«La ‘nube’ que puede dejarnos ‘secos’» por Ignacio Henares

Nuestra provincia se sitúa en el epicentro de la expansión tecnológica de Andalucía con macroproyectos para los que se anuncian inversiones de miles de millones de euros. Sin embargo, el impacto ambiental del auge de la inteligencia artificial exige una normativa estatal inmediata que obligue a cumplir los más altos estándares de consumo de agua y energía.

Los días 6 y 7 de este mes de noviembre se celebra el Día Internacional contra los Centros de Datos de Hiperescala, una fecha que a la mayoría de los granadinos les sonará lejana o excesivamente técnica. Sin embargo, la realidad es que «la nube» no es un espacio etéreo e incorpóreo en el cielo; la nube de la que escribo en esta ocasión es de hormigón, gasta luz y tiene una sed insaciable. Y lo más importante: está llamando con fuerza a las puertas de nuestra provincia.

Para entenderlo de forma sencilla, un centro de datos es una nave industrial gigantesca repleta de miles de ordenadores (servidores) encendidos las 24 horas del día. Son las arterias digitales que permiten que enviemos un WhatsApp, veamos una serie en streaming o, de forma cada vez más masiva, que las nuevas herramientas de inteligencia artificial (IA) procesen millones de operaciones por segundo. Pero mantener este cerebro digital en marcha tiene un coste físico brutal: una cantidad ingente de electricidad y millones de litros de agua dulce para refrigerar unas máquinas que arden de calor.

Cada vez que interactuamos con la tecnología dejamos una huella invisible. Para que nos hagamos una idea, una sola consulta en ChatGPT consume diez veces más agua que una búsqueda normal en Google, requiriendo el equivalente a una botella de agua pequeña solo para enfriar los servidores que procesan la respuesta.

En nuestra provincia, este fenómeno ya tiene nombres, apellidos y ubicaciones muy concretas. Por un lado, el polígono CITAI de Escúzar alberga el proyecto del campus «SP01», una infraestructura enfocada precisamente al entrenamiento de IA que prevé movilizar hasta 3.000 millones de euros en inversión. Por otro lado, en la comarca de Guadix se proyecta el «Wadi Ash Project», un coloso que, con sus 450 MW de potencia planificada, se sitúa como el mayor proyecto de centro de datos en cartera de toda Andalucía.

Estas cifras demuestran que Granada está en el mapa de la vanguardia digital global, pero también justifican el recelo y las movilizaciones de los colectivos sociales que estos días alzan la voz. En una tierra que arrastra años de estrés hídrico crónico, donde nuestros agricultores miran al cielo con el alma en un puño, la llegada de estas infraestructuras sin un control férreo y unas garantías reales de minimización de su impacto es un riesgo inasumible. Si una sola de estas instalaciones puede llegar a demandar la energía equivalente a la de miles de hogares, regularlas no es una opción ideológica: es una necesidad de supervivencia.

La regulación de estos centros de datos ha sido uno de los temas estrella en las pasadas elecciones de mitad de mandato en algunos estados de EE. UU. En algunos países europeos y en la comunidad de Aragón existe una gran controversia sobre las características y la localización más adecuada para estas instalaciones.

Este Real Decreto, que tramita el Ministerio para la Transición Ecológica, no solo es necesario, sino que requiere una urgencia institucional máxima para poder obligar a las big tech que los promueven a garantizar que, al menos, el 80 % de su energía sea limpia y a vigilar estrictamente su huella hídrica

Partamos de que los centros de datos constituyen infraestructuras necesarias para la digitalización de la economía y la prestación de los servicios digitales que emplean las administraciones públicas, el tejido económico e industrial y el conjunto de la ciudadanía. España, por su ubicación geográfica, su clima y su liderazgo en inteligencia artificial y en energías renovables, es una referencia en el desarrollo de estos centros.

La normativa para regularlos está pendiente del informe del Consejo de Estado, tras haber sido sometido a audiencia e información pública el proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia, así como de soberanía digital aplicables a estos centros de datos. Este Real Decreto, que tramita el Ministerio para la Transición Ecológica, no solo es necesario, sino que requiere una urgencia institucional máxima para poder obligar a las big tech que los promueven a garantizar que, al menos, el 80 % de su energía sea limpia y a vigilar estrictamente su huella hídrica.

Este es el camino correcto. Ante el dilema que plantean los megacentros de datos entre inversiones millonarias o una sed insaciable, la respuesta debe ser, también en esta ocasión, un «SÍ, PERO». No se trata de oponerse al progreso ni de ahuyentar la llegada de instalaciones que pueden generar dinamismo económico; se trata de fusionar la eficiencia energética con el uso racional del agua y de evaluar previamente, de manera rigurosa y exigente, su impacto ambiental, económico y social. De hecho, el propio proyecto de Escúzar planeaba utilizar avanzados sistemas de circuito cerrado para reducir el consumo hídrico al mínimo, lo que demuestra que la tecnología sostenible es posible si se exige desde las instituciones.

Las grandes corporaciones buscan nuestro territorio atraídas por nuestra radiación solar y nuestras conexiones estratégicas, pero deben entender que el suelo y el agua de los granadinos tienen límites ecológicos no negociables. Los colectivos sociales que estos días se movilizan para exigir garantías ambientales estrictas y reclaman la aprobación inmediata de una norma que regule los centros de datos de hiperescala no lo hacen para frenar el futuro, sino precisamente para lo contrario. Sus manifestaciones son en defensa de nuestro patrimonio natural y del bienestar de los vecinos de Guadix y del área metropolitana. Porque, o el avance hacia la digitalización se hace de manera sostenible, o simplemente no será. Y en Granada, la ‘nube’ no puede crecer a costa de secar nuestra propia tierra.

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