29-N: una campaña que se juega en la calle, no en los platós
A trece días de las urnas, las encuestas dibujan una derecha crecida y una izquierda a la defensiva. Pero lo que está en juego en Atarfe —vivienda, tren, sanidad, empleo joven— merece algo más que resignación.
A falta de trece días para las urnas, las encuestas dibujan una derecha crecida y una izquierda a la defensiva. Pero la campaña no ha hecho más que empezar, y lo que está en juego en Atarfe —la vivienda, el tren, la sanidad, el empleo de nuestros jóvenes— merece algo más que resignación.
Arranca la campaña con el viento en contra
El viernes 13 de noviembre, a las cero horas, comenzó oficialmente la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, tras la tradicional pegada de carteles. Son las primeras generales desde julio de 2023 y llegan antes de tiempo, después de un año que el Gobierno de coalición difícilmente olvidará.
No tiene sentido engañarse: la fotografía demoscópica es mala para el campo progresista. La media de quince institutos a 10 de noviembre sitúa al PP en torno al 31,5 %, al PSOE en el 26,8 %, a Vox en el 19,1 % y al Frente Amplio en el 6,2 %. Sumados, PP y Vox rozan el 51 %, y varias proyecciones les otorgan una mayoría absoluta holgada. El dato que más debería preocuparnos no es la victoria del PP, sino el crecimiento de Vox, que algunas encuestas sitúan cerca de duplicar sus escaños de 2023.
Pero también hay matices que conviene no perder de vista. En las últimas semanas el PSOE ha recortado distancia con el PP, y ya en 2023 las encuestas sobrestimaron a la derecha. Las elecciones no se ganan en los sondeos de octubre, sino en la participación de noviembre.
Urda, Adamuz, Ceuta: el año de las crisis
Sería deshonesto escribir sobre esta campaña sin reconocer los golpes que ha encajado el Gobierno. El accidente ferroviario de Urda (Toledo), con 69 fallecidos, irrumpió a finales de octubre en plena precampaña y se sumó a la tragedia de Adamuz de enero, que dejó otras 46 víctimas. Antes, en verano, la llegada masiva de migrantes a Ceuta abrió la peor crisis de gestión de la legislatura.
Desde una mirada progresista, lo coherente no es esconder estos fracasos, sino exigir explicaciones y responsabilidades hasta el final. Quienes defendemos lo público tenemos más motivos que nadie para indignarnos cuando un servicio público falla, porque somos los que creemos que el Estado tiene que funcionar. Y precisamente por eso conviene hacer la pregunta completa: ¿la respuesta a un ferrocarril que necesita más inversión y más control es un Gobierno que promete bajar impuestos y adelgazar lo público? La campaña ha girado, como han señalado varios analistas, hacia dos palabras: corrupción y servicios públicos. Es un terreno incómodo para la izquierda, pero también es el terreno donde se juega su razón de ser.
Los debates: quién quiere dar la cara
Otro termómetro de la campaña es la batalla por los debates. Después de semanas de propuestas cruzadas entre televisiones, el veto de Feijóo a RTVE acabó llevando la organización a la Academia de Televisión, con el visto bueno del PSOE y la disposición del Frente Amplio y de Podemos. Que un aspirante a presidir el Gobierno ponga condiciones a la televisión pública de todos dice bastante de cómo entiende las instituciones.
El primer debate sectorial, sobre economía y vivienda, ya se celebró el día 13 en laSexta. Queda por ver si el cara a cara y el debate a cuatro llegan a tiempo de que la ciudadanía compare propuestas y no solo eslóganes. Ojalá sea así: a la izquierda le conviene una campaña de argumentos, no de ruido.
La vivienda, la gran batalla de la izquierda
Si hay un asunto que conecta esta campaña con la vida cotidiana de Atarfe es la vivienda. Cualquier joven de nuestro municipio que haya intentado alquilar o comprar en el área metropolitana de Granada sabe de qué hablamos.
El Frente Amplio —que agrupa a Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comuns, con Ada Colau como candidata— ha convertido la vivienda en su bandera. Propone una ley para expropiar viviendas a grandes propietarios corporativos, un nuevo impuesto contra el acaparamiento y subir la fiscalidad al 1 % más rico. El PSOE, por su parte, defiende la ampliación del parque público y su balance de gestión. Y el PP ha presentado un plan de catorce medidas con el objetivo de un millón de viviendas, centrado sobre todo en liberar suelo y en incentivos fiscales.
Se puede discutir el alcance de cada propuesta, pero la diferencia de enfoque es nítida: unos consideran la vivienda un derecho que hay que proteger del mercado especulativo; otros, un producto al que basta con dar más oferta. Para quien vive de un salario, esa diferencia no es teórica.
La izquierda, entre el voto útil y el voto propio
La izquierda llega a estas elecciones con una tensión conocida. El PSOE apela al voto útil para frenar un Gobierno de PP y Vox; el Frente Amplio insiste en que no es el PSOE y reivindica un perfil propio; Podemos concurre por separado; y en Andalucía, Adelante Andalucía aspira a sus propios escaños. Ada Colau reprochó el domingo en Zaragoza a Sánchez que se enrede en el cruce de insultos con la derecha y luego se limite a pedir el voto útil.
Esa pluralidad es legítima, pero tiene un coste con nuestra ley electoral: en provincias medianas como la nuestra, la fragmentación castiga. Lo que está en juego el 29-N no es qué sigla de la izquierda queda por delante, sino si la suma progresista es capaz de impedir que la extrema derecha entre en el Consejo de Ministros.
Lo que nos jugamos en Granada
Granada reparte siete diputados. Las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo ya dejaron en la provincia una clara mayoría del PP (6 escaños), frente a 3 del PSOE, 2 de Vox y uno para Adelante Andalucía y otro para Por Andalucía. Para el 29-N, alguna encuesta apunta a que Vox podría empatar con el PSOE en Granada con dos escaños cada uno. Es decir: el séptimo escaño granadino puede decidir si una provincia de tradición progresista manda al Congreso más voces de la extrema derecha.
En Atarfe sabemos lo que significan las políticas públicas: el centro de salud, el transporte metropolitano, el instituto, las ayudas a la dependencia, la conexión ferroviaria de Granada con el resto del país. Nada de eso se defiende solo.
Trece días
El censo de estas generales incluye a más de 3,2 millones de jóvenes de entre 18 y 24 años, el 8,4 % del electorado. Son, en buena medida, la generación a la que la crisis de la vivienda ha robado la posibilidad de independizarse. Si votan, cambian el resultado.
La derecha llega a esta campaña con ventaja y con el relato del desgaste. La izquierda tiene trece días para demostrar que su proyecto no es solo resistir, sino ofrecer soluciones a los problemas que la gente sufre: un techo asequible, unos servicios públicos que funcionen y unos derechos que no retrocedan. Nada está escrito. El 29 de noviembre, en Atarfe y en toda España, la última palabra la tiene quien vote.
Fuentes consultadas: Demócrata (media de encuestas y calendario de debates), Vozpópuli, elDiario.es, Euronews, Artículo14, ESdiario, Público y Diari de Tarragona. Datos a 16 de noviembre de 2026.