«Cuando la confianza descarrila» por Manuel Martín García

La vida, mientras tanto, sigue su curso, ajena a que dentro de cada vagón viajan historias que no conocemos, conversaciones pendientes, preocupaciones, planes para el fin de semana y personas convencidas de que volverán a casa.

Hasta que un día no vuelven.

El accidente ferroviario de Urda, en la provincia de Toledo, ha quebrado esa normalidad de una manera que las palabras apenas alcanzan a expresar. Hay ausencias que empiezan mucho antes de que podamos despedirnos: en una llamada que nadie responde, en una noticia que una familia se resiste a creer, en una puerta que ya no se abrirá como tantas otras veces. Detrás de cada víctima hay una vida irrepetible y un mundo de afectos que no cabe en ninguna cifra.

Ante un dolor así, conviene desconfiar de las palabras demasiado rápidas. También de nuestra necesidad de encontrar enseguida una explicación, señalar un responsable o cerrar con una respuesta aquello que todavía permanece abierto. La investigación debe llegar hasta el final. Las causas han de esclarecerse y las responsabilidades, si las hubiera, exigirse con todas las consecuencias. Pero hacerlo requiere rigor, no precipitación; verdad, no ruido.

Hay, sin embargo, una reflexión que no necesita esperar al final de la investigación.

Cada vez que subimos a un tren, confiamos.

Confiamos en personas cuyo rostro desconocemos, en procedimientos que no vemos, en sistemas que no sabemos manejar y en decisiones que otros toman por nosotros. No comprobamos las señales ni inspeccionamos las vías. Nos ponemos en camino porque creemos que alguien ha hecho lo necesario para que nuestro viaje sea seguro.

Esa confianza sostiene mucho más que el transporte. Sostiene la convivencia. Nos permite vivir sin tener que vigilarlo todo ni sospechar de cada puerta que cruzamos, de cada puente que atravesamos o de cada servicio del que dependemos. Sería imposible vivir de otro modo. Necesitamos confiar en que profesionales e instituciones cumplen con su cometido y son conscientes de lo que está en juego cuando otros depositan en ellos su seguridad.

Por eso, la confianza es también una responsabilidad de quienes la reciben.

Quien tiene en sus manos la seguridad de otros no administra únicamente recursos, horarios, protocolos o infraestructuras. Tiene a su cargo algo mucho más importante: la tranquilidad de quienes esperan llegar a casa. Esa responsabilidad exige revisar lo que parece funcionar, escuchar las advertencias, corregir las deficiencias y no confundir la ausencia de problemas con la certeza de que todo está bien.

La seguridad no puede descansar en la suerte. Tampoco la confianza puede pedirse como un acto de fe. Hay que merecerla, cada día, con hechos.

Y aquí hay una cuestión que no deberíamos esquivar: la responsabilidad de las instituciones y de quienes tienen encomendada la gestión de los servicios públicos. No se trata de buscar culpables antes de conocer la verdad ni de señalar a quienes quizá solo cumplían con su trabajo en circunstancias que desconocemos. Sería injusto hacerlo. Pero tampoco podemos confundir la prudencia con el silencio. La responsabilidad pública se demuestra mucho antes de una tragedia: en las decisiones que se toman, los recursos que se destinan, el mantenimiento adecuado de las infraestructuras y los sistemas, la eficacia de los controles, la atención a las advertencias y la corrección de las deficiencias.

La ciudadanía tiene derecho a saber qué ha sucedido, por qué y qué medidas se adoptarán para evitar que vuelva a ocurrir. Responder ante los ciudadanos no es una debilidad ni una concesión que puedan otorgar quienes ejercen responsabilidades públicas: es parte esencial de su obligación.

Las advertencias y recomendaciones formuladas por organismos técnicos y profesionales del ámbito ferroviario sobre los protocolos de seguridad, las comunicaciones en situaciones de riesgo y las medidas de protección de la circulación merecen ser escuchadas y examinadas con rigor. No podemos afirmar que esas cuestiones expliquen lo ocurrido en Urda; será la investigación la que esclarezca las causas. Pero tampoco cabe ignorar que, cuando se plantean posibles mejoras relacionadas con la seguridad, los organismos competentes tienen la obligación de estudiarlas, explicar qué respuesta han dado y justificar sus decisiones. La coordinación entre administraciones y empresas no puede convertirse en una excusa para que las responsabilidades se diluyan. Cada organismo debe responder de aquello que le corresponde.

Hay, además, una cuestión de fondo que no deberíamos olvidar: el ferrocarril es un servicio esencial para la ciudadanía. Su gestión no puede medirse únicamente con criterios de rentabilidad o eficiencia económica. La calidad de un servicio de esta naturaleza se mide también por su capacidad para garantizar la seguridad, la accesibilidad y la igualdad de oportunidades. Cualquiera que sea la fórmula de gestión, el interés general debe orientar las decisiones y prevalecer sobre cualquier otro objetivo.

Tampoco sería justo que el peso de una tragedia recayera precipitadamente sobre quienes trabajaban en primera línea. Habrá que conocer qué ocurrió, qué estaba en manos de cada cual y qué decisiones se adoptaron. La justicia exige distinguir, comprobar y atribuir a cada uno la responsabilidad que realmente le corresponda.

Quizá una de las trampas de nuestro tiempo sea confundir el progreso con la velocidad, la eficacia con la ausencia de pausas y los resultados con hacer las cosas bien. Nos impacientan los retrasos, exigimos que todo llegue antes y parece que detenerse a revisar, cuidar o prevenir fuera una pérdida de tiempo. Pero hay ámbitos en los que esa lógica no puede tener cabida. Ningún objetivo económico, exigencia de productividad o urgencia organizativa puede situarse por encima de la seguridad y la dignidad de las personas. El progreso pierde su sentido cuando deja de ponerlas en el centro.

También como sociedad conviene preguntarnos qué lugar damos al cuidado, la prudencia y la seguridad en nuestras prioridades. No todos tenemos la misma responsabilidad ni podemos exigir lo mismo a quien decide que a quien utiliza un servicio. Pero compartimos una obligación: no acostumbrarnos a que el cuidado de las personas quede relegado ante cualquier otra prioridad.

Hay una expresión que debería acompañarnos mucho más allá de estos días: cuidar la vida. Parece algo elemental, casi una obviedad, pero quizá no haya responsabilidad más importante. Cuidarla significa anticiparse al peligro, escuchar las advertencias y no dar por suficiente aquello que puede mejorarse. Significa entender que detrás de cada decisión hay personas, familias, esperas y vidas enteras. Y significa, sobre todo, no resignarnos a que las tragedias formen parte de una normalidad que jamás deberíamos aceptar.

«Que no vuelva a ocurrir» no puede quedarse en un deseo pronunciado desde la tristeza. Tiene que convertirse en una exigencia de verdad, responsabilidad y prevención. Porque la memoria de quienes ya no están también debe servir para proteger a quienes todavía tienen todo un camino por recorrer.

Porque detrás de cada viaje hay alguien que espera. Y no debería haber una responsabilidad más importante que procurar que quien se marcha pueda volver.

A casa. A los suyos. A la vida que dejó en suspenso durante el trayecto.

Defensor de la Ciudadanía de Granada

FOTO: Imagen generada con IA.

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