempo con los socios, recoge el acuerdo alcanzado para establecer la renovación automática de los alquileres, una de las cuestiones que más ha tensado la negociación durante las últimas horas.

La diferencia entre una prórroga limitada a dos años y un sistema de renovación automática de los contratos es una de las grandes brechas entre los socios. El Sindicato de Inquilinas exige contratos indefinidos en los que el inquilino pueda continuar en la vivienda mientras cumpla con los pagos y no concurra una causa justificada para poner fin al arrendamiento.

Dos decretos, cuatro bloques

La ministra Rodríguez ha explicado que el primer decreto se divide a su vez en cuatro bloques. El primero se enfoca en los desahucios, “para que no vuelva a haber más casos como el de Maricarmen y poner pie en pared frente a la especulación”. A este respecto, el Gobierno plantea recuperar y ampliar la vigencia del escudo social hasta 2030. También se propone “identificar” a las empresas que compran vivienda con fines especulativos para paralizar las transacciones.

En el segundo bloque, el Ejecutivo pretende encarar el fraude en el alquiler, tanto de temporada como de habitaciones. Entre otras medidas, el decreto plantea elevar el IVA de los pisos turísticos al 10% para que tributen como un negocio.

La parte fiscal conforma el tercer bloque, con la idea de bonificar en el IRPF a inquilinos con rentas inferiores a los 33.000 euros anuales, que podrían ahorrar hasta una mensualidad al año. Vivienda también plantea incentivos para los propietarios “que quieren que sus vecinos vivan mejor y no se suben al carro de la especulación”. Y, por último, pone sobre la mesa una serie de ayudas a determinadas familias con el objetivo de que puedan comprar su primera vivienda. El cuarto bloque se diseña con el objetivo de impulsar la construcción del parque público.

El segundo decreto, ha recordado Rodríguez, se inspira en los países que tienen un modelo de contrato de alquiler indefinido y tiene el objetivo de renovar automáticamente los contratos de alquiler con ciertas salvaguardas. La ministra ha reconocido que no han podido trabajar con tiempo esta medida con los socios, pero ha pedido a los grupos su aprobación.